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Por: Hernán
Rodríguez
Comentan
mecanismo del próximo plan de desarme:
en un edificio conocido de la Calle Bmé Mitre y Paraguay, en su segundo piso,
una empleada comentó que el plan de desarme consisitirá en un vale a cambio
de del arma entregada. Dicho vale será cambiado en agencias de Rapipago por
dinero en efectivo. Pero lo que es peor, por cada operación realizada en esas
sucursales el gobierno pagará a la empresa $35. Vale decir que si alguien
entrega unas municiones viejas, también cobrará Rapipago los 35$ mencionados. Resulta destacable que el dueño de
Rapipago, de iniciales F.M, es un conocido megaempresario de fuertes vínculos
(y comisiones) con los chinos y padre de un personaje apodado
"Freddo", de gran relevancia desde fines de 2015.
Por otra parte, Ya fue aceptada por el Juzgado asignado LA PRIMERA de
las denuncias penales contra la directora del organismo regulador de las
armas de fuego en este país, Natalia Gambaro. El denunciante realizó UNA
SEGUNDA denuncia que está en curso y hay otro abogado que presentó UNA
TERCERA DENUNCIA por asociación ilícita y otros delitos contra la misma
imputada. Esto tiene sumamente preocupados a muchos empleados del edificio,
ya que saben que al menos 15 (quince) serían llamados a declarar con relación
a los delitos cometidos. Varios de ellos dicen que no se callarán nada, ni
siquiera sobre la conveniencia de realizar rinoscopías desde el 5to piso
hasta el 1ro. Se esperan además varios amparos antes de la puesta en marcha
de la infamia de los psicofísicos. Hace pocos días la directora aseguró que
los psicofísicos son truchos a menos que los haga la empresa designada. No
son pocos los profesionales médicos y psicólogos decididos a presentar
amparos contra el negociado avalado oficialmente.
El ANMAC como enemigo de los legítimos usuarios
Por
Gustavo Rubio para Decilo Fuerte
Con
las medidas tomadas en los últimos tiempos, el ANMAC se ha transformado, lisa
y llanamente, en el principal enemigo de los legítimos usuarios. Un ente que
sólo tenía como misión el registro de armas y que después se le sumó el
control de determinadas medidas (la historia del RENAR devenido en ANMAC será
para otro momento) termina generando obstáculos que atentan con los derechos
de los ciudadanos, afectan la actividad de los profesionales en distintos
ámbitos y fomentan la ilegalidad al dejar afuera del sistema a la gran
mayoría de los legítimos usuarios. Parece ser que la mentirosa doctrina de
Aníbal Fernández, quien supo estar a cargo del RENAR en su paso por el
Ministerio de Justicia y DDHH, de “Tener un arma en Argentina es un
privilegio” no sólo es repetida por los desarmistas de a pie, sino que se ha
hecho carne en algunos estamentos del nuevo ente. La Agencia Nacional de
Materiales Controlados (ANMAC) fue creada por la Ley 27192 en octubre de 2015
para reemplazar al RENAR y es un ente descentralizado en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sigue con su
autarquía económica financiera (se bancaría solo para ponerlo en bruto y con
todo lo peligroso que esto generaría en manos de algunos que buscan hacer
caja con la burocracia), tiene personería jurídica propia y capacidad de
actuación en el ámbito del derecho público y privado. Digamos que sinceraron
el funcionamiento de lo que venía haciendo el RENAR y sirvió para, en el
revoleo del cambio de gobierno y lluvia de investigaciones al previo,
embarrar la cancha en algunas cosas. Todos sabemos que en la mudanza siempre
se pierden cosas y no es de extrañarse que en el caso de la Agencia de
Materiales controlados, durante el cambio de collar del perro, las pulgas y
garrapatas hayan podido zafar.
A
este ente, que continúa con su misión de aplicar, controlar y fiscalizar la
Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429 (con sus puntos bastantes
cuestionables), se le suman “la cooperación en el desarrollo de una política
criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de
prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones asignadas por
ley que la creó”. O sea que deja de ser el registro bien aceitado que alguna
vez fue copiado por Canadá y pasa a ser otro organismo de control social para
las personas dentro de la ley como viene pasando durante los gobiernos
autodenominados “progresistas” (socialismo populista del siglo XXI). Al
agregársele estas funciones extras, las personas que registran sus armas,
pasan a engrosar una lista de personas, cuanto menos, dudosas para el
gobierno de turno. Registrar un arma termina siendo un hecho casi
incriminatorio a los ojos del estado que sigue la agenda turbia de los
desarmistas en vez de ser un acto administrativo de las personas honestas..
Dentro
de las facultades del ANMAC están la clásica montaña de atribuciones
aglutinadas en un solo ente, típicas de un estado poco acostumbrado a las
libertades republicanas como la Argentina, que son las de “registrar,
autorizar, controlar y fiscalizar toda actividad vinculada a la fabricación,
comercialización, adquisición, transferencia, traslado, tenencia, portación,
uso, entrega, resguardo, destrucción, introducción, salida, importación,
tránsito, exportación, secuestros, incautaciones y decomisos; realizada con
armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y afines, materiales de usos
especiales, y otros materiales controlados, sus usuarios, las instalaciones
fabriles, de almacenamiento, guarda y comercialización; conforme las
clasificaciones de materiales controlados vigentes, dentro del territorio
nacional, con la sola exclusión del armamento perteneciente a las fuerzas
armadas. Administrar el Banco Nacional de Materiales Controlados y la red de
depósitos que formen parte del mismo. Efectuar la destrucción, con carácter
exclusivo y excluyente en todo el territorio nacional, de todo material
controlado en el marco de las leyes 20.429, 25.938, 26.216. Determinar los
métodos y procedimientos de destrucción de materiales controlados,
garantizando su eficacia, eficiencia y sustentabilidad en relación con el
medio ambiente. Llevar un registro único de información. Conformar y mantener
actualizado un banco nacional informatizado de datos”. Hasta acá, sin ponerse
a hilar finito y dejando de lado la dignidad de los individuos dentro de una
República, todo más o menos pasable a primera vista y hasta puede ser
comprensible, pero dudosamente justificable para quienes abogan por una
sociedad madura y libre.
Ahora
bien, a lo anterior se le sumó una serie de atribuciones que ampliaron el
mero ámbito registral y técnico. Es así que ahora puede “Realizar programas
de concientización y sensibilización sobre desarme y control de la
proliferación de armas de fuego en la sociedad, que promuevan la cultura de
la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos. Realizar campañas
de regularización de la situación registral de las personas que tengan bajo
su poder armas de fuego, de los materiales controlados y de las actividades
relacionadas. Organizar y dictar cursos y seminarios de formación a técnicos
y funcionarios cuyo desempeño se vincule con la materia. Asimismo, capacitar
a las organizaciones de la sociedad civil, universidades, organizaciones
territoriales, barriales, medios de prensa, nacionales o internacionales.
Establecer sistemas de control ciudadano para las autorizaciones que la
agencia otorgue, contemplando especialmente mecanismos que contribuyan a la
prevención de la violencia de género. Llevar adelante políticas de
intercambio de información respecto de la normativa y los procesos con
organismos extranjeros dentro del marco de la cooperación internacional.
Realizar programas de investigación sobre el mercado de armas, su uso y sus
consecuencias, que puedan ser relevantes para la adopción de políticas
estratégicas. Evaluar y analizar la efectividad de las normas técnicas y
legales y realizar propuestas de modificaciones a los órganos
correspondientes.”
Si
leemos con atención podemos apreciar que el segundo listado de atribuciones
poco tiene que ver con la naturaleza primera del ANMAC. Es más, hasta juega
en contra. Enumera una serie tareas que hacen que la agencia ocupe su tiempo
y recursos en actividades y objetivos que en un futuro consolidarán en la
Argentina las políticas de desarme civil como sucedió en el México manejado
por narcos, la amenazada y secuestrada Colombia y la ensangrentada Venezuela.
Ese segundo y nuevo listado de atribuciones y tareas implicarían la
injerencia de otros estamentos del estado, poniendo en peligro la autarquía
del ANMAC, su descentralización y personería jurídica. Pero acá no termina el
problema. Si ponemos en otras palabras las atribuciones del ANMAC podemos
decir que tendría la facultad iniciar o de coordinar acciones, de manera sola
o en conjunto con otros organismos y agencias para: 1) Subir el precio de las
armas y municiones 2) Reducir el número y tipo de armas para la venta 3)
Disminuir la promoción/marketing 4) Reducir el número de puntos de ventas 5)
Incrementar los obstáculos para la posesión (licencias restrictivas/ampliar
el monitoreo, entrenamiento, minimizar el tamaño de los arsenales) 6)
Aumentar la responsabilidad de los propietarios (registro, seguridad de
almacenaje, responsabilidad) 7)Reducir la portación de armas (restricciones
por área, época del año, tipos de armas, obstáculos para calificar) 8)
Estigmatizar a dueños y portadores de armas de fuego. 9) Imponer condiciones
a vendedores/fabricantes, incluyendo productos estándar y prohibidos 10)Restringir/detener
la oferta de municiones.
Ese
resumen, ese decálogo, no es otra cosa que un listado de recomendaciones que
aparece en el manual de cabecera de la Red Argentina para el Desarme, para
combatir TODA tenencia de armas y sólo aplicables al ámbito legal. Hay que
recordar que la RAD asesora al ANMAC y que, como vemos, sus objetivos
primarios fueron incorporados formalmente en la creación del ente en el 2015.
Sobran
los ejemplos de la puesta en práctica de dichos conceptos. Con la licitación
ganada por Dienst Cunsulting SA que incluye un aumento del costo del 650% por
sobre el valor del mercado en parte de los trámites, vemos que el punto
número cinco del decálogo desarmista se está aplicando. Los otros puntos ya
se vienen aplicando desde hace tiempo. Por ejemplo: El número de armas y tipo
está limitado (formularios y costos para distintas categorías según cantidad
de armas, calibres prohibidos etc), las armerías no pueden exhibir armas en
sus vidrieras, casi no se entregan portaciones, la variedad de municiones el
limitada (con los peligros que llevan las puntas no deformantes para uso
policial), las medidas de seguridad exigidas a los grandes usuarios
sobrepasan incluso las medidas de seguridad exigidas a dependencias del
estado (fiscalías, etc)… un etcétera grande como el curro que esto puede
generar.
Lo
peor: tantas líneas y nunca se habla de armas legales e ilegales en la
formación del ANMAC. Cabe preguntarse entonces para quienes funciona el ANMAC
¿Quiénes asesoran al ente? ¿Son los mismos que asesoraron a Chavez en el
2006? Es el momento de replantearse cuál es el sentido que tiene el ANMAC y
cuál debería ser su deber. ¿Es un registro solamente? ¿ ¿Quiere combatir a
las armas ilegales o está combatiendo a los legítimos usuarios? ¿Por qué?
Sólo
preguntas que a la luz del desbarranco que viene teniendo, hace pensar que el
ANMAC, así como está, atenta contra los usuarios legales de armas. Estamos en
una nueva etapa en donde los errores deben subsanarse, donde las políticas
malintencionadas deben dejarse de lado y sobre todo y frente a la evidencia
de lo que pasa en Venezuela o México, saber que el desarme civil mata. Espero
sinceramente que hagan historia cambiando y replanteando lógicamente el tema
de las armas legales en el país y sobre todo, que el ANMAC deje de ser el
enemigo de las personas que están dentro de la ley.
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