Operación Venezuela Freedom-2: el documento
-Fase
precedente-
Resumen
Ejecutivo
Tal como
lo reseñó el general John F. Kelly ante Comité Senatorial de Servicios Armados
del Congreso de los EEUU, el 12 de Marzo del año 2015: "…Venezuela se
enfrenta ahora a la inestabilidad económica, social y política significativa
debido a la rampante violencia, la delincuencia y la pobreza, la inflación
galopante, la grave escasez de alimentos, medicinas y electricidad.
Violaciones
de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y continuada mala gestión
del gobierno del país están contribuyendo a un ambiente de incertidumbre, y
grandes segmentos de la población dice que el país va por el camino equivocado.
Además, la caída de los precios del petróleo y el deterioro económico generan
condiciones que podrían llevar al gobierno venezolano a recortar los programas
de bienestar social y su política exterior como el programa de subsidio de
petróleo (PetroCaribe). Más recortes a los programas de bienestar social y la
continua escasez que parecen inevitables, podría prever un aumento de las
tensiones y las protestas violentas, fomentando el presidente Maduro y su
partido una ola represiva adicional, como medidas contra los manifestantes y la
oposición…".
Esta
evaluación ha sido confirmada por los últimos acontecimientos, situación que en
el transcurso de 2015-2016 ha empeorado ostensiblemente, debilitando aún más la
administración de Maduro, siendo uno de sus resultados la pérdida de apoyo
electoral reflejado el 6 de Diciembre pasado.
La
derrota en las elecciones y la descomposición interna del régimen populista y
anti-norteamericano recoge el impacto exitoso de nuestras políticas impulsadas
con fuerzas aliadas en la región en la fase 1 de esta operación, entre las que
destacan:
Poner en
evidencia el carácter autoritario y violador de los derechos humanos del
gobierno de Maduro.
Empleo
del mecanismo de la Orden Ejecutiva (EXECUTIVE ORDER) como parte de una
estrategia que puede justificar el desarrollo de nuestra política, teniendo
como justificativo legal la Constitución y las leyes de Estados Unidos de
América, incluida la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (50
USC 1701 y siguientes) (IEEPA, por sus siglas en inglés), la Ley de Emergencia
Nacional (50 USC 1601 y siguientes) (NEA, por sus siglas en inglés), la Ley de
Defensa de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela de 2014 (Ley
Pública 113-278) (la "ley de Defensa de Derechos Humanos de
Venezuela") (la "Ley"), la sección 212 (f) de la Ley de
Inmigración y Nacionalidad de 1952 (8 USC 1182 (f)) (INA), y la sección 301 del
título 3 del Código de Estados Unidos, emitiendo nuestro gobierno la
"orden" donde se declara una emergencia nacional con respecto a la
amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política
exterior de Estados Unidos, representada por la situación en Venezuela.
Aislamiento
internacional y descalificación como sistema democrático, ya que no respeta la
autonomía y la separación de poderes.
Generación
de un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA.
Colocar
en la agenda la premisa de la crisis humanitaria que permita una intervención
con apoyo de organismos multilaterales, incluyendo la ONU.
Por otro
lado, los factores democráticos han aprovechado estas circunstancias para
crecer como fuerza a pesar de las rivalidades y desunión en sus filas, ya que
se mueven en su seno diferentes intereses y puntos de vista. Sin embargo,
nuestra intervención oportuna ha permitido delinear un camino para una salida
rápida del régimen. Si bien se está enarbolando el camino pacífico, legal y
electoral, ha crecido la convicción de que es necesario presionar con
movilizaciones de calle, buscando fijar y paralizar a importantes contingentes
militares que tendrán que ser dedicados a mantener el orden interno y seguridad
del gobierno, situación que se hará insostenible en la medida en que se desaten
múltiples conflictos y presiones de todo tipo. Inscrita en esa perspectiva,
planteo examinar un conjunto de recomendaciones para la segunda fase de la
Operacion Venezuela Freedom-2.
Desarrollo
de la Fase-2
Considerando
los diversos aspectos reseñados en el resumen anterior, esta Junta Evaluativa y
nuestro componente de operaciones especiales común (Componentes Operacionales
del U.S. Southern Command: Comando de Operaciones Especiales Sur, Joint Task
Force-Bravo, Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur – Jiatfs) involucrados
en esta operación, debe elevar un conjunto de recomendaciones que permita una
planeación efectiva de nuestra intervención en Venezuela, concebida como una
operación de amplio espectro, conjunta y combinada dentro del área de
responsabilidad, priorizando los conceptos estratégicos: fuerza decisiva, proyección
de poder, presencia en ultramar y agilidad estratégica (Joint Vision 2020, como
un proceso de actualización permanente de la doctrina militar) (que)
continuarán rigiendo nuestros esfuerzos donde se incorpore todos los
instrumentos de autoridad nacional, entre ellos, recursos diplomáticos, de
información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y
jurídicos.
Con esa
dirección estratégica, los aspectos que debemos evaluar a partir de los
soportes informativos previos y sus proyecciones, son el resultado de la labor
conjunta entre la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA, que es nuestro
organismos de adscripción) en estrecha colaboración con otros entes de la
Comunidad de Inteligencia (IC, por sus siglas en inglés).
Con estos
fundamentos, traigo una agenda resumida (anexo tienen ustedes los soportes
documentales) para el análisis de una serie de políticas que nos permitan
abordar los diversos ámbitos (político y militar) siendo necesario su
desagregación en acciones específicas:
Con los
factores políticos de la MUD hemos venido acordando una agenda común, que
incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo
dosificado de la violencia armada.
Por
supuesto, hay que seguir impulsando como cobertura el referéndum o la enmienda
que se apoya en el texto constitucional y que sirve para censar, movilizar y
organizar una masa crítica para la confrontación.
Por eso,
también hay que enarbolar los artículos 333 y al 350 que legitiman la
rebelión.
Es
indispensable destacar que la responsabilidad en la elaboración, planeación y
ejecución parcial (sobre todo en esta fase-2) de la Operacion Venezuela
Freedom-2 en los actuales momentos descansa en nuestro comando, pero el impulso
de los conflictos y la generación de los diferentes escenarios es tarea de las
fuerzas aliadas de la MUD involucradas en el Plan, por eso nosotros no
asumiremos el costo de una intervención armada en Venezuela, sino que
emplearemos los diversos recursos y medios para que la oposición pueda llevar
adelante las políticas para salir de Maduro.
Bajo un
enfoque de "cerco y asfixia", también hemos acordado con los socios
más cercanos de la MUD, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir
la gobernanza: convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes,
negar créditos, derogar leyes.
También
en el plano político interno hay que insistir en el gobierno de transición y
las medidas a tomar después de la caída del régimen, incluyendo la conformación
de un gabinete de emergencia, donde puedan incluirse sectores empresariales,
jerarquía eclesial, sindicatos, ONGs, Universidades.
Para
arribar a esta fase terminal, se contempla impulsar un plan de acción de corto
plazo (6 meses con un cierre de la 2 fase hacia julio-agosto de 2016), como
señalamos, hemos propuestos en estos momentos aplicar las tenazas para asfixiar
y paralizar, impidiendo que las fuerzas chavistas se pueden recomponer y
reagruparse.
Hay que
valorar adecuadamente el poderío del gobierno y su base social, que cuenta con
millones de adherentes los cuales pueden ser cohesionados y expandirse
políticamente.
De allí
nuestro llamado a emplearnos a fondo ahora que se vienen dando las condiciones.
Insistir en debilitar doctrinariamente a Maduro, colocando su filiación
castrista y comunista (dependencia de los cubanos) como eje propagandístico,
opuesta a la libertad y la democracia, contraria a la propiedad privada y al
libre mercado. También doctrinariamente hay que responsabilizar al Estado y su
política contralora como causal del estancamiento económico, la inflación y la
escasez.
Mantener
la campaña ofensiva en el terreno propagandístico, fomentando un clima de
desconfianza, incitando temores, haciendo ingobernable la situación. En esto es
importante destacar todo lo que tiene que ver con desgobierno: las fallas
administrativas, la afectación con los altos índices de criminalidad y la
inseguridad personal.
En este
terreno el gobierno está a la defensiva y muestra signo de agotamiento, con un
discurso que cada día tiene menos credibilidad. Los análisis evidencian que se
ha conformado una corriente de opinión incrédula y apática en torno a las
promesas del llamado "Socialismo del siglo XXI", existiendo en los
jóvenes, fundamentalmente, una creciente identidad con nuestra forma de vida e
ideales.
De esta
manera contamos con un piso sólido para nuestra seguridad e intereses
económicos y nuestros valores políticos. EEUU quiere una Venezuela próspera
para todos, asentada sobre una base de valores compartidos, con un gobierno
eficiente, una democracia representativa y una economía abierta de mercado.
Estos
avances en los actuales momentos son el resultado de nuestras campañas
propagandísticas, pero no podemos obviar el peso de la crisis como dato
empírico que la detona y refuerza.
Por esto,
particular importancia tiene la explotación de los temas como la escasez de
agua, de alimentos y de electricidad, teniendo este último aspecto un carácter
grave para el gobierno, ya que la sequía ha generado una amenaza de colapso de
los embalses y debemos prepararnos para explotarlo al máximo desde el punto de
vista político, reforzando la matriz mediática que ubica la crisis eléctrica
como responsabilidad exclusiva de Maduro.
Especial
interés adquiere, en las actuales circunstancias, posicionar la matriz de que
Venezuela entra en una etapa de CRISIS HUMANITARIA por falta de alimentos, agua
y medicamentos, hay que continuar con el manejo del escenario donde Venezuela
está "cerca del colapso y de implosionar" demandando de la comunidad
internacional una intervención humanitaria para mantener la paz y salvar vidas.
Al mismo
tiempo, en el plano internacional hay que insistir en la aplicación de la Carta
Democrática, tal como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes, Secretario
General de la OEA y los ex-presidentes, encabezado por el ex-secretario de la
OEA, César Gaviria Trujillo, pudiendo contar con algunos nexos con la Alianza
Parlamentaria Democrática de América a quienes hemos sumado a la compaña en
desarrollo.
Conjugar
estas iniciativas con la citada figura de las "emergencias
humanitarias" que permita construir alianzas con otros países que están en
el área de influencia del Comando Sur. Más adelante nos referiremos a este
aspecto.
Aquí se
hace relevante la coordinación entre organismos de la Comunidad de Inteligencia
(IC) y otras agencias como las organizaciones no gubernamentales (ONGs),
corporaciones privadas de comunicación como la SIP y diversos medios privados
(TV, Prensa, Redes, circuitos radiales).
En esto
juega un rol preponderante el enlace en Venezuela Tenney Smith, de la Agencia
de Inteligencia para la Defensa (DIA), quien con Rita Buck Rico de la sección
de asuntos políticos, tienen una cubierta en la Embajada de Caracas y deben ser
apoyados con un contingente de inteligencia mayor.
No se
puede dejar a un lado el esfuerzo que hemos venido haciendo para vincular al
gobierno de Maduro en la corrupción y el lavado de dinero. En esto debemos
apoyarnos en el trabajo que vienen haciendo las Unidades de Inteligencia
Financiera (Grupo Egmont), el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Comité de
Expertos sobre la Evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la
financiación del terrorismo (MONEYVAL).
Estos son
organismos intergubernamentales cuyo propósito es el desarrollo y la promoción
de políticas nacionales e internacionales para combatir el lavado de dinero y
la financiación del terrorismo. El GAFI, por ejemplo, actualmente cuenta con 36
miembros que comprende 34 países, quienes pueden aportar datos y proporcionan
información para demostrar la vinculación de los personeros del gobierno de
Maduro sumariados en la Orden Ejecutiva.
En
estas coordenadas, hay que desarrollar campañas mediáticas con los testigos
protegidos que colaboran con la aplicación del decreto del 9 de marzo de 2015.
En otro
ámbito, tenemos que prestarle atención a la cuestión militar.
Si bien
hasta ahora ha resultado exitosa la campaña que hemos impulsado para disuadir y
ganar adeptos en sectores institucionalistas (Generales apegados a la ley,
quienes han garantizado el reconocimiento de la oposición y han trazado una
línea de no emplear la represión contra manifestaciones) existe una alta
probabilidad que los mandos identificados con el chavismo duro ofrezcan
resistencia, sobre todo en unidades élites que históricamente se han alineado
con el régimen.
Por eso,
hay que sostener el trabajo de debilitar ese liderazgo y anular su capacidad de
mando.
Lectura
similar es necesario hacer en relación al empleo que va a hacer el gobierno de
las llamadas milicias y colectivos armados. La presencia de este personal
combatiente y fanatizado en las ciudades priorizadas en el plan, se convierten
en obstáculos para las movilizaciones de calle de fuerzas aliadas y grupos
opositores, siendo también un impedimento para el control efectivo de
instalaciones estratégicas. De allí la demanda de su neutralización operativa
en esta fase decisiva.
Si bien
en este terreno foco de la situación militar no podemos actuar ahora
abiertamente, con las fuerzas especiales aquí presente hay que concretar lo ya
anteriormente planificado para la fase 2° (tenaza) de la operación.
Los
entrenamientos y aprestos operacionales de los últimos meses, con la Fuerza de
Tarea Conjunto Bravo en la base de Palmerola, en Comayagua, Honduras, la Fuerza
de Tarea Conjunta Interagencial Sur –Jiatfs, permite colocar tales componentes
en condiciones de actuar rápidamente en un arco geo-estratégico apoyado en las
bases militares de "control y monitoreo" en las islas antillanas de Aruba
(Reina Beatriz) y Curazao (Hato Rey); en Arauca, Larandia, Tres Esquinas,
Puerto Leguízamo, Florencia y Leticia en Colombia; todo ello como Lugar de
Operaciones de Avanzada (FOL con proyecciones sobre la región central de
Venezuela donde se concentra el poderío político-militar).
En este
aspecto debemos mantener la vigilancia electrónica sobre esta zona de
influencia, sobre todo en la fachada atlántica, manteniendo las incursiones de
los RC-135 COMBAT equipados con sistemas electrónicos que han permitido
recientemente recolectar inteligencia, interceptar y bloquear comunicaciones,
tanto del gobierno como de contingentes militares (Ver informe confidencial
respectivo).
También
se debe poner OK el Primer Batallón 228 del Regimiento del Aire con sus 18
aviones y los helicópteros UH-60 Blackhawk y CH-47, aproximándolos al terreno,
preferiblemente las instalaciones de Hato Rey en Curazao. Ya hemos establecido
las directivas y órdenes vinculantes.
En estas
12 recomendaciones están involucrados aspectos políticos, económicos y
militares que son parte de planes estratégicos de nuestro gobierno, las cuales
vienen siendo impulsados por múltiples agencias y a los que se apega el U.S.
Southern Command.
En
correspondencia con esa guía de planeamiento, he enfocado mis esfuerzos en
cuatro áreas principales: garantizar que seguimos siendo el primer socio de
seguridad de elección en este hemisferio; profundizar en la colaboración entre
las agencias generando confianza, plataforma de innovación para el Departamento
de Defensa y planificación de operaciones críticas y transregionales como esta
Operacion Venezuela Freedom-2 donde se involucran comandos combativos y socios
interagenciales.
Vamos
a seguir construyendo alianzas que protegen nuestros intereses, defender nuestro
territorio, defender el bien común mundial, y avanzar la seguridad, el buen
gobierno, frente a las amenazas como las que presenta el régimen opresivo de
Venezuela.
Por esto
en la planificación hay cuestiones particulares que nos atañen, donde debemos
elaborar planes específicos que operacionalicen las recomendaciones, tal como
se reseñan en los apartados y documentos anexos, siendo la tarea del día de
esta Junta Evaluativa, por lo que ordeno la mayor atención y esfuerzo en la
reunión.
Almirante Kurt W.
Tidd
Comandante
U.S. Southern Command
(SOUTHCOM)
Febrero
25.2016
