EL MINISTERIO DE LA CITY
El ministro de Economía de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay,
figura como apoderado de la cuenta de María Amalia Sara Lacroze de Fortabat y
su nieta Amalia Adriana Amoedo en el HSBC Ginebra. Es un depósito de 68,3
millones de dólares a fines de 2006.
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Alfonso Prat-Gay, ministro de Economía del gobierno de
Mauricio Macri, está siendo investigado en la Justicia.
Por Alfredo Zaiat
El ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri,
Alfonso Prat-Gay, está siendo investigado en la Justicia. Figura como apoderado
de la cuenta de María Amalia Sara Lacroze de Fortabat y su nieta Amalia Adriana
Amoedo en el HSBC Ginebra. Es un depósito de 68,3 millones de dólares,
saldo
correspondiente a fines de 2006. Antes de esa fecha, el monto había superado
los 100 millones de dólares. Es una cuenta que no estaría declarada a la AFIP.
Esto lo definirá el cuerpo pericial de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y peritos de partes estudiando las declaraciones juradas de 2005, 2006 y
2007 (Ganancias y Bienes Personales) de esas dos grandes contribuyentes.
Prat-Gay es el usuario de Internet de esa cuenta según la ficha del HSBC
Ginebra, lo que refleja el estrecho vínculo con la entidad financiera para el
manejo de esos fondos. Estos datos fueron proporcionados por el fisco francés a
la AFIP, información que forma parte del aporte realizado por el ex empleado
del HSBC, Hervé Falciani, de 130 mil clientes de varios países de la sucursal
Ginebra de esa entidad. De ese total, unos 4000 corresponde a argentinos, entre
los que se encuentra Amalita y su nieta con el acompañamiento de Prat-Gay.
Cuando se difundió esta información, el financista que Macri
eligió para el manejo del Palacio de Hacienda emitió un comunicado diciendo que
él nunca había sido titular o beneficiario de una cuenta en Suiza y que siempre
tenía todos sus activos debidamente declarados ante la AFIP. El dato que no
mencionó fue que en la denuncia de la AFIP radicada en el Juzgado Nacional en
lo Penal Tributario N 3, de la jueza María Verónica Straccia (causa
134053/2014) no aparece como titular de una cuenta, sino como apoderado de la
de Amalita. Prat-Gay también realizó su descargo luego de la fiscalización
electrónica que le realizó la AFIP con motivo de las cuentas bancarias del
HSBC. Informó que los honorarios percibidos y sus correspondientes impuestos
como apoderado de cuentas de tercero con “poder limitado de gestión” están
“debidamente reflejados y efectivizados en los balances” de APL Economía SA,
firma donde figura como accionista y director.
Mediante las resoluciones 762 y 763/2014 del 18 de diciembre
del año pasado la AFIP notificó a PratGay, con relación a los impuestos a las
Ganancias y sobre los Bienes Personales, el requerimiento de pago de ambos
tributos del período 2006 por un total de 81 millones de pesos correspondiente
al saldo de la cuenta no declarada en el HSBC Ginebra.
En la firma APL Economía SA también participan Pedro Lacoste
y Luis Andrés Caputo con cargos de presidente y vice, respectivamente. El
primero será el viceministro de Prat-Gay, y el otro ocupará el cargo de
secretario de Finanzas. Caputo, que vive en el mismo edificio de Prat-Gay,
también trabajó en el JP Morgan como su vecino futuro ministro para luego pasar
a liderar el Deutsche Bank en Argentina. El Ministerio de Economía fue
renombrado de Hacienda y Finanzas por Macri. De acuerdo a quienes lo habitarán
a partir del 10 de diciembre sería más preciso denominarlo el ministerio de la
city.
Albacea
La relación de Alfonso Prat-Gay con Amalita Fortabat fue muy
cercana. Fue designado por la familia como albacea de la fortuna de la
empresaria del cemento y se había convertido en “family office” (administrador
de los activos). Este vínculo estrecho quedó en evidencia cuando fue uno de los
privilegiados que trasladó el cajón con el cuerpo de Amalita en el cementerio
de la Recoleta hacia el mausoleo familiar, el 19 de febrero de 2012. Integra la
Fundación Amalia Lacroze de Fortabat desde el 5 de octubre de 2011. Su compañía
de asesoramiento APL Economía SA también es parte de esa institución desde el 3
de diciembre de 2007.
La información proporcionada por la AFIP al Juzgado Nacional
en lo Penal Tributario Nº 3, de la jueza María Verónica Straccia, tiene la
cuenta de 68,3 millones de dólares a nombre de Amalita Lacroze de Fortabat, la
mujer del cemento (Loma Negra) fallecida en 2012, de su nieta Amalia Amoedo y
de su apoderado: Alfonso PratGay. Esos millones de dólares eran parte de lo
recibido por la venta de Loma Negra a la brasileña Camargo Correa. Prat-Gay fue
presidente del Banco Central desde el 11 de diciembre de 2002 al 24 de
septiembre de 2004. Los rumores de venta de Loma Negra comenzaron en 2003 y la
operación de venta a Camargo Correa por 1048 millones de dólares se informó a
la Bolsa de Comercio el 20 de abril de 2005. Hubo un período donde Prat-Gay
coincidió en ser presidente del BCRA y administrador de la fortuna de Fortabat,
que podría haber generado un conflicto de intereses.
En el juzgado de Straccia se encuentra el detalle del
movimiento de la cuenta de Amalita y su nieta. Fue creada el 29 de junio de
2005 (dos meses después de la venta de Loma Negra), tiene tres referencias de
International Bank Account Number, Prat-Gay figura como “usuario de Internet”
(el canal de comunicación del banco con el cliente) y el HSBC Bank USA
International Private Banking New York aparece con una “carta de autorización”
(letter of autorisation), que significa que ejecutivos de la entidad financiera
podían administrar los fondos de la cuenta. El detalle de los activos a
diciembre de 2006 era: “Bonds” (bonos) por 66.533.723 dólares, “Funds in
shares” (cuota parte de un fondo de inversión en activos bursátiles) por
1.782.522 dólares y “Liquid assets” (efectivo) por 1654 dólares. El total
sumaba 68.317.899 dólares. Un mes antes, el monto alcanzaba a 84.135.336
dólares, y en noviembre de 2005 ascendía a 101,3 millones de dólares.
La investigación oficial está avanzando en precisar qué tipo
de asesoramiento también ha prestado Prat-Gay, a través de su firma de
consultoría financiera, a Exprinter International Bank perteneciente a la
familia Supervielle. Uno de sus miembros y directivo de la entidad, Pilar
Isabel Estella Supervielle de Basso, figura con el registro de 19,6 millones de
dólares en una cuenta en el HSBC Private Bank Ginebra. El informe de
fiscalización de la AFIP, que está en el expediente judicial, menciona la
necesidad de investigar el vínculo de APL Economía SA de Prat-Gay como asesor
de la firma de Pilar Supervielle. Lo hace a partir de señalar que APL Economía
SA informó que “el servicio de asesoramiento y medición de riesgo (risk
management) prestado a Exprinter Bank consistió en la evaluación del riesgo de
mercado existente en carteras de inversión realizados por terceros”.
Evasión = corrupción
Una de las primeras declaraciones de Macri como presidente
electo, en un reportaje al diario Clarín, fue que será implacable con la
corrupción, asegurando que dejará que actúen los jueces en causas que
involucran a funcionarios del actual gobierno y que reclamará transparencia a
sus propios, y ante eventuales denuncias lo desplazaría hasta que se aclare el
caso en la Justicia.
A nivel internacional, organismos multilaterales y ONG
encargadas de investigar el origen y flujo de capitales provenientes de la
corrupción (Transparencia Internacional, Global Financial Integrity, Tax
Justice Network) han empezado a incluir en esa categoría la evasión impositiva,
fuga de capitales y lavado de dinero a gran escala. Delitos que en general no
son presentados ante la sociedad como hechos de corrupción. La apropiación
ilegal de fondos que le correspondería al Estado por cobro de impuestos y la
sofisticada fuga de capitales con la ayuda de equipo especializados de bancos y
asesores financieros son consideradas como corrupción por esas prestigiosas
ONG.
Uno de los grandes aportes realizados en la denuncia
judicial de la AFIP sobre las cuentas no declaradas en el HSBC de Ginebra fue
descubrir quiénes integraron esa trama de corrupción por evasión y fuga de
capitales. Los letrados de la AFIP señalan que quien posee la autorización
delegada por las titulares para administrar los fondos depositados en el
exterior no puede desconocer que no se encuentran exteriorizados en el país y
el fin explícito de evadir el pago de impuestos sobre dichos fondos.
Los miembros de esa red fueron los encargados de armar el
entramado de empresas offshore para impedir el acceso a los datos de los dueños
de los capitales. La denuncia de la AFIP menciona la existencia de una
“plataforma facilitadora para la evasión”. Los apoderados, abogados,
economistas y contadores colaboraron en la elaboración de la red de sociedades
y fideicomisos extranjeros (trust) radicada en paraísos fiscales como Panamá,
Jersey, Guersney, Suiza, Uruguay, Bahamas e Islas Vírgenes. El objetivo de su
tarea fue crear complejas estructuras jurídicas y societarias para ocultar la
identidad de los titulares de los fondos depositados en cuentas del HSBC
Ginebra, Suiza. Prat-Gay, como apoderado de Amalita, integra esa red de
abogados, contadores y economistas vinculados con grandes bancos
internacionales para facilitar la fuga y evasión. Por eso su desmentida de que
no es titular ni beneficiario de una cuenta en Suiza no se relaciona con la
denuncia, porque la presentación de la AFIP en el juzgado fue por su papel de
apoderado de las cuentas de Amalita.
El juez amigo
Como se detalló en la edición del 7 de junio pasado de
Página/12, Prat-Gay busca detener, hasta anular, la investigación con el
traslado del expediente a un juzgado más amigable. Para ello presentó una
denuncia penal contra los funcionarios de la AFIP Horario Curien (subdirector
general de Fiscalización) y Pedro Robeda (subdirector general de Asuntos
Jurídicos) acusándolos del delito de falso testimonio y asociación ilícita,
ampliándola contra el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, como parte de una
asociación ilícita e instigador del falso testimonio. Consiguió que la demanda
sea radicada en el juzgado federal de Claudio Bonadio. La capacidad de
selección de un juez se denomina forum shopping, definida técnicamente como “un
tipo de maniobra para elegir un juzgado con el que la parte actora se siente
más cómoda”. Prat-Gay se sintió cómodo con Bonadio, y razones no le faltan
teniendo en cuenta las recientes actuaciones del juez.
El razonamiento expuesto por Prat-Gay en la presentación
ante Bonadio es que el delito de los funcionarios públicos fue el de haber
realizado la denuncia judicial por el caso HSBC mintiendo al imputarle a las
Fortabat, y a él como apoderado, el delito de evasión tributaria. La réplica de
la AFIP, contenida en un memo de descargo en la Secretaría N 22 del Juzgado
Federal N 11, dice que con esa presentación “se busca que la existencia o no de
evasión tributaria –que corresponde al Juzgado Penal Tributario N 3– sea
definido por un juez distinto al que le corresponde”. Para agregar: “Pretende
Prat-Gay, con la excusa del falso testimonio, que un juez ajeno al caso, el Dr.
Bonadio, defina –en su favor– la inexistencia de evasión que se le imputa en la
causa original”.
La estrategia judicial del futuro ministro de Economía es
que Bonadio impulse una investigación paralela de los delitos denunciados por
la AFIP y de ese modo detener la tarea de persecución de importantes ilícitos
tributarios en la sede natural y específica (juzgado de Straccia). Por esa
maniobra dilatoria se está tramitando un incidente de incompetencia en
tribunales. Ahora como ministro de la city, Prat-Gay tendrá las espaldas mejor
cubiertas.
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