El Grupo Socma (Sociedad Macri)
nace mucho antes de la dictadura militar y como parte del poder económico
prebendario hizo negocios con todos los gobiernos sucesivos, inclusive con el
de Néstor Kirchner. Mauricio, hijo de Franco –el jefe- fue su vicepresidente
hasta el 2003. Contratista eterno del Estado, comenzó siendo una empresa ligada
a la construcción. Pero su despegue definitivo para pasar a formar parte de las
grandes ligas fue a partir de la asunción de la dictadura de Videla y Cía.
De su infancia en medio de la
segunda guerra, Franco Macri tiene en la retina la imagen su padre, Giorgio,
pugnando por repartir entre sus siete hijos y sus sobrinos un pequeño trozo de
queso conseguido en los mercados clandestinos de la Roma ocupada por los nazis.
Así supo de las miserias de la guerra y de los sacrificios, marca que lleva
hasta estos días de abundancia. Así también aprendió que los negocios son una
guerra: contra viento y marea, cueste lo que cueste. De esos días le quedo como
herencia perdurable el motivo que llevó a don Giorgio padre primero a viajar
por África como ingeniero y luego a Buenos Aires: la ambición, aunque le
costara el fin de la familia.
Franco, siempre pegado a los
negocios con el Estado, supo ejercitar una inalterable condición de oficialista
en forma ininterrumpida desde el Gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, en
la década de 1960 hasta la actualidad. Incluso hoy, con su hijo como Jefe de
Gobierno de la ciudad y acérrimo opositor del modelo kirchnerista, aseguró que
“…el de Cristina Fernández es el proyecto de país que tienen todos, en especial
vecinos como Brasil".
Desde la asunción de las
dictaduras latinoamericanas bajo la tutela de EEUU, América Latina fue el
escenario del desarrollo óptimo de la ideología neoliberal con su política
neoconservadora. Fruto de este plan, se construyó el debilitamiento del Estado,
cada vez más sometido a las clases dominantes y a su burguesía
transnacionalizada. Al compás de este debilitamiento, el Estado multiplicó las
prácticas clientelísticas corruptas y el vaciamiento económico con el drenaje
de fondos al exterior como pago de intereses de deuda. Con un discurso
mediático enarbolado por los voceros del neoliberalismo, se asoció a la figura
del Estado con la ineficacia y la corrupción, mientras que todo lo privado
aparecía como eficaz y transparente.
Para 1975 los Macri poseían siete
empresas. Al concluir la dictadura militar tenían cuarenta y seis. La familia
es parte de lo que se conoce como la “patria contratista”: genera sus ganancias
a partir de negocios con el Estado, al que poco a poco van exprimiendo. Socma
se benefició con la licuación de los pasivos empresarios –e hizo un intenso
lobby para lograrlo-. Esa estatización de la deuda externa privada, realizada
por Domingo Cavallo al asumir en el Banco Central en 1982, permitió que la
deuda que las empresas tenían por haber pedido dólares a la banca
internacional, pasase a ser considerada como deuda externa pública, es decir de
todos. Los Macri fueron uno de los grupos económicos más beneficiados con esa
medida. En 1979, el grupo se alzó con Manliba, la empresa de recolección de
residuos que había privatizado el gobierno militar. El contrato inicial fue por
cinco años, renovables automáticamente por otros cinco. Pero todo finalizó en un
gran escándalo cuando las intendencias de los radicales Julio Saguier y Facundo
Suárez Lastra, ya avenida la democracia, quisieron aplicarle el 16 por ciento
de desagio, mecanismo aplicado con el Plan Austral en forma generalizada. La
empresa resistió la aplicación del descuento, y el litigio entre Macri y la
intendencia se prolongó hasta que el Gobierno de la Ciudad dirimió a favor de
Manliba.
Además, la nacionalización de la
deuda de los privados a través de los sistemas de seguros de cambio implementados
durante la dictadura fue un gran beneficio para las empresas vinculadas con
Macri.
Según el conocido informe de
Jorge Argüello, "la deuda de Fiat, de 170 millones de pesos, terminó
transformándose en bonos del Estado, lo que le permitió a Macri pagar su deuda
a un valor que en términos reales equivalió a menos de un 10 por ciento del
original".
El actual diputado Claudio
Lozano, gestor de otro informe en el Congreso, sostiene que "importantes
empresas controladas y/o vinculadas al Grupo (Sideco Americana, Pluspetrol,
Socma, Dragados y Obras Portuarias, R.S.Z. y A. Producciones, Iecsa y Manliba)
acumulaban un endeudamiento con el exterior cercano a los 180 millones de
dólares, que fue transferido a la sociedad a través de los seguros de
cambio".
Con la llegada del menemismo,
Macri logra meter una astilla de su palo con el nombramiento de un antiguo
Gerente del grupo: Carlos Grosso. Con él en la gestión Manliba logra la
prorroga del contrato, a pesar de los sucesivos incumplimientos de la empresa
en cuanto a la renovación de la flota de camiones, al cambio del barrido
mecánico por el barrido manual con el consecuente y desmesurado incremento de
la factura, o lo más oneroso del servicio comparado con el prestado por la
empresa Cliba".La otra empresa de grupo que se filtra en la ciudad en la
gestión Grosso fue Intron, con la que logró alzarse con la contratación de la
facturación de ABL y del impuesto automotor, en un contrato de 10 millones de
pesos. Según el informe de Argüello los pliegos de a licitación fueron
objetados debido a “un bajo nivel de exigencia técnica, operativa y jurídica
para los concesionarios, situación que no fue corregida en las sucesivas
negociaciones y prórrogas pactadas".También a través de Intron maneja una
de las dos empresas de Control fotográfico de vehículos. La licitación es por
cinco años, y la facturación promedio, al licitarse, fue estimada en 5 millones
de pesos por año.Dentro de Socma, Intron formaba parte de una especie de sub
holding que también integraban SEPSA y Sistemas Catastrales. A través de esta
última manejaba la detección de infracciones en obras y se ocupaba de
fiscalizar la construcción de edificios, las ampliaciones no declaradas en
viviendas y también la aprobación de planos dentro de la jurisdicción porteña.
Se trataba de un contrato por 20 años.SEPSA, más conocida como Pago Fácil, fue
contratada por el Banco Ciudad para el cobro de impuestos. Su facturación
promedia los 4 millones de pesos anuales. El Banco Ciudad le pagaba una
comisión de cobranza a la empresa de Macri de un peso por boleta. IECSA es una
empresa especializada en ingeniería en construcciones. La firma se presentó y
ganó en dos licitaciones, una por 70 millones de dólares, para la construcción
de los denominados “reservorios”, a través de los cuales se espera mitigar las
inundaciones en la Ciudad, la otra fue por 22 millones de dólares para
construir a nuevo la Casa Cuna. También hace poco, se le otorgó la construcción
de los pasos bajo nivel del FF.CC. Urquiza. A su vez, el brazo inmobiliario de
grupo, CREURBAN, realizó múltiples desarrollos inmobiliarios en la ciudad, en
especial en Puerto Madero. Una vez que Mauricio Macri alcanzó el Gobierno de la
Ciudad, el directorio de Sideco Americana (o más bien papá Franco) formalizó la
venta de Iecsa a Calcaterra Sociedad Anónima, propiedad de Angelo Calcaterra,
sobrino de Franco Macri. De esta manera, el holding local se desprendió
absolutamente del segmento dedicado a la construcción, aquel que le dio origen
al imperio construido durante más de cincuenta años. La venta de Iecsa y
Creaurbán que Franco Macri promocionó a los cuatro vientos, amén de ser en
favor de su sobrino Angelo Calcaterra, fue pactada en cuotas a pagar hasta
2014. En la historia de Sociedades Macri (Socma) hay más de un registro de transferencias
que se firman con la mano y se borran con el codo. Pero, además, existen
conexiones entre varios funcionarios porteños y las compañías del grupo. Sin ir
más lejos, el secretario Legal y Técnico –es decir, quien analiza el aspecto
jurídico de cada papel que Macri firma–, Pablo Clusellas, aparece como síndico
de Creaurbán en el último balance de esa empresa disponible en la Comisión
Nacional de Valores.
La Constitución de la ciudad
establece para el titular del Ejecutivo, su vice y sus ministros las mismas
incompatibilidades que para los legisladores. No se puede ocupar ninguno de
esos cargos y, al mismo tiempo, ser “propietario, directivo, gerente,
patrocinante o desempeñar cualquier otra función rectora, de asesoramiento o el
mandato de empresa que contrate con la Ciudad o sus entes autárquicos o
descentralizados”. La prohibición pesa hasta dos años después del alejamiento
de la función y su incumplimiento es castigado con inhabilitación para ocupar
cargos públicos en la Ciudad por diez años.
No es casual que Macri padre haya
puesto tanto empeño en promocionar la venta de Iecsa y Creaurbán. La
vinculación de ambas empresas con Socma dejaba a su delfín expuesto a las
incompatibilidades que prevé la Constitución local para el jefe de Gobierno.
En Socma aseguraron al anunciarla
que “la venta estaba prevista desde hace meses”. De la lectura de la Memoria
2006 de Iecsa se desprende que esa previsión no tenía tanto tiempo. En la
página 57 de ese informe se detalla que “con fecha 20 de julio de 2006 se llevó
a cabo la firma del contrato de compra-venta de acciones mediante el cual Iecsa
adquirió el 10 por ciento de las acciones de Calcaterra SA, posteriormente con
fecha 25 de agosto de 2006 se adquirió el 40 por ciento de las acciones de
Calcaterra SA, la nueva participación accionaria de Iecsa SA es del 50 por
ciento”. Dicho en otras palabras: en siete meses Macri pasó de comprarle la
mitad de la empresa a su sobrino a transferirle la totalidad de las suyas que
tienen negocios en la ciudad.
La Corporación Puerto Madero está
bajo la órbita del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain. Ese funcionario
de Macri, como tantos otros, trabajó para Socma hasta que el heredero de Franco
decidió incursionar en la política: fue gerente de Sideco. De Chain depende
también el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, financista –a través de la
operatoria “Vivienda porteña”– en la comercialización de las 160 viviendas del
complejo Las Fresias II, desarrollado por Creaurban en Villa del Parque.
Los vínculos de los actuales
funcionarios porteños con las compañías de la familia Macri están bajo la lupa
de varios legisladores. Por caso, Gabriela Cerruti armó un equipo para que
investigue la nómina de accionistas de las empresas contratistas de la Ciudad.
En ese marco, la ex ministra de Derechos Humanos y Sociales local –vinculada
ahora como legisladora al kirchnerismo– presentó esta misma semana junto al
vicepresidente del bloque K, Pablo Failde, un proyecto de Ley de Ética Pública
para imponer restricciones en los casos de conflictos de intereses. También el
ex jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, está siguiendo desde la Legislatura los
pasos de aquellos funcionarios que pasaron por el grupo Socma.
Similar a la de Chain es la
situación del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, aunque en su caso no fue
gerente sino justamente director de Iecsa y vicepresidente de Creaurban, cargo
que también ocupó en Sideco. No se trata de una diferencia menor: la ley de
sociedades anónimas exige para los miembros del directorio de las empresas ser
accionistas de las mismas. Lo que se preguntan los legisladores es por qué si
Grindetti tuvo en su momento acciones de Socma, se habría desprendido de ellas.
La respuesta hay que buscarla en su declaración jurada y si la tuviera, estaría
incurriendo en la incompatibilidad que la Constitución establece para los
ministros.
Clusellas no podría haber firmado
tampoco como síndico el balance 2006 de Creaurban sin ser accionista de esa
empresa. El secretario Legal y Técnico también está ligado a otras once
empresas, siete de ellas creadas en los últimos tiempos. Lo suyo no es
incompatible porque no tiene rango de ministro, pero puede cuestionarse desde
el punto de vista ético.
El interés de los legisladores de
la oposición en determinar si hay colaboradores de Macri de los dos lados del
mostrador está dado en función de la magnitud de los negocios que Iecsa y
Creaurban tienen en la Ciudad. El jugoso contrato de la construcción de los dos
canales aliviadores en el arroyo Maldonado en los que Iecsa se asoció para su
realización a la italiana Ghella y ganó la licitación con una oferta de 150
millones de dólares contra los 210 y 280 millones que ofertaron sus
competidores. Después de las últimas inundaciones, Macri dijo que la obra
costaría 200 millones de dólares. La firma de los ajustes por mayores costos la
tiene Grindetti, quien fue directivo de la empresa.
Iecsa también tiene a su cargo la
construcción de dos pasos bajo nivel del ferrocarril Urquiza: los de la avenida
San Martín en su cruce con Mosconi y Punta Arenas. Son obras acordadas en unos
26 y 22 millones de pesos, respectivamente.
En otro orden, el Grupo Macri,
con el Banco Galicia como socio minoritario, se adjudicó en 1997 la
privatización del servicio postal, en una de las últimas operaciones que
consumó el menemismo. En aquel momento se logró la concesión por 30 años con la
promesa de pagarle al Estado un canon semestral de 51,6 millones de
pesos/dólares. El estudio de Lozano detalla otras irregularidades, entre las
que se destaca "la reducción del plantel de trabajadores en más de 10.000
personas con la particularidad que el costo de tales retiros (casi 100 millones
de pesos) fue considerado como una inversión de la empresa".
A pesar de todo, en 1999 Macri
dejó de abonar el canon. En septiembre de 2001, Correo Argentina SA entró en
concurso preventivo cuando debía $ 900 millones. La deuda del Grupo Macri con
el Estado se eleva a los 659 millones de dólares (en el 1 a 1), hoy más de dos
mil millones de pesos (según el 3 a 1 actual) y sin tener en cuenta los
intereses. El Gobierno de Néstor Kirchner le quitó la concesión por el canon
atrasado pero la deuda sigue impaga.
El crecimiento de Sevel, la
automotriz de los Macri, está directamente asociado a los mecanismos de
protección. "Si bien favoreció a las terminales, destruyó la integración
del sector afectando a los autopartistas y promovió un fuerte déficit en
intercambio comercial con el exterior que indujo mayores niveles de
endeudamiento", sostiene el informe de Lozano. La DGI a cargo de Carlos
Tacchi denunció en 1993 a Sevel por 360 millones de dólares imputándole mala
liquidación del IVA. Mauricio Macri era director de Socma y le tocó negociar
con Domingo Cavallo cómo eludir esa denuncia impositiva. "Estos problemas
no van a tener solución hasta que se vaya el loco de Tacchi", manifestó a
la salida de esa reunión (Daniel Santoro, "Los Intocables", pág.
137).
A la vez, en el escándalo más
grande de la historia empresarial de los Macri, conocido como caso Opalsen (por
ser esta una de las empresas que se utilizó para realizar la maniobra), Sevel
-según denunció entonces la DGI, hoy AFIP- evadió unos 55 millones de pesos del
93 al 95 durante la presidencia de Mauricio Macri en la empresa. En 1993 Sevel
de Argentina exportaba autopartes a Sevel Uruguay, lo que le permitía cobrar
reintegros por exportaciones. Pero, a su vez, esas piezas, eran ensambladas
allí y luego importadas a la Argentina en forma de automóviles terminados. De
este modo, Sevel cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba las
importaciones con un arancel diferencial del 2 por ciento. Así, se beneficiaba
con el sistema de importación compensada a partir de los automotores
exportados. Tras comparar números de chasis y de motor de 1300 vehículos, se
determinó que las mismas partes que salían de la Argentina a su vez eran
reingresadas en el país, luego de ser compradas y vendidas por Sevel Uruguay y
Drago SA, supuestamente controladas por Sevel. Un cálculo aproximado realizado
por los investigadores concluyó que el monto de lo percibido como reintegro
sólo en 1993 asciende a unos 7.000.000 de pesos. Se estima que estas
exportaciones continuaron hasta 1995.
Por todo esto Mauricio fue
embargado por 4,9 millones de pesos, y PROcesado por “contrabando”, pero
posteriormente la corte menemista con la famosa mayoría automática con Julio
Nazareno a la Cabeza declaró inocentes a los Macri rechazando la apelación de
la causa a pesar de no tener argumentos para hacerlo. Esta caso fue uno de los
cargos que se le imputaron a los jueces de aquella Corte en los juicios
políticos que se le iniciaron por sospechas de corrupción y por su dudoso
desempeño, y que implicó el fin de la corte adicta a Menem.Durante su mandato
como presidente de Boca se efectuaron terribles denuncias sobre los manejos financieros
de Macri. ´Cometas´ sobre las ventas y las compras de jugadores la “recompra”
de los viejos jugadores de Boca que emigraron a Europa, que Macri negocia
personalmente, no de club a club, a cambio de una parte de las transacciones
(como los casos de Delgado y Bermúdez, que alcanzaron una gran
resonancia).Después de doce años en Boca, Macri se va con muchos títulos
futbolísticos y con un pasivo escandaloso… a pesar de ser el club argentino que
más jugadores vendió a Europa de los últimos diez años. El endeudamiento de
Boca es un tema judicial: hay compras y cuentas fantasmas que no aparecen en
los balances (Ver Página/12, 31/12/06).
Tanto el informe de Argüello como
el de Lozano, incluyen una denuncia de la Oficina Anticorrupción contra
Fernando De la Rúa y varios de sus ministros por fraude a la administración
pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la
función pública, a raíz de dos decretos que favorecieron a los concesionarios
de las principales rutas nacionales, de las que en épocas de Carlos Menem el
grupo Macri se había alzado a través de Servicios Viales S.A. con la friolera
de 1080,51 km. de rutas. Entre los denunciados figura el subsecretario de Obras
Públicas, Edgardo Gastón Plá, quien elaboró el acuerdo impugnado. Un mes y
medio antes de ser designado, Plá se desempeñaba en la empresa Civilia
Engenheria de Brasil, y antes en Sideco Americana de Chile, dos firmas que
forman parte del conglomerado empresario de los Macri.
"El Grupo contó con personas
allegadas a sus intereses en la Secretaría de Obras Públicas en los momentos
estratégicos del desarrollo de estos contratos, tanto al redactarse los pliegos
como al acercarse el fin de la concesión", sostiene el informe de Lozano,
citando la denuncia de la OA.
Durante la gestión de Eduardo
Duhalde en la presidencia, la pesificación de las deudas de las grandes
empresas privadas, la mayoría de las cuales ya habían trasladado sus activos
financieros al exterior, fue una de las primeras medidas de gobierno. El estudio
de Lozano señala que algunas empresas del Grupo Macri (Correo Argentino, Sideco
y Socma) resultaron favorecidas por el proceso.
"La transferencia de
ingresos desde el conjunto de la sociedad argentina hacia estas tres compañías
que integran el grupo fue del orden de los 200 millones de dólares",
señala el informe.
Luego de una exitosa experiencia
como presidente de Boca (en la que no faltaron jugosas denuncias de corrupción
en la compra y venta de jugadores, ni de maltratos por parte de la patota a
cargo de la seguridad del club del hoy caído en desgracia Comisario Palacios),
el empresario lanzó su candidatura para la jefatura de gobierno.
"Es un intento de un grupo
parásito del Estado por mantener o profundizar sus políticas", sostiene
Argüello.
"No hay que marearse con los
discursos de eficiencia, porque la trayectoria del Grupo demuestra que no hubo
ni innovación ni riesgo, sino la cooptación sistemática del Estado. La
candidatura de Macri busca llevar esto al máximo, diluyendo totalmente los
límites entre lo público y lo privado", concluye Lozano.
Los estudios revelan cómo el
conglomerado de empresas de los Macri se fue amoldando con astucia a cada etapa
política y económica de la Argentina. Aunque el jefe económico siempre fue
Franco, su hijo Mauricio ocupó cargos de relevancia en las diferentes firmas y
fue ganando un lugar cada vez más protagónico.
Sería sano para la Argentina que
de una vez y para siempre, los empresarios “exitosos” no fueran en su mayoría
verdaderos parásitos que viven de los dineros públicos, a través de la
corrupción, los “favores políticos” y el apriete como modus operandi para hacer
su dinero. Aquí se revela claramente, la forma en que los Macri construyeron su
poder y fortuna mediante las contrataciones del Estado, cambiando las reglas
económicas y financieras para licuar sus deudas sin riesgo empresario alguno
(dejando de lado esta regla de oro del capitalismo liberal a que dicen
representar), y obtener de ello beneficios sin dudar (tal como el mismo Franco
concibe como legado paterno en cuanto al vale todo por la empresa) en ejecutar
acciones reñidas con la ética y legalidad, con el consentimiento de una gran
parte de la clase política y judicial.
Como bien los definió Gabriela
Cerruti, autora del libro “El Pibe” -sobre la vida de Mauricio Macri-, “(los
Macri) … son los Corleone en su versión argentina”.
