LOS
FUSILAMIENTOS DE 1956, A SETENTA AÑOS
- Juan Pablo Csipka
La Revolución Libertadora tiene dos
hechos que la calificaron; el bombardeo a la Plaza de Mayo del que hice un
programa cuando se cumplieron setenta años y lo que se recuerda este martes 9
de junio, setenta años de la fallida sublevación del general Juan José Valle
contra la Revolución Libertadora, que derivaron en los fusilamientos de 1956. Y
que, a mi entender es el comienzo del fin de la Argentina; el bombardeo y los
fusilamientos rompieron las reglas de jue-go. No olvidemos que Aramburu
contrató los militares franceses que cometían todo tipo de de-litos y torturas
en Argelia: lo que se aplicó a partir del ´76 en nuestro país.
La conjura de Valle y otro general, Raúl
Tanco, era la muestra de un Ejército dividido. Si Pe-rón no había presentado
lucha ante los alzados de septiembre de 1955, al precio de irse al exi-lio,
para poder mantener la unidad del Ejército, los golpistas habían dado paso a la
depuración, que llevaba a la fractura. Los oficiales de filiación peronista
fueron marcados y pasados a retiro, en una política que se aceleró con la
llegada de Aramburu al poder. La desperonización de las Fuerzas Armadas se
combinaba con la intervención de la CGT, la proscripción del pero-nismo, la
cárcel, la persecución y el ajuste del Plan Prebisch.
El drama de junio de 1956 puso frente a
frente a dos oficiales que se habían graduado juntos del Colegio Militar en
1922: Aramburu y Valle. Compartieron la promoción con José María Epi-fanio Sosa
Molina, encargado de investigar a Videla Balaguer en Córdoba en las semanas pre-vias
al golpe; Francisco Zerda, que fue jefe del Ejército en 1956; y otro
protagonista de los días de los fusilamientos, Juan Constantino Quaranta,
responsable de la SIDE al momento de la pro-clama de Valle y Tanco.
Dentro de la desperonización del Ejército,
los dos líderes del alzamiento frustrado comprar-tían la tesis de ni vencedores
ni vencidos y veían con buenos ojos el apaciguamiento si Lonardi lograba
colocarse por encima de las pasiones encontradas. Sin embargo, no fue así.
Tanco y Valle estuvieron entre los oficiales que fueron confinados en barcos de
la Armada hasta que, a fines de enero de 1956, un decreto de Aramburu y el
ministro de Ejército, Arturo Ossorio Ara-na, determinó el retiro obligatorio y
el confinamiento en cárceles comunes. Algunos tuvieron la gracia del arresto
domiciliario. Tanco optó por una casa de campo en la localidad bonaerense de
Guido, mientras que Valle fue al domicilio de su suegra, en General Rodríguez.
La sublevación en marcha agregó una pata
civil, la que protagonizaría el hecho más impac-tante de lo sucedido en la
madrugada del 10 de junio de 1956, y que recién saldría a la luz a fin de ese
año. El día del alzamiento debían ocuparse guarniciones militares, distribuir
las armas entre los complotados y ocupar los medios de comunicación.
El Movimiento de Recuperación Nacional se
propuso derrocar a Aramburu con la idea de lla-mar a elecciones sin
proscripciones, frenar la desperonización en todos sus niveles y dar mar-cha
atrás con el programa económico de Prebisch. El grupo no veía con malos ojos la
idea de pacificación en los términos de Lonardi, valoraba la gestión de Perón;
y de la Libertadora criti-caba la sublevación en sí y el derrocamiento de
Lonardi del 13 de noviembre. En el medio, el 1º de mayo de 1956, Aramburu
restableció por decreto la Constitución de 1853, que pasaba a reemplazar a la
impulsada en 1949 por Perón. Lo hizo al cumplirse exactos 103 años de la san-ción
de la Carta Magna que volvía a regir.
El movimiento creció tanto que incluso
consiguió la adhesión de algunos marinos y de avia-dores que se comprometieron
a pasar a la acción si los alzados tomaban la base de Morón. Algo era seguro:
la Libertadora presentaría batalla y los conjurados tenían que estar prepara-dos
un enfrentamiento. El plan tuvo dilaciones; la fecha original era el 27 de
mayo, pero se pospuso. Los civiles no querían más postergaciones y se fijó el
sábado 9 de junio para el inicio de las operaciones.
En la tarde del 6 de junio, dos civiles
que formaba parte de la conjura, fueron en auto hasta la quinta de otro
complotado, en la localidad de Moreno, y en la entrada fueron detenidos por la
policía, que habían llegado por una explosión. Adentro, había ocurrido un
accidente mientras otros dos conspiradores manipulaban explosivos: ambos
resultaron heridos. Los cuatro detenidos fueron llevados a la Unidad Regional
de San Martín, donde los interrogó el coronel Desiderio Fernández Suárez, jefe
de la policía de la provincia de Buenos Aires. De allí fueron a la Comisaría 2º
de Lanús; allí, el interrogatorio corrió por cuenta del número de Fernández
Suárez, el capitán de corbeta Salvador Ambroggio. A todos les preguntaron por
Valle. Rubén Lugo, uno de los hombres detenidos al arribar a la quinta, infirió
que sus captores estaban muy al tanto de lo que iba a pasar en la noche del
sábado siguiente. En Lanús ya estaban detenidos otros dieciocho hombres.
Valle había elegido como sede de su
comando la Escuela Industrial de Avellaneda; allí esta-ba previsto instalar un
equipo transmisor conectado a una emisora que iban a tomar y, a las 23 horas,
lanzar la proclama que, estimaban, generaría focos de lucha contra la
dictadura. Seis personas estaban dentro de la Escuela Industrial: el coronel
José Albino Irigoyen, el capitán Jorge Costales y cuatro civiles: Dante Lugo
(hermano de Rubén, uno de los detenidos en Moreno), Osvaldo Albedro y Norberto
y Clemente Ross. La policía de la Provincia llegó y los detuvo. En una casa
cercana, propiedad de Jorge Daniel Paladino (que sería el anteúltimo delegado
de Perón, antes de Cámpora), Valle y Tanco aguardaban junto con González,
Irigoyen y varios civiles, entre los que estaba el sindicalista Andrés Framini,
para ir a la Escuela, donde el líder insurrecto leería la proclama.
Pero ese primer paso, determinante para el
éxito de la operación, salió mal y a partir de allí se volvió cuesta arriba
para los sublevados. El gobierno militar obtuvo el dato de que podía ha-ber un
movimiento y reforzó la custodia de la planta emisora, además de tener alerta a
la poli-cía. Los hombres de Valle decidieron no entrar a la fuerza. Y también
se descartó la ocupación del comando de la Segunda Región Militar. Cerca de la
medianoche, la policía realizó redadas y se llevó a los seis ocupantes de la
Escuela Industrial, que fueron a parar a la Unidad Regional de Lanús, donde
estaba el subjefe de la policía bonaerense, el capitán de navío Ambroggio. A
esa hora, el jefe de la fuerza estaba en un operativo en Florida, algo que se
conocería a fin de año. Así fue que no hubo proclama por radio desde
Avellaneda; pero sí la hubo en La Pampa. El alzamiento contó con el apoyo de la
policía de Santa Rosa y se pudo transmitir desde Radio del Estado. El líder
local fue el capitán Adolfo Philippeaux quien inició las acciones a la hora
seña-lada, las 23, sin esperar una transmisión desde Avellaneda que nunca se
produjo. La aviación naval de la Base Comandante Espora lanzó bombas contra la
emisora, tras haber fracasado el intento de interferir la frecuencia.
También a las 23, civiles y suboficiales
ocuparon la Escuela de Mecánica del Ejército. Allí, los alzados debieron
rendirse ante la llegada del Regimiento Motorizado Buenos Aires, conti-guo a la
Escuela, que fue en auxilio ante el llamado de su director. Cerca de allí, la
toma de la guarnición de Palermo fue desbaratada rápidamente, ya que había
indicios de una acción y el regimiento estaba pertrechado. Otra acción
fracasada fue la toma del Automóvil Club Argen-tino, en la Avenida del
Libertador, donde hubo un tiroteo y fueron gravemente heridos dos de los
rebeldes, Miguel Ángel Mauriño y Felipe Avatray. El primero perdió las dos
piernas y un bra-zo y murió el 13 de junio en el Hospital Fernández; el segundo
sufrió la amputación de una pierna. En Viedma y en tres ciudades santafesinas,
Rosario, Rafaela y Sarratea, hubo movi-mientos que fueron repelidos con
celeridad.
En La Plata, a la hora señalada, el
teniente coronel Cogorno inició el copamiento del Regi-miento 7, mientras
grupos civiles ocupaban Radio Provincia y las centrales telefónicas. El jefe
del regimiento estaba en una reunión social en el casino de oficiales y Cogorno
pudo ocupar la guarnición sin mayores problemas. A las 24, envió a sus hombres
a ocupar otras dos depen-dencias del Ejército en la ciudad. La resistencia llegó
desde la Jefatura de Policía; hubo enfren-tamientos, los únicos que se
registraron durante la sublevación. Los civiles se replegaron y comenzó el
avance de las tropas leales a la Libertadora, plasmado en el arribo de infantes
de marina de Río Santiago y tropas provenientes de Buenos Aires.
En Campo de Mayo, los conjurados iniciaron
su movimiento con un mal augurio: tenían el da-to de que el Gobierno sabía que
esa noche iba a haber una asonada. Sin embargo, los corone-les Eduardo Cortines
y Ricardo Ibazeta decidieron pasar a la acción, lo mismo que el respon-sable de
ambos, el coronel Rubén Berazay, que en la mañana de ese sábado llamó a Valle y
recibió la orden de seguir adelante. El objetivo era movilizar a la Escuela de
Suboficiales y lue-go se sumarían civiles para ocupar el Instituto General
Lemos. Ibazeta encabezó la acción. Al entrar, leyó la proclama e invitó a los
oficiales y suboficiales a plegarse. No aceptaron y fueron arrestados. Ibazeta
y sus hombres se hicieron de armas y vehículos y quedaron a la espera de algo
que no se produciría: el discurso de Valle por radio.
Pasada la medianoche, Radio del Estado
informó sobre el levantamiento y llamó a la pobla-ción a mantener la calma. El
texto lo firmaba Rojas; Aramburu había estado ese sábado en un acto en Rosario
y la noticia de la insurrección lo sorprendió mientras regresaba. Minutos más
tarde, la voz del locutor anunció que regía la ley marcial en todo el
territorio nacional. La hora exacta en que comenzó a estar vigente resultó un
dato decisivo para lo que se conocería en di-ciembre. Un tercer comunicado
informó que la ley marcial se aplicaría en cumplimiento de la ley de
organización de la Nación en tiempos de guerra, que todo oficial en actividad
podría or-denar juicios sumarísimos con la atribución de aplicar la pena de
muerte, y que se consideraría perturbador a todo aquel que portara armas, no
acatara órdenes policiales o mostrara actitu-des sospechosas.
Aramburu, el ministro del Interior,
Laureano Landaburu, y los tres ministros militares (Artu-ro Ossorio Arana por
el Ejército, Teodoro Hartung por la Marina y Julio Krause por la Fuerza Aérea),
firmaron en ausencia, con antelación, al contrario de Rojas, que estaba al
frente de la represión en ese momento. El capitán de navío Mario Robbio
Pacheco, jefe de inteligencia de la Marina, había informado al vicepresidente
de facto a comienzos de junio sobre la sublevación en ciernes, sin tener fecha
precisa del alzamiento. La noche del sábado 9, Rojas estaba en una función de
ballet en el Teatro Colón cuando lo llamaron de urgencia y partió al Ministerio
de Marina. Allí se vio con Robbio Pacheco y con el también capitán de navío
Francisco Manrique, jefe de la Casa Militar. Aramburu, alertado desde hacía
semanas sobre un posible alzamiento, le había dejado a su cuidado los decretos
correspondientes firmados por si estallaba la revolú-ción. Fueron a la Casa de
Gobierno, los sacaron de una caja fuerte y Rojas los rubricó. Eran los Decretos
Ley 10.362, que implantaba la ley marcial; y 10.363, que la reglamentaba y
ordenaba juicios sumarísimos con atribuciones para aplicar o no pena de muerte
por fusilamiento a todo perturbador de la tranquilidad pública.
De vuelta en el Ministerio de Marina,
Rojas pudo hablar con Aramburu, que volvía en barco desde Rosario. El dictador
le ordenó que pusiera en marcha la ley marcial; eso generó la segui-dilla de
comunicados. En la madrugada del 10, Rojas habló por radio, anunció que
Aramburu regresaba en barco y mencionó los focos de la insurrección: Campo de
Mayo, La Plata, Santa Rosa y la Escuela de Mecánica del Ejército: Que nadie se equivoque, la Revolución
Libertadora cumplirá inexorablemente sus fines, contando para ello con el apoyo
de todas las fuerzas mo-rales de la República.
El capitán Ambroggio se convirtió en el
primer verdugo; informó que tenía veinte detenidos, de los cuales solamente
seis estaban implicados en la revolución. Los detenidos en la Escuela
Industrial habían sido interrogados durante dos horas; recibió la orden de
fusilar a esos seis. Montó una parodia de juicio sumario y más tarde ordenó que
los llevaran a un patio, dentro de la Unidad Regional de Lanús; allí fueron
fusilados en la madrugada del domingo. Hasta que se descubrió lo que casi al
mismo tiempo había ocurrido en un basural al norte de la ciudad de Buenos Aires,
hoy José León Suarez, fueron los únicos fusilados del 10 de junio.
En la tarde de ese domingo, las
autoridades militares tomaron declaración a los insurrectos de la Escuela de
Mecánica del Ejército. La postura era pasar las actuaciones a la justicia
militar y que no correspondía un juicio por un tribunal especial. El general
Ricardo Arandía se trasladó a la Casa de Gobierno y allí Aramburu le dijo que
debía fusilar a los prisioneros.
Mientras, en Campo de Mayo, las
actuaciones quedaron a cargo del general Juan Carlos Lorio, a quien se
rindieron los insurrectos cuando arribó con sus tropas. Eran cinco mil hom-bres
contra no más de doscientos sublevados. Berazay, que controlaba una puerta de
acceso y estaba desconectado del grupo de Ibazeta y Cortines, se había ido
antes de la una de la ma-drugada. Cinco años antes, como coronel, Lorio había
estado del lado de Lonardi en la interna golpista con Menéndez. El general
convocó a un Consejo de Guerra Especial, a sabiendas de que la insurrección se
había producido antes de la entrada en vigencia de la ley marcial. Eran las
diez de la mañana del domingo y el tribunal decidió no aplicar la pena de
muerte a los seis oficiales que habían liderado la toma.
Sin embargo, Lorio fue citado por el
ministro Ossorio Arana, que le ordenó fusilar a los dete-nidos. Lorio se
espantó: el fallo de su tribunal había sido en base a los reglamentos
militares, los detenidos habían sido informados y estaban por avisarle a los
familiares. Ossorio Arana re-trucó que los fusilamientos serían en base a un
decreto presidencial. Efectivamente, Aramburu firmó ese día el Decreto Ley 10.364,
rubricado también por Rojas y los ministros militares: Ossorio Arana, Hartung y
Krause. Allí se ordenó la pena de muerte por fusilamiento a los cuatro
detenidos de la Escuela de Mecánica del Ejército por los cuales había reclamado
Aran-día.
El Decreto Ley 10.364 convertía en letra
muerta el Decreto 140 de Lonardi que había ter-minado con el estado de guerra
interno dispuesto por el gobierno peronista en 1951 a través de un decreto
convertido en ley por el Congreso, y cuya tremebunda amenaza de fusilar jamás
se esbozó ante la masacre del bombardeo y la sublevación que mandó al exilio a
Perón. Ahora volvía a regir de facto. Pero no era esa la única ilegalidad al
ordenar los fusilamientos: Aram-buru también desconocía abiertamente un decreto
ley firmado por él mismo. El 30 de diciembre de 1955 se había promulgado el
Decreto Ley 8313, que repuso la vigencia de los artículos del Código de
Justicia Militar modificados por la Ley 14.117. Aquella norma de octubre de
1951 (sancionada una semana después de que el Parlamento ratificara el decreto
de Perón sobre el estado de guerra interno), establecía pena de muerte y
degradación los promotores y cabe-cillas con mando superior en la rebelión y
los superiores de ellos que participaren en la misma; así como los que
utilizaren las fuerzas a su mando para rebelarse y adherirse al movimiento
cuando no se encuentren en inmediata relación de dependencia de los Jefes de
las Fuerzas que ya se hubieren plegado a la rebelión.
Ibazeta habló con su esposa en Campo de
Mayo y la mandó a ver al general Francisco Zer-da, jefe del Ejército, que había
sido compañero de estudios de Aramburu (y de Valle) en el Cole-gio Militar,
para que tratara de frenar todo. Urgida por el tiempo que jugaba en contra, la
mujer optó por ir a la Quinta de Olivos a hablar con Aramburu. Allí, un edecán
le dio la misma res-puesta que obtuvo Lorio en un intento final por evitar más
muertes: El presidente duerme y ha dado orden de no ser molestado.
No hubo caso. Ibazeta y los otros cinco
detenidos de Campo de Mayo fueron fusilados en la madrugada del lunes 11. Antes
pudieron despedirse de sus familiares. Casi al mismo tiempo, en la Escuela de Mecánica
del Ejército, fueron pasados por las armas el sargento Hugo Quiro-ga, los
suboficiales principales Miguel Paolini y Ernesto Garecca y el cabo músico José
Rodrí-guez. Cogorno estaba prófugo en La Plata después de haber ordenado a sus
hombres que se rindieran ante la superioridad de las fuerzas que llegaban a
reprimir. Huyó en auto con el subteniente de reserva Alberto Abadie, que estaba
herido. Pararon en la localidad de Ranchos. Ya había un comunicado pidiendo la
captura de Cogorno, que fue reconocido; los detuvieron y fueron llevados a una
comisaría en General Belgrano. De vuelta en La Plata, Cogorno fue pasado por
las armas apenas pasada la medianoche del 11 de junio. Ese mismo día se produje-ron
tres fusilamientos en la Penitenciaría Nacional. Fueron puestos frente al
paredón tres impli-cados en la fallida toma del regimiento de Palermo: el
sargento ayudante Isauro Costa, el sar-gento músico Luciano Rojas y el sargento
carpintero Luis Pugnetti.
El 12 de junio, Abadie fue interrogado en
La Plata por el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, el coronel
Desiderio Fernández Suárez, que en la noche del sábado había prota-gonizado un
hecho del cual no se sabría hasta diciembre. En la noche del 12, y a pesar de
sus heridas, Abadie fue fusilado en un campo de adiestramiento de perros.
Los diarios celebraron la represión. El
domingo 10 de junio (cuando oficialmente sólo se ha-bía fusilado en Lanús), una
multitud se congregó en Plaza de Mayo para apoyar la represión contra el
alzamiento. En Casa de Gobierno, y ante los periodistas, Aramburu admitió que
su gobierno sabía del alzamiento en ciernes; era conocido en sus lineamientos generales, recono-ció. Lo delataron las huelgas estudiantiles y
gremiales, en las que los jóvenes estudiantes y los obreros participaron como
lo hacen siempre defendiendo hidalgamente sus ideales, pero sin advertir que
estaban haciendo el juego a agitadores profesionales en interesados en la
altera-ción del orden, añadió, y focalizó en miembros del Ejército; muchos de estos elementos eran vigilados y
hasta habían sido detenidos con antelación.
Valle y Tanco ya estaban identificados
como los cabecillas de la sublevación derrotada. El 11 de junio, el arzobispo
de Buenos Aires, Fermín Lafitte, y los integrantes de la Corte Supre-ma,
pidieron a Aramburu el fin de los fusilamientos. Valle estaba refugiado en casa
de un ami-go, Andrés Gabrielli, que había tenido relación con el padre de
Francisco Manrique. Impulsado por la insistencia ante Aramburu para terminar con
el baño de sangre, Gabrielli se ofreció a negociar. A través de este, Valle le
hizo saber al jefe de la Casa Militar que se entregaría a cam-bio de que no
hubiera más fusilamientos; el marino dio su palabra de que así sería. De hecho,
ese 11 de junio, el diario La Nación informó que, extraoficialmente, no habría
más fusilamien-tos, sino conmutación de la pena, cosa que no ocurrió. A las
cuatro de la madrugada del 12 de junio, Valle se entregó a Manrique en el
Regimiento 1 de Infantería de Palermo. De allí lo tras-ladaron a la
Penitenciaría Nacional, en la Avenida Las Heras. Era un hecho que iba a ser
fusilado.
Antes de la ejecución le escribió a su
madre, a su hermana, a su esposa y a su hija; y a Aram-buru, que había sido su
compañero de estudios: Entre mi suerte y
la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus
lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Espero
que el pueblo conozca un día esta carta y la proclama revolucionaria en las que
quedan nuestros ideales en forma intergiversable. Así nadie podrá ser embaucado
por el cúmulo de mentiras contradictorias y ridículas con que el gobierno trata
de cohonestar esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias en sangre.
Valle fue fusilado a las diez de la noche
del 12 de junio de 1956. Antes pudo despedirse de su hija Susana, que tenía 18
años. Al día siguiente se derogó la ley marcial a través del Decreto Ley
10.593. El 14 de junio aparecieron en el Boletín Oficial los tres decretos que
habían im-puesto el baño de sangre. La derogación de la ley marcial se publicó
recién el 21 de junio.
La crónica registraría en total 27
fusilados; a los 22 que habían sido pasados por las armas se agregaron otros
cinco, detenidos en San Martín, cuya historia sería narrada seis meses más
tarde en una revista nacionalista con un dato escalofriante: el grupo lo
integraban doce hom-bres y había siete sobrevivientes del fusilamiento.
En la madrugada del 14 de junio se produjo
el último acto del drama. Antes del amanecer ingresó a la embajada de Haití el
general Raúl Tanco. Adentro, desde el 11 de junio, estaban otros seis
implicados en el alzamiento, entre ellos, el coronel González. Los servicios
seguían la pista de Tanco y llamadas anónimas inquirían si el general estaba
allí. Tanco fue de los últimos en llegar a la legación haitiana. El embajador
Jean Brierre fue a buscarlo el 13 de junio en su auto hasta San Isidro, donde
el militar estaba escondido. Valle había sido fusilado el día anterior. En la
tarde del jueves 14, el embajador salió de la sede diplomática ubicada en Monas-terio
y avenida San Martín, en la localidad de Olivos, para informar en la
Cancillería sobre los asilados. Desde el día anterior ya no regía la ley
marcial. En su ausencia, se produjo el asalto a la embajada por parte de una
veintena de hombres armados, al mando del general Juan Constantino Quaranta, el
jefe de la SIDE. Los hombres de Quaranta redujeron al custodio de la embajada y
entraron, ametralladoras en mano, en violación de un territorio extranjero. La
es-posa de Brierre, Dilia Vieux, les salió al frente. Pero no pudo impedir que
Quaranta sacara a los siete refugiados a la calle. Quaranta ordenó que se
pararan junto a la verja, mirando a la calle y se improvisó un pelotón de
fusilamiento a plena luz del día en la vía pública. La mujer del embajador, con
sus gritos en la calle, despertó la atención de los vecinos y Quaranta empezó a
dudar. Más cuando, además de los curiosos, se detuvo un colectivo de la línea
19 en la esquina. El militar hizo que bajaran los pasajeros y subió a sus
prisioneros, con destino al Primer Cuerpo del Ejército en Palermo.
Cuando Brierre regresó a la legación y su
esposa le contó lo ocurrido, fue de vuelta a la Can-cillería para protestar;
Madame Brierre se encargó de avisar a la prensa internacional. Mien-tras, a
Tanco, González y a los otros cinco, les tomaron declaración en el cuartel de
Palermo. La sensación de todos era que iban a ser fusilados. Pero la
Libertadora decidió no escalar ante lo que implicaba un conflicto
internacional. La Cancillería ofreció sus disculpas al embajador, que volvió a
la sede diplomática con los siete hombres. Antes, Brierre consiguió que los
oficia-les del Primer Cuerpo destruyeran las declaraciones tomadas a los
secuestrados. Brierre apu-ró todo para sacar al grupo de Tanco del país y
consiguió pasajes para un vuelo con destino a Haití. Debido a la insistencia de
los periodistas, Brierre dijo a la prensa que viajarían su esposa e hijos por
temas de salud. Antes de ir a Ezeiza, les dijo a los asilados que el avión
haría escala en Caracas y sugirió, por seguridad, que bajaran allí, para no
comprometer más a su país.
Los ecos del alzamiento de junio se
apagaron tras la victoria de la Libertadora contra los alzados. El episodio
quedó en el olvido hasta que en la Navidad de 1956 el periódico Propó-sitos,
dirigido por Leónidas Barletta, publicó el texto de una denuncia que iba a provocar
un cimbronazo. Una semana antes, en La Plata, Rodolfo Walsh se encontró con un
amigo, Enrique Dillon; hay un fusilado que vive, le dijo éste al escritor y
periodista. Lo que Walsh escuchó cam-bió su vida y la historia del periodismo en
la Argentina; de allí surgió el famoso libro Operación Masacre que terminó con
el ocultamiento de los hechos.
El fusilado vivo se llamaba Juan Carlos
Livraga; era un colectivero de 24 años que en la no-che del 9 de junio estaba
con otras personas en una casa de la localidad de Florida, donde iban a
escuchar por radio una pelea de box. Algunos de los presentes estaban
involucrados en la asonada (no era el caso de Livraga) y esperaban que a las 23:00
sonara la voz de Valle por la radio. El general no habló; llegó la policía y se
llevó detenidos a doce hombres a la Unidad Re-gional de San Martín, acusados de
estar involucrados en el alzamiento. El jefe de la policía de la provincia de
Buenos Aires, el coronel Desiderio Fernández Suárez, encabezó el operativo.
Cuando entró con sus hombres preguntó dónde estaba Tanco. Además de Livraga,
los deteni-dos eran Reinaldo Benavidez, Mario Brión, Nicolás Carranza, Rogelio
Díaz, Horacio di Chiano (dueño de la casa allanada), Francisco Garibotti,
Norberto Gavino, Miguel Ángel Giunta, Carlos Lizaso, Vicente Rodríguez y Julio
Troxler.
Después de estar demorados en San Martín,
donde les tomaron declaración, los doce hom-bres fueron subidos a un camión
policial, supuestamente con destino a La Plata. Ya era la ma-drugada del 10 de junio.
No fueron hacia el sur, sino hacia el norte. Al llegar a José León Suá-rez, el
camión se detuvo en un basural. Hicieron bajar a los doce hombres y les
ordenaron ca-minar. Comenzaron los disparos; cinco de los doce hombres cayeron
muertos: Brión, Carran-za, Garibotti, Lizaso y Rodríguez; del resto, algunos
pudieron huir en medio de la noche, y otros se hicieron los muertos. Livraga
fue el único de los siete sobrevivientes alcanzado por las ba-las; recibió tres
disparos: uno le arrancó un pedazo de nariz, otro le atravesó la mandíbula y el
tercero le dio en un brazo. Por la sangre en el rostro lo creyeron muerto; pudo
escuchar cómo su amigo Vicente Rodríguez, que estaba herido, pedía que lo
remataran. Cuando los policías se fueron, Livraga logró llegar al Hospital de
San Martín; allí lo auxiliaron y más tarde la policía se lo llevó a una
comisaría de Moreno y después a la cárcel de Olmos, donde se reencontró con
otro sobreviviente del basural, Miguel Ángel Giunta. En el medio, el padre de
Livraga recibió de las enfermeras que habían atendido a su hijo un documento de
suma importancia, que ocul-taron de los policías cuando fueron en busca del
colectivero al hospital: el recibo por sus perte-nencias que le habían firmado
en la Unidad Regional antes del fusilamiento, era la prueba de su detención
previa.
Termino, con la proclama del General
Valle, donde no nombra al peronismo.
Al pueblo de la Nación. Las horas
dolorosas que vive la República, y el clamor angustioso de su Pueblo, sometido
a la más cruda y despiadada tiranía, nos han decidido a tomar las armas para
restablecer en nuestra Patria el imperio de la libertad y la justicia al amparo
de la Consti-tución y las leyes. Como responsable de este Movimiento de
Recuperación Nacional integrado por las Fuerzas Armadas y por la inmensa
mayoría del Pueblo (del que provienen y al que sir-ven), declaramos
solemnemente que no nos guía otro propósito que el de restablecer la sobe-ranía
popular, esencia de nuestras instituciones democráticas, y arrancar a la Nación
del caos y la anarquía a que ha sido llevada por una minoría despótica
encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el poder. Conscientes de
nuestra responsabilidad ante la historia, com-prendemos que nuestra decisión es
el único camino que nos queda para impedir el aniqui-lamiento de la República
en una lucha estéril y sangrienta entre hermanos, cada día más inevi-table e
inminente. ¡Viva la patria!
