CONADI
ACREDITÓ COMO INDÍGENAS A 15 MIL CHILENOS SIN ASCENDENCIA DE PUEBLOS
ORIGINARIOS
Entre 1994 y
2016, el organismo otorgó ese reconocimiento a personas que no tienen vínculo
sanguíneo con alguna etnia.
Víctor
Rivera y Sergio Rodríguez
25 de abril
del 2016 / 01:03 Hrs
Según la Ley
19.253, son tres las variables para poder obtener la calidad de indígena y ser
reconocido como tal por el Estado. De acuerdo a esta legislación, se
considerará de esta manera a las personas de nacionalidad chilena que sean
hijos de padre o madre indígena; los descendientes de las etnias que habitan el
territorio nacional, siempre que posean a lo menos un apellido indígena; y
quienes mantengan rasgos culturales de alguna etnia o bien se autodefinan como
tales. También podrán optar a esta categoría quienes mantengan un vínculo
matrimonial con alguien de origen indígena.
En el caso
de que una persona lo acredite, independiente de las tres variaciones que
otorgan esta facultad, el postulante
podrá acceder a beneficios de entrega o subsidio de tierras que otorga la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Según cifras del
organismo, desde 1994 -fecha en que comenzó a regir la ley que creó a la
Conadi- a abril de 2016, la corporación ha entregado 15.407 de estos
reconocimientos a personas que no tienen ascendencia de pueblos originarios.
Este grupo corresponde a quienes han adquirido esta calidad, mediante el
artículo 2c, lo que representa un 2,2% de los reconocimientos otorgados (ver
infografía).
Esta norma
consigna que se identificará como indígenas a quienes “mantengan rasgos
culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por tales la práctica de
formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o
cuyo cónyuge sea indígena. En estos casos, será necesario, además, que se
autoidentifiquen como indígenas”. Entre los requisitos está una declaración
jurada ante notario de su autoidentificación, y que una autoridad validada de
la comunidad envíe una carta señalando que vive en ese lugar.
En
entrevista con La Tercera, realizada el viernes 15 de abril, el director de la
Conadi, Alberto Pizarro, sostuvo sobre este punto que “tenemos equipos
especializados en la institución que trabajan dando las certificaciones
respectivas a quienes lo solicitan (...)
Hay personas especializadas que, en atención
a la solicitud, ven la
pertinencia o no de poder otorgar esas certificaciones. Y en eso hemos sido
bastante rigurosos”. La Tercera contactó a la Conadi el miércoles 20 de abril
para saber cuántas personas se acreditaron como mapuches invocando el artículo
2c, y qué beneficios recibieron por
parte de la Corporación; sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta.
Al respecto,
el director de la Fundación Aitué, Carlos Llancaqueo, fue crítico sobre esta
facultad. “Los estándares actuales no son suficientes y pueden prestarse para
irregularidades. Hay personas que se aprovechan de esta condición o de este
procedimiento con un objetivo no de carácter cultural, sino que de lucro:
acceder a beneficios que reciben los indígenas en desmedro de los propios
indígenas que, con más derechos que ellos, podrían a obtener”.
Desde 1994 a
la fecha, la entrega de estas acreditaciones ha ido en ascenso: en 1995 hubo 26
entregas de identificación bajo el artículo 2c y en 2015 se registraron 1.945.
Para el
senador de La Araucanía, Alberto Espina
(RN), se requiere una precisión mayor para la entrega de estas acreditaciones.
“Esa norma es muy ambigua y en la práctica se puede presentar para un mal uso.
Los miembros de pueblos indígenas reciben beneficios del Estado, por ende,
sería importante precisar, con un grado de objetividad, una diferenciación de
estos beneficios”.
El senador
PPD por la IX Región, Eugenio Tuma, sostuvo que “pueden haber
aprovechamamientos, porque la ventaja de
ser indígena permite privilegios. Hay que revisar en qué condiciones se están
entregando y subsidiando estas tierras”.
La cantidad
de la población indigena en Chile ha ido al alza. Según la Casen 2006, había
1.060.786 de personas pertenecientes a alguna etnia, y en la última encuesta de
2013, este número subió a 1.565.915. Además, el mismo estudio reveló que del
total, un 84, 4% corresponden a la etnia mapuche, seguidos por aimaras y
diaguitas (ver infografía).
Entrega de
tierras
Desde la
creación de la Conadi se han destinado $ 314.422.447.707 para el financiamiento
de la restitución de tierras que están en conflicto, según el artículo 20b de
la Ley Indígena. Este dinero ha beneficiado a 562 comunidades y, para acceder a
esta repartición, se debe acreditar el dominio de sus antepasados sobre esas
tierras a través de títulos de merced,
que corresponden a documentos de antigua data que acreditan si el
postulante tuvo algún antepasado con posición sobre un terreno.
En tanto,
para el artículo 20 a -que regula los subsidios para la compra de predios o una
parte de estos, cuando la superficie de las tierras de la respectiva comunidad
sea insuficiente, con aprobación de la corporación- se han entregado $
77.861.200.432.
Para Carlos
Llancaqueo, debe haber una modificación en la política de entrega de tierras,
en especial en lo que respecta a lo subsidios.
“Las
comunidades que reclaman más, que se toman tierras, obtienen primero estos
predios, en desmedro de las que llevan esperando pacíficamente durante muchos
años. Resulta que hay comunidades que llevan 10 o 15 años esperando ser
beneficiadas, y llega una que recién entró a la lista, se los salta porque
tiene más influencia política, o porque reclama más. Eso no puede ser”.
