El Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA-CTA)
denuncia la campana del decano de Medicina de la facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Córdoba, Gustavo Irico contra las investigaciones sobre
el cáncer en los Pueblos Fumigados. El caso Monte Maíz.
Cada día que pasa los argentinos nos enteramos como se
enferman, sufren y mueren los habitantes de las zonas rurales expuestas a los
agrotóxicos que masivamente utilizan los “pooles” de siembra, sociedades
anónimas y productores devenidos en empresarios del agronegocio.
Cada día se conoce más el vínculo directo entre esta
exposición y cánceres, abortos, malformaciones y demás padecimientos que
prevalecen desde la pampa húmeda hasta los territorios de campesinos y
originarios del norte de Córdoba y el país, que son “intrusados” por el poder
sojero con la complicidad del Estado.
En Córdoba, recientemente un equipo de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) realizó un estudio sanitario en la ciudad de Monte
Maíz y Martín Alonso, el Jefe Oncológico del Gobierno de De la Sota salió
presuroso a negar el vínculo entre agrotóxicos y cáncer y a denostar a los
investigadores independientes.
En tanto, el decano de la facultad de Ciencias Medicas,
Gustavo Lisandro Irico desconoció el trabajo de tres de sus cátedras
fuertemente presionados por la Facultad de Agronomía, promotora del ampliamente
repudiado Convenio con la empresa Monsanto y el gobierno provincial.
Martín Alonso es el responsable del Registro de Tumores de
la Provincia y mantiene sus datos ocultos a capa y espada. Sólo se conocieron
datos parciales de 2003 a 2009 que confirman una diferencia notablemente mayor
en cantidad de enfermos de cáncer (los cánceres no son cualquier enfermedad) en
zonas extensamente fumigadas, que otras con menores niveles de exposición. por
ejemplo, la ciudad de Córdoba.
Alonso es el jefe del Servicio de Oncología del Hospital
Privado, y figura como responsable de al menos, cuatro pruebas de drogas
oncológicas en investigaciones clínicas realizadas para los laboratorios
multinacionales en pacientes cordobeses, según consta en la página del
ministerio de Salud provincial
(http://www.cba.gov.ar/listado-de-investigaciones-registradas/).
En estos “ensayos”, Alonso prueba estos medicamentos en
experimentación en personas con cáncer de próstata y de pulmón, que previamente
han sido elegidas en los sorteos de aleatorización.
Es interesante conocer que por estas humanitarias tareas la
retribución de las empresas de citostáticos parte de un mínimo de 7 mil dólares
por cada paciente reclutado. Para hacer algunos números, 4 ensayos con 10
enfermos de cáncer, equivalen a la cifra de 280 mil dólares para el profesional
que “trafica” con la enfermedad.
Estos estudios multicéntricos son diseñados por un equipo
central del laboratorio multinacional y recurren a “traficar pacientes” a
través de profesionales de la medicina, cuyos ingresos se incrementan al compás
de la escalada de los casos de cáncer. La ecuación económica cierra, ya que los
grandes laboratorios evitan los elevadísimos costos de seguros y controles que
se realizan en Estados Unidos o en Europa.
Volviendo al tema del profesional en cuestión, el doctor
Alonso, además de trabajar para el Gobierno de De la Sota, lo hace además para
dos laboratorios, Bionumerik y Medivation Inc., de Texas y California,
respectivamente. Estos laboratorios realizan prácticas de investigación que los
laboratorios de la Big Pharma, no asumen por propia cuenta.
Pero Alonso también trabaja para los laboratorios Elea y
Schering; éste último adquirido por BAYER en 2007. Es harto conocido que BAYER
no sólo es el laboratorio de medicamentos más grande del mundo sino que también
está entre los tres productores de agrotóxicos más grandes del mundo.
Con semejantes antecedentes y “conflicto de intereses” el
doctor Alonso debería estar inhibido éticamente de ser el encargado de vigilar
la epidemiologia del cáncer en Córdoba. El cóctel cáncer, agrotóxicos y dinero,
desacredita la objetividad científica de sus opiniones y sus impugnaciones a
los profesionales que defienden la salud de la gente común.
Por otro lado el doctor Gustavo Irico, decano de Medicina en
la UNC fue quien más duramente salió a amenazar a los médicos que investigan el
impacto del agronegocio en la salud y el ambiente. No nos extraña, ya que Irico
es la herencia política del ex decano Willington, y como él proceden de la
derecha más recalcitrante del peronismo cordobés.
Una derecha que fue matriz política e ideológica que se
ocupó de perseguir, torturar, exiliar y desaparecer a cientos de docentes y
estudiantes de Medicina que hicieron del barrio Clínicas un mojón de
resistencia y compromiso con la salud del pueblo. En aquellos años, esa derecha
reaccionaria tuvo como principal referente al interventor de la UNC, Mario
Menso que, junto con las tres” AAA”, comenzaron a “depurar” en 1975 toda la
Facultad de Medicina y la Universidad.
Hoy Irico quiere continuar con esa cruzada aleccionadora al
perseguir a los docentes que tímidamente tratan de explicar lo que pasa en la
salud del interior cordobés. Para eso, cuenta con todo el apoyo de la facultad
de Agronomía (o Facultad de Monsanto como la conocen los estudiantes de la UNC)
y ha tomado todos los argumentos que utilizan los agrónomos del agronegocio
desconociendo una certeza fundamental: producen alimentos en base a
agrovenenos.
Irico es un conspicuo delasotista, de hecho su nombre se
mencionó en la última reorganización del gabinete provincial, pero el decano
pretende mucho más, ambiciona el ministerio de Salud de la Nación, para eso
participa de los equipos técnicos del Secretario Legal y Técnico de la
Presidencia, Carlos Zannini.
Delasotismo o kirchnerismo no ofrecen diferencias
sustanciales para Irico como tampoco lo son para Monsanto. En su marcha
ascendente desde el decanato hacia la cima del poder, le resulta inadmisible
que un equipo de su propia Facultad ponga en evidencia el carácter genocida y
envenenador del modelo agrícola hegemónico.
Monte Maíz presenta índices de cáncer alarmantes, como
muchos otros pueblos fumigados. En el centro de la población una enorme planta
de acopio de Aceitera General Deheza (AGD) inunda el pueblo de cascarilla de
maíz y pelecha de soja, cargada de pesticidas. El Decano de Medicina hace lo
imposible para que esa planta siga ahí y el municipio se vea impedido de exigir
el traslado de AGD.
Unos por dinero y otros por poder. La codicia y la ambición
esconden el dolor y la muerte de muchos inocentes en nuestro país. Y nuevamente
sufrimos las mismas prácticas históricas de la derecha, primero desacreditar,
luego acallar, perseguir y reprimir. Siempre defender los intereses del poder.
El cáncer no importa.
Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA-CTA).
