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CONTENIDOS
NO PODIAN
SER MAS HP –
Antes de comenzar con el tema voy a a
hacer una aclaración. Esto me lo pasaron de El Malvinense.com. Durante años
recibía semanalmente el boletín; incluso publicaron videos míos cuando hablé de
Malvinas. Al asumir Macri dejaron de enviarlo; les hice dos reclamos por correo
sin respuesta. En vista de los acontecimientos que se vienen en Argentina es
hora que conozcamos quien es quien, donde está parado y que intereses defiende.
Yo no tengo interés y compromiso con nadie; por lo tanto, conmigo a aguantarse
el sayo. Vamos al tema.
Cuando surgió esta barbaridad de hacer las
muestras de ADN en los cuerpos de los soldados sepultados en Malvinas; comenté
que la inmensa mayoría de los familiares no querían saber nada; solo sabían que
sus vínculos habían muerto por la recuperación de nuestro territorio. A pesar
de ello, estos apátridas mal paridos siguieron adelante con la venia de un
gobierno que pendula entre la ignorancia, la complicidad y el miedo a los
zurdos.
Enfrente tenemos a nuestro enemigo de toda
la vida, el que nos invadió siete veces en 250 años y nos tiene al filo de la
navaja con la separación territorial de la Patagonia y no nos quiere devolver
lo que nos robó. A pesar de todo esto, esta banda de pusilánimes autoriza a
hacer muestras, prestándose al juego de los ingleses.
En abril de este año, Argentina y el Reino
Unido firmaron un acuerdo, el "PPH" (Plan de Proyecto Humanitario),
para pactar las formalidades con las que se realizaría la exhumación de los
cuerpos enterrados en el cementerio de Darwin. En su artículo 6° se comprometieron
a "limitar la comunicación pública a lo mínimo y estrictamente necesario,
debido a la sensibilidad de la cuestión y de la operación, y a fin de evitar
que el proceso de identificación resulte afectado negativamente." Además,
en dicho artículo, se prohibió todo acceso a la prensa durante las tareas de la
Cruz Roja. Y ahora se difunde esta foto.
FOTO CEMENTERIO DE DARWIN
Al difundirse las imágenes en la prensa
nacional, el acuerdo lógicamente se ha violado. Y el propio PPH, en su artículo
7°, define que puede darse por terminado en caso de violacio-nes graves:
"Cualquiera de las Partes pueden terminar el PPH con efecto inmediato en
caso de violación grave al PPH por otra Parte. Una violación grave es una
violación contraria al objetivo humanitario del PPH."
Lo acontecido con la difusión de las
imágenes es muy grave. El propio artículo sexto que aquí reproducimos lo
menciona. No estamos ante la difusión de imágenes de una constructora, sino de
cuerpos que descansan en un cementerio. ¿Dónde está la delicadeza y el respeto
por los muertos?
Se ha entregado a la prensa fotos de
cruces tiradas por el suelo junto a sus rosarios, tumbas exhumadas con
escaleras dentro, una máquina excavadora que remueve toneles de tierra... las
imágenes evidencian que no se ha tenido respeto por los cuerpos que yacen allí.
Hablamos de un cementerio. Hablamos de un
monumento histórico nacional, amparado por varias leyes federales. Hablamos de
los héroes de Malvinas.
Parece que a la Cruz Roja Internacional y
a los representantes de los gobiernos de ambos países involucrados, no les
importa en lo más mínimo. El acuerdo internacional que han llamado "Plan
Humanitario", debe cesar. Por su infracción grave y por violar las leyes
nacionales de monumentos históricos.
Las imágenes que ilustran esta nota se
difunden, no para causar más daño a los familiares de los caídos, sino porque
consideramos que publicándolas, se contribuye a generar conciencia y lograr que
estas aberraciones cesen de inmediato.
Los héroes de Malvinas que descansan en
Darwin no pueden ser ultrajados y tratados de esta manera. El pueblo argentino
todo debe conocer lo que está sucediendo ahora en Malvinas, para repudiar la
aberración que se está cometiendo y que los responsables rindan cuentas. Todos
los argentinos acompañamos a cada uno de los familiares de los caídos en
Malvinas y compartimos su dolor, que es el de la Patria toda.
Eso fue filmado por una de las cuatro
cámaras que tiene el cementerio de Darwin. Y nos quieren hacer creer que un
personaje que atiende a los visitantes argentinos tiene acceso a ese material y
lo puede filtrar por encima de la política británica. Entreguen el país si así
lo sienten, pero no nos tomen de idiotas; Malvinas es una política de estado
para Inglaterra y hasta el vuelo de las gaviotas se decide en Londres.
Repito como comencé la nota; esto
solamente lo pueden hacer hijos de puta; porque solamente un mal parido puede
hacer algo semejante. Y los mal paridos andan como si nada porque enfrente
tienen un pueblo de pusilánimes que vale tanto como sus gobernantes. De no ser
así ya tendrían que haber rodador varias cabezas.
LA RED DE
ACCION POLITICA - Adolfo Struck
La Red de Acción Política (RAP) es una
fundación que se dedica a la formación
de la dirigencia política en Argentina. Es auspiciada y financiada por
embajadas y multinacio-nales, grandes bancos privados, y las principales
empresas locales de propiedad de las familias Urquia, Rocca, Pagani, etc. Entre
sus integrantes hay altos funcionarios del Pro, la UCR, el socialismo, el
justicialismo, e incluso del kirchnerismo.
En su consejo directivo y asesor,
figuran banqueros con intereses en la deuda pública argentina, e intelectuales
orientados al pensamiento neoliberal. Que ejecutan una bajada de línea hacia
numerosos políticos argentinos, creando así una red o logia moderna, que
atraviesa a casi todos los partidos políticos. Y ha facilitado la instauración
de determinadas políticas a favor de los intereses empresarios y geopolíticos
de quienes la financian y auspician, no precisamente en bienestar del pueblo,
ni de los intereses argentinos.
Alan Clutterbuck inició en 2002, con otro
grupo de personas que provenían del mundo empresarial y académico de
universidades privadas de renombre como la de San Andrés y Di Tella, la Red de
Acción Política, en defensa del establishment local e internacional. El
fin de esta fundación a juzgar por la pertenencia partidaria de la mayoría de
sus integrantes, el perfil académico de las universidades donde realizan sus
simposios, la trayectoria de sus consejeros, y el tipo de empresas que la
sostienen, es formar nuevos dirigentes políticos con una visión neoliberal de
la cosa pública.
Alan Clutterbuck, hasta ese momento, era
conocido por el secuestro y desaparición, en 1988, de su padre, el “capitán de
industria” Rodolfo, quién en vida secundó a Domingo Cavallo en la presidencia
del Banco Central, cuando este estatizó la deuda privada, y luego integró los
directorios del Banco Francés y el Grupo Alpargatas. Los raptores nunca
entregaron una prueba de vida y las comunicaciones se cortaron rápidamente.
Jamás se encontró su cuerpo, y hasta la fecha casi treinta años después, su desaparición
no ha sido aclarada, dejando la impresión de que no existió un gran tesón para
averiguar lo sucedido.
Luego Alán detentó un cargo de secretario
de estado en el Ministerio de Economía durante el gobierno de Carlos
Menem, y recientemente fue el
coordinador de los equipos técnicos de la actual ministra de Seguridad Patricia
Bullrich.
La logia del RAP demostró su capacidad de
poder súper estructural, al haber logrado a principios del 2016 escindir al
bloque kirchnerista, con la creación del Bloque Justicialista liderado por el
miembro del RAP, el diputado Oscar Alberto Romero. Que resultó ser una pieza
funcional esencial, para lograr la gobernabilidad por parte del gobierno de
Cambiemos, y reducir las posibilidades del kirchnerismo en el control de
determinados organismos, como el Consejo de la Magistratura.
Una forma de visibilizar su orientación
política es conocer la trayectoria de los integrantes de su consejo directivo y
de asesores. Entre los primeros se encuentran: Enrique Cristofani, Presidente
del Banco Santander Río; Gonzalo Tanoira, Director Financiero y CEO de
Patagonia Gold PLC (minera inglesa) y Timothy Gibbs, ejecutivo del Citibank,
vinculado durante el 2002 a la causa de los banqueros responsables del corralito
financiero.
FOTO CONSEJO DIRECTIVO
Los asesores del RAP inclusive son más
conocidos por su filiación política y orientación ideológica. Uno de estos el
escritor Marcos Aguinis, conocido por su filiación a la UCR. Fue secretario de
Cultura de la Nación durante el gobierno de Alfonsín. Sus más recientes
vínculos con la política evidencian su ideología neoliberal, ya que fue
colaborador de Ricardo López Murphy cuando éste se presentó como candidato a
presidente en 2003 y en 2015 apoyó a Mauricio Macri en su candidatura a
Presidente de la Argentina.
Otro de los asesores es Nicolás Aguzín, ex
presidente ejecutivo de JP Morgan América latina, la financiera norteamericana
con claros intereses comerciales en los títulos de deuda pública argentina.
También asesora a la RAP, el politólogo argentino Natalio Botana, sobrino del
ex director del extinto diario Crítica, Natalio Félix Botana. El politólogo
Botana es docente hoy de la Universidad Torcuato Di Tella, casa de estudios
dónde se formaron varios miembros del gabinete de Mauricio Macri. También
proveniente de la Di Tella, es asesor de RAP, el abogado Juan Cambiaso, quién
es Presidente del Consejo de Desarrollo de la Escuela de Derecho de la
mencionada universidad.
FOTO ASESORES
Un punto muy sensible a la hora de
intentar comprender a que intereses responde una organización civil como la RAP
es su financiamiento. Su fundador Clutterbuck defiende a capa y espada el
mismo, jactándose de la supuesta independencia que le otorga cuando asegura: “Nuestra política poner un tope a las
donaciones individuales que podemos recibir (nadie hoy representa más del 5% de
nuestros ingresos), que no recibimos fondos de políticos o ex políticos y de
empresas controladas / vinculadas con ellos, y que tampoco nos permitimos
recibir aportes de empresas de medios de comunicación o de juego. Tenemos procedimientos internos para analizar
casos de sectores o empresas que sean susceptibles de cuestionamientos
legales”.
Su fundamentación parece una utopía
maravillosa, pero la realidad sobre
financiamiento de la RAP, según su propia página web está vinculada a
organismos internacionales, embajadas, empresas y bancos que apoyan la medidas
neoliberales. RAP es apoyada por organismos internacionales tales como la
Organización de Estados Americanos (OEA); el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD); la fundación
Rockefeller a través del Centro de Estudios de América Latina de
Universidad de Harvard; y las embajadas en Argentina de Estados Unidos,
Inglaterra; Australia y Nueva Zelandia, entre otras.
Entre las empresas que la financian
figuran Coca-Cola, Arcos Dorados
(McDonald´s), la financiera J.P. Morgan
–familia Rockefeller-, la minera Barrick Gold, el ingenio azucarero Ledesma y
los bancos Hipotecario, BBVA Francés, Galicia, HSBC y Santander Río. También la
sponsorean Telefónica de Argentina, Laboratorios Bagó y los gigantes
informáticos IBM, Microsoft, el grupo Techint
-familia Roca-, Pampa Energía –Marcelo Mindilin nuevo dueño de
IECSA-, Arcor, Pagani, AGD, de la
familia Urquia.
En 2008 se comenzaron a recibir los
primeros apoyos de organizaciones internacionales como ser de la Agencia de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) de España, de Avina, del
National Endowment for Democracy (NED), del Instituto Internacional Demócrata
(NDI), del New Zeland International Aid and Development Agency (NZAID),
Fundación Pablo Iglesias de España, del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y del United Nations Democracy Fund (UNDEF).
FOTO SPONSORS
Un punto notable son las embajadas que
auspician y apoyan financieramente a RAP, que singularmente están encabezadas
por la Embajada Británica. En segundo lugar aparecen las embajadas de Canadá,
Australia, Nueva Zelandia, y Sudáfrica, pertenecientes a la Mancomunidad
Británica de Naciones, las cuales suman cinco de las ocho embajadas que apoyan
a la RAP. A su vez las otras tres embajadas, las de Estados Unidos, Suiza, y
España, mantienen lazos más que amistosos con el Reino Unido de Gran Bretaña,
como pudimos apreciar en la mencionada guerra de Malvinas, cuyo contencioso que
le dio motivo aún no ha sido resuelto. Lo cual pone en evidencia de la
existencia de un sutil medio de penetración en nuestro país, por parte de la
potencia mundial que es nuestra adversaria en ese importantísimo conflicto.
Ahora bien para los simposios que la
propia fundación organizó en los últimos años, el destino fue único: Universidades de Estados Unidos.
Así fue que dichos encuentros se realizaron en Harvard (2010 y 2014), Columbia
(2012 y 2016), Georgetown (2015) y el
más reciente en febrero de este año en Stanford.
Según denuncia periodísticas tres de sus
integrantes Gabriela Michetti (vicepresidente de la Nación) Mónica Fein
(diputada socialista) y Margarita Stolbizer (diputada de 1Pais), dos meses
después del primer simposio en Harvard, participaron de reuniones reservadas en
el Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Mientras que
personal de la embajada argentina en Washington, del entonces Gobierno de
Cristina Kirchner, quiso participar de estos encuentros y no se le permitió
asistir.
Hay dos cuestiones por las que la Red de
Acción Política está bajo sospecha. Una es la participación de Alan Clutterbuck
en un escándalo con su consultora Poliarquía, de la cual es socio mayoritario.
La segunda cuestión afecta directamente a la RAP, es la participación de
políticos en una operación política que consistió en generar la crisis política
en Tucumán, con la denuncia nunca comprobada de fraude en las elecciones de
gobernador de 2015.
En el conflicto con Poliarquía,
Clutterbuck es copropietario de esta consultora junto al ex marido de
gobernadora María Eugenia Vidal y actual intendente de Morón, Ramiro Tagliafe-rro.
Durante la campaña electoral del 2015 se denunció la contratación por parte del
gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde trabajaba Vidal, de la consultora
Poliarquia, propiedad de su entonces marido Tagliaferro.
En el segundo caso, los integrantes de la
fórmula del Acuerdo Para el Bicentenario, José Cano y Domingo Amaya y el
diputado ruralista Juan Casañas, fueron señalados por ser los tres principales
protagonistas de los hechos supuestamente destituyentes que se vivieron en la
provincia de Tucumán, al denunciar un fraude que no fue comprobado. Estos tres
dirigentes pertenecen a la Red de Acción Política. Los sucesos comenzaron con
un reclamo de ruralistas (liderados por el diputado nacional Juan Casañas) que
sitió la céntrica Plaza Independencia por una treintena de tractores en reclamo
de rebajas impositivas y continuaron con las denuncias de “fraude electoral” y
de “asociación ilícita” en contra del gobierno de dicha provincia. Y
recientemente dos años después, la Corte Suprema desestimó de plano la posible
existencia de un fraude.
De esta manera, la RAP, que su presidente
Clutterbuck promociona como casi como una asociación altruista, en los hechos
es una organización con gran poder de lobby y acción, gracias al reclutamiento
de dirigentes y funcionarios públicos de distintas vertientes políticas. Una
especie de logia moderna, respaldada por los grandes intereses políticos,
económicos y financieros mundiales, con
la cual, gran parte dirigencia local se
ha encandi-lado gracias de los destellos de los simposios, seminarios, viajes
al exterior y encuentros con funcionarios de Estados Unidos.
A diferencia de las logias masónicas del
pasado, la RAP funciona de manera abierta, sin esconderse. Por el contrario
ostentándolo. Demostrado la naturalización que tenemos los argentinos respecto
la notable injerencia política que existe en nuestro país, por parte de los
poderes económicos locales y mundiales. Y de las potencias foráneas, incluyendo
aun a quienes son nuestros adversarios en conflictos en pleno desarrollo, como
es el caso del Reino Unido de Gran Bretaña en relación con Malvinas.
VIDEO POLITICOS DE LA
RAP
ARSAT A
HUGHES. VACIAMIENTO ILEGAL DEL PATRIMONIO NACIONAL -
Graciana Peñafort.
A ver si terminamos de una vez por todas
con que metemos todo lo que hizo en gobierno anterior en una misma bolsa y con
la excusa de la herencia y la corrupción tiramos todo a la basura; tal cual
hizo la Revolución Libertadora que no quiso terminar el Nuevo Hospital Alvear
que había iniciado Perón y el edificio, luego de ser una villa de emergencia
tuvo que ser derrumbado treinta años después y seguimos en 2017 con el mismo
hospital que hace cien años.
O como hace Rodriguez Larreta que
abandonó las obras de puesta en valor de la Confitería del Molino, patrimonio
histórico de Buenos Aires porque había sido iniciado en el gobierno anterior. Y
después se quejan cuando los comparan.
Tampoco se gobierna con caprichos; como
Macri y Carrio votaron en contra de la creación del Arsat ahora que gobernamos
nosotros, lo destruimos.
El capital accionario de ARSAT es
intransferible, salvo autorización del Congreso, Ley 27.208. También es
intransferible e inmodificable sin la previa autorización del Congreso la
utilización de los recursos de ARSAT. Los que firmaron la transferencia de
acciones de ARSAT cometieron un par de delitos.
También es intransferible e inmodificable
sin la previa autorización del Congreso la utilización de los recursos de ARSAT,
son recursos de ARSAT las frecuencias asignadas y los derechos de utilización
de órbitas para colocación de satélites. Ley 27.208. Y no solo tienen que pasar
por el Congreso, sino que además necesitan mayoría agravadas para su
autorización. Ley 27.208.
Ello porque por ley se declaró de
"interés nacional el desarrollo de la industria satelital". Las
órbitas geostacionarias son un recurso crucial para las comunicaciones de un
país y son un recurso limitado y valioso. Son recurso natural limitado, ya que
existen restricciones a la cantidad de satélites que pueden ubicarse en dichas
órbitas.
En los 90, las valiosas órbitas que tiene
asignada la Argentina fueron privatizadas en una escandalosa contratación con
Thales Espectrum "I". German Kammerath estuvo procesado hasta que
prescribió la causa por esa escandalosa privatización.
En el 2003 esa privatización fue anulada
por Nestor Kirchner. Estábamos a punto de perder el derecho de uso de esas
órbitas. En el 2005, justo sobre el plazo de la prórroga que teníamos para usar
esas órbitas o perderlas, se las rescató con un satélite. El satélite era
canadiense, no funcionaba, pero evitó que la Argentina perdiera el derecho de
uso.
Después de ello vino la creación de ARSAT,
nuestros propios satélites y la política de soberanía satelital. Todo lo que
ahora quieren privatizar.
A raíz de esto, una organización no
gubernamental denunció al presidente Mauricio Macri y otros cuatro funcionarios
"por abuso de autoridad y administración fraudulenta" a raíz del
acuerdo que firmó la estatal Arsat con la firma estadounidense Hughes. Los
directivos del Instituto Arturo Enrique Sampay apuntaron contra Macri así como
el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad
y el presidente y vice de Arsat, Rodrigo de Loredo y Henoch Aguiar.
AHORA EL
TURNO DE FABRICACIONES MILITARES
Después de haber cumplido con la misión de
restablecer el orden habitual para el “perio-dismo” dominante y garantizar los
negocios de los cárteles de medios, Oscar Aguad salió del Ministerio de
Comunicaciones como si hubiera dejado una bomba en su interior que pulverizó la
cartera mientras se mudaba a Defensa.
Las perspectivas para el gobierno nacional
sobre su flamante gestión deben ser muy altas, ya que haciendo gala de una
ignorancia supina en materia de comunicación, logró cumplir todas las órdenes
del presidente y del Grupo Clarín, incluyendo la fusión entre Tele-com y
Cablevisión, y la participación necesaria en la condonación de la deuda del
Correo Argentino a la familia Macri.
El radical Julio Martínez, que dejó el
Ministerio de Defensa abandonó una escandalosa gestión con reclamos silenciados
sobre vaciamiento sostenido en las cinco plantas de Fabri-caciones Militares.
Luego de anunciar a los gremios que sólo
se dedicarían a producir material balístico, se confirmaron los cierres del
Proyecto Vagones; la suspensión de la continuidad del convenio con INVAP para
la fabricación de radares; la suspensión de la continuidad de convenio con YCRT
para la fabricación de arcos para galerías y tubos de aireación para la
ventilación; la no renovación del convenio con Yamana Gold-MASA para la
provisión de servicios de voladura en la mina Gualcamayo (San Juan). Se estima
que sin el sostén de esos contratos se discontinúe el resto de las plantas de
explosivos, y se garantice sólo la mínima pro-ducción de pólvoras para
actividad privada y para las Fuerzas Armadas. La gran mayoría de los proyectos
conjuntos con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la
Defensa (CITEDEF) han sido parados o discontinuados. En concreto, se trata de
una inminente caída de facturación de $ 515 millones de pesos, con una pérdida
de cerca de 700 puestos de trabajo, sin contar el personal de apoyo y de
administración, con lo que se estaría llegando a más de 800 empleados menos.
La Dirección General de la Empresa Estatal
FM significó históricamente el rumbo de la industria nacional en cuanto a desarrollo
industrial, siderúrgico, petroquímico, minero y de explotación en todo el
territorio. Contando en su mejor momento con 14.500 trabajadores, divididos en
17 fábricas y establecimientos, además de la sede central, conformaba gran
parte de las áreas más importantes del país en metalúrgica, mecánica, química y
extractiva minera, contado además con participación accionaria en relevantes
sociedades mixtas.
El total de trabajadores en FM es de 2172,
con sólo un 20% de empleados en planta permanente. Existen irregularidades como
deudas en pagos a proveedores, falta de insumos de seguridad e higiene, desfinanciamiento
de distintas áreas y de varios programas especiales.
El recorte presentado para el año en curso
comenzó en 2016, y rondará los $8.929,3 millones de pesos al final de 2017.
Pero, más importante que el volumen del recorte es hacia dónde se dirige: en
2016, el 80,3% del presupuesto reducido recayó sobre las partidas destinadas a
Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa; en 2017, será otro 10% más.
En
enero de 2016, 140 empleados fueron despedidos, en el marco del primer achique
general del macrismo contra el Estado Nacional en todas las áreas.
La intranquilidad no sólo surge del ajuste
en marcha, sino de una clara intencionalidad de precarizar aún más la situación
laboral, y la decisión política de privatizar y/o tercerizar los servicios que
en la actualidad brindan estas instalaciones fabriles, en línea con la política
general del Gobierno de Mauricio Macri.
LA RENTA FINANCIERA
NO SE TOCA - Claudio Zlotnik
El ministro de Hacienda recurrió al
presidente Macri para que la AFIP diera marcha atrás con una medida que ya
estaba generando volatilidad. Mientras Abad está presionado por aumentar la
recaudación, hay diferencias conceptuales en el equipo económico sobre si
corresponde aplicar el impuesto a la renta financiera.
Nicolás Dujovne no lo dudó: pidió una
comunicación urgente con la Quinta de Olivos para que el Presidente supiera, de
primera mano y sin intermediarios, el serio conflicto que había armado una
resolución de la AFIP que había puesto en marcha un gravamen a la renta
financiera. El ministro de Hacienda fue explícito en su diagnóstico: le dijo
directamente que la reglamentación de una ley del año 2013 era un despropósito
que había mellado la confianza de los inversores internacionales. Nada menos,
en momentos en que el Gobierno necesita de los aliados y no quisiera abrir
nuevos flancos en medio de la campaña electoral.
La decisión de la AFIP de cobrarles
Ganancias (con una alícuota del 13,5%) a los inverso-res que hayan comprado y
vendido acciones de empresas argentinas, con retroactividad al 2013, provocó un
tembladeral en la City porteña y los ecos llegaron hasta Wall Street. Hubo
derrapes en los precios de los papeles cotizantes y una súbita alza del tipo de
cambio. La medida, aparecida en el Boletín Oficial, coincidió con la
declaración de Mario Quintana (vicejefe de Gabinete y uno de los integrantes de
la "mesa chica" del Presidente) a favor de gravar la renta
financiera.
"El sistema impositivo castiga al
trabajo y a la inversión productiva y no grava la renta financiera".
"Por lo cual, hay que bajar la carga tributaria integral y hacer que cada
vez pague más gente. En eso estamos trabajando", había dicho Quintana
horas antes de la novedad de la AFIP. Los inversores sumaron uno más uno,
unieron ambas noticias, y creyeron que el Gobierno les había declarado la
guerra. Impensado en un gobierno de Macri, pero esa fue la percepción del
mercado.
VAN POR TODO
Productores de peras y manzanas del Alto Valle
de Neuquén y Río Negro en alerta. El vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui,
consideró que en esa zona “se han quedado produciendo fruta que no es la que
hoy pide el mercado” y que su salida es “una gran reconversión de plantas”.
¿Dice la verdad el mal parido Lopetegui?... Mientras al productor argentino le
pagan dos pesos ($.2) por kilo de manzana consechada y un peso ($.1) por kilo
de pera, abren la importación comprándole manzanas de menor calidad a los
chilenos.
La respuesta del vicejefe está en sintonía
con lo que se viene hablando en las reuniones de seguimiento con los
funcionarios de Agroindustria. Hace algunos meses, en un encuentro en Gobierno,
el mismo Lopetegui había reconocido que había “poco por hacer con la situación
del Alto Valle”.
EL FONDAGRO NO ARRANCA. A la postura del
Gobierno para con el Alto Valle, la más complicada de las economías regionales,
se suma que el Fondagro, el fondo creado bajo la órbita del Ministerio de
Agroindustria con parte de la baja menor de las retenciones a la soja que había
prometido Mauricio Macri, no arrancó. El titular de Agroindustria, Ricardo
Buryaile, había apostado a ese fondo para mejorar la situación de las economías
regionales, lo que el mismo considera “la principal asignatura pendiente” de su
gestión. Pero el ministerio de Hacienda, que conduce Nicolás Dujovne, demora el
ingreso de los fondos. Según pudo reconstruir este medio, hace tres semanas, en
la última reunión de Buryaile con los funcionarios provinciales del sector, el
ministro le reconoció a un grupo de su confianza que sólo tenía 250 millones de
los 1.300 que Fondagro tiene para administrar. Esta demora no es la primera
para el Fondagro. El decreto de su creación, publicado en febrero, señala que
el Fondo iba a administrar 1.700 millones de pesos. Pero en junio un decreto
con la firma de Dujovne y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aprobaron un flujo
financiero para 2017 de 1.300 millones, lo que implicó un recorte de 400
millones con respecto al plan inicial.
MALESTAR EN LAS PROVINCIAS. El 23 de mayo,
Buryaile anunció un fondo para el Alto Valle de 540 millones de pesos, de los
cuales 300 millones iban a salir del Fondagro. “Pasaron dos meses y no tenemos
nada, nos dicen que ya sale, que nos van a llamar en breve para ir a firmar,
pero no pasa nada”, dijo Sebastián Hernández, presidente de la Federación de
Productores del Alto Valle. “Por un lado nos dicen que tenemos que
reconvertirnos, pero eso está en proceso, muchos productores tienen fruta
variedades y calidad que tampoco tiene mercado, acá el tema es que los costos
laborales y la presión impositiva son del 32 por ciento del precio nuestro
cuando en Chile son del 2”, destacó el productor.
Al Alto Valle se suma la situación de
Santa Fe y Córdoba. El ministro de Producción santafecino, Luis Contigiani,
contó a Letra P que le deben 200 millones del Fondagro. “El anuncio fue en
marzo, pero de los 250 millones sólo llegaron 50, estamos pagándole a los
tamberos con aportes de la provincia, pero tampoco sabemos cuándo va a llegar
la plata”, dijo Contigiani.
La situación es similar en Córdoba,
provincia con mejor sintonía con la Casa Rosada que Santa Fe. Al ministro de
Agricultura, Sergio Busso, le habían prometido 100 millones para tamberos, pero
la plata todavía no llego.
ESTADO
AGUANTADERO - Javier Llorens
Cuando surgió el problema con la fallida
negociación del grupo Macri por la deuda del Correo; se encontraron con otro
obstáculo, consistente en el dictamen que emitió el Procu-rador Carlos Balbín.
Razón por la cual en 48 hs el presidente Macri lo hizo volar de su puesto, y
puso a cargo de ella al abogado del grupo Macri, Bernardo Saravía Frías. Quién
se encargó de adulterar el dictamen de auditoría acorde con las necesidades del
grupo, con la sospecha incluso de que podría existir una falsificación de sus firmas.
Como consecuencia de sus obligaciones
institucionales, la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Balbín, ordenó que
se concretara un sumario administrativo para esclare-cer cómo fue que se llegó
al acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino impugnado por la fiscal
Boquín. Y un informe de la Dirección de Auditoria para evaluar la actuación de
los representantes del Estado, en la causa judicial del concurso de Correo
Argentino desde su inicio en el 2001, en sus incidentes, y en las demandas
paralelas concretadas por Correo Argentino contra el Estado.
Esto no fue solicitado por el Gobierno,
sino a pedido del Fiscal Nacional de Investigacio-nes Administrativas, Sergio
Leonardo Rodríguez, como consecuencia de lo requerido por la fiscal Boquín en sus distintos
dictámenes. Abriéndose así un flanco imprevisto para el Gobierno, en el cual
otros ojos no aparentemente cómplices iban a revisar lo sucedido a lo largo de
dos décadas.
El 10 de abril ese informe de la Dirección
de Auditoría estaba terminado, y su contenido en lenguaje jurídico habría sido
muy severo respecto al Correo Argentino. Lo que habría lleva-do al
convencimiento del procurador Balbín,
que la única solución posible era que el grupo Macri renunciara a sus
pretensiones. Opinión que insinuó en un Memorandum que lleva su firma, de fecha
21 de abril, recomendando el estudio de medidas que podían llevar a la quiebra
a Correo Argentino, con el peligro que ella se hiciera extensiva a todo el
grupo Macri.
No obstante esta tesitura evidentemente
causó repulsión al presidente Macri, que optó expeditivamente por remover de un
plumazo a Balbin y sus adjuntos. En una desesperada defensa de los intereses
del grupo familiar, pese a las obligaciones de total prescindencia que tiene
con motivo de su cargo. Por ello intempestivamente, 48 horas después, el
domingo 23 de abril, el Gobierno anunció que el Procurador Balbía había
renunciado a su cargo, para pasar a desempeñarse como embajador de los Derechos
Humanos, puesto en el que previa-mente se había desempeñado el ex presidente de
la AGN Leandro Despouy. No obstante luego, primero por trascendidos y después
por las confirmaciones, la cuestión de risueña se tornó en malévola. Ya que se
confirmó que no existió tal ascenso para Balbin, al que este se negó, sino un
requerimiento compulsivo de renuncia, sin dar mayores explicaciones. Luego
también trascendió que ello fue porque en la Procuración necesitaban “un
abogado, no un juez”. Lo cual se podría traducir que necesitaban un cómplice,
no un funcionario.
En su reemplazo el Presidente Macri puso
a cargo de la Procuración a Bernardo Saravia Frías, integrante del estudio del
mismo nombre, que tiene como cliente al grupo Macri. Y por esta razón Balbín no
había aceptado designarlo como procurador adjunto en la oportunidad en que
aceptó el cargo, por los evidentes conflictos de intereses que acarreaba.
El 4 de mayo, el mismo día en que Saravia Frías
se hizo cargo de la Procuración, este le habría requerido al director de
Auditorías García, una aclaración respecto el punto 6 de las “Conclusiones” de
su informe de auditoría “El Acuerdo Cuestionado”. Cuya lectura asombra, porque
parece estar lejos de la postura del Procurador Balbín expuestas en su
Memorandum del 21 de Abril, que se inspiró supuestamente en dicho informe del
director García.
En concreto, la lectura atenta de ambos
textos, el Memorandum de Balbín, y el informe de García, revela la existencia
de una adulteración en el contenido del informe del director Garcia, mediante
agregados y mutilaciones.
Puestas en evidencia estas últimas, por el
simple hecho de que las mayorías de las citas de contenido picante que Balbin
reprodujo textualmente en su Memorandum, atribuyéndolas al informe de García,
han desaparecido y no figuran en la versión de este dada a conocer al público.
Así el Memorandum de Balbín se ha transformado en un sorpresivo testigo, que
delata la maniobra de falsificación impulsada o concretada por el flamante
auditor Saravia Frias. El documento original ha sido adulterado a favor del
Grupo Macri.
La primera observación visual que surge,
es el borroneo de la fecha de la Auditoria principal, en contraste con la
complementaria. Y la segunda observación es la notable diferencia existente
entre las firmas de ambas, notándose en el caso de la auditoría principal un
trazo mucho más débil, y con evidentes diferencias respecto la auditoría
complementaria.
De su cotejo lo mínimo que se puede decir,
es que no fueron firmadas ambas en el mismo momento. O sea que existen
diferencias epocales, que hace presumir que pese a llevar la misma fecha 10 de
abril, la de la auditoría adulterada habría sido colocada días después,
antidatando la fecha, para simular que no existieron modificaciones en el
informe de auditoría sobre el cual confeccionó su Memorándum el Procurador
Balbín. Y lo máximo que se puede decir, es que podría es falsa la firma de la
adulterada auditoría principal, en la que se han insertado contenidos
claramente a favor del grupo Macri.
Así como culminación de veinte años de un
estado aguantadero de los negocios y las desmesuras del grupo Macri, la misma
Procuración del Tesoro se habría transformado en un aguantadero de este grupo.
Que quedaría en una situación muy delicada, si se decretara la quiebra del
Correo, y ella se hiciera extensiva a sus otras empresas.
EL JUICIO DE
AEROLINEAS – Argentina today
No fue Marsans, fue Mauricio Macri. El
fallo del Ciadi condenando a Argentina a pagar casi 400 millones de dólares fue
obtenido por el estudio de Diego y Alejandro Fargosi. Alejandro es el abogado
macrista que representó al PRO en el Consejo de la Magistratura y que fue
barajado como postulante a la Corte Suprema. Los ex dueños privados de
Aerolíneas Argentinas vendieron el juicio porque uno de sus socios está preso
en España por estafa. La demanda fue comprada por un Fondo Buitre patrocinado
por Fargosi, quien se reúne habitualmente en la Rosada con Macri, José Torello
y Fabián Rodríguez Simón para planificar operaciones en la justicia.
El abogado patrocinante de la empresa
Marsans que obtuvo un fallo favorable del Ciadi contra la Argentina es
Alejandro Fargosi, que llegó al Consejo de la Magistratura de la mano de
Mauricio Macri y su operador judicial Fabián Rodríguez Simón. Fargosi tuvo una
actuación privilegiada en lograr que se sobreseyera a Macri en la causa de las
escuchas, cuando el mismo Macri y el senador Federico Pinedo organizaron con él
una maniobra para el nombramiento de jueces y fiscales. El abogado macrista,
amigo de José Torello y Pablo Clusellas, compró el juicio que llevaban adelante
los españoles contra el gobierno argentino junto al Fondo buitre Burford
Capital en una operación que fue denunciada por la Procura-duría de
Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ante la Cámara Federal
porteña en una causa que aún no tiene resolución.
Fargosi, un abogado que gracias al lobby del
Pro y el radicalismo, ocupó la presidencia del “Colegio” de Abogados de la
Capital Federal, y su estudio es hoy el patrocinante, entre otras firmas, de
Fibertel. También participó de la famélica marcha frente a Comodoro Py el
pasado 20 de junio en un intento por presionar a los jueces para que avancen en
causas contra el anterior gobierno.
Claro que el estudio Fargosi tuvo una
ayuda inestimable. El gobierno de Mauricio Macri nombró como vicepresidente de
la aerolínea estatal a Siro Astolfi, socio del estudio Bruchou, Fernandez
Madero & Lombardi, que fue quien inició la causa en el CIADI contra
Argentina. Ahora, el abogado de Marsans en la quiebra y quien colaboró en el
vaciamiento de la aerolínea argentina cuando estaba en manos de los españoles,
tiene a su cargo la operatoria de la empresa estatal.
El presidente Mauricio Macri se apresuró
ayer a culpar a la anterior gestión por el fallo del Ciadi. Lo cierto es que en
ese tribunal internacional dependiente del Banco Mundial, las causas que llegan
suelen ser de empresarios amigos del gobierno, incluso la propia familia Macri
tiene allí varias causas contra Argentina. Los estudios que los representan son
también parte de las alianzas del gobierno, como en este caso Fargosi o en
otros Bonchill y Asociados, los mismos que armaron empresas offshore para la
familia Macri.
Alejandro Fargosi fue denunciado junto a
Marsans por la Procelac en junio de 2015 por una maniobra fraudulenta por la
cual los españoles habían vendido el juicio ante el Ciadi al fondo buitre
Burford Capital. El fiscal Carlos Gonella explicó entonces que “se encontró un
contrato entre Marsans y Burford, donde el fondo buitre le compra al grupo
español el juicio que está llevando ante el Ciadi por la expropiación de
Aerolíneas Argentinas”, y añadió que “en esta operación también figura el
estudio de abogados Fargosi y Asociados”.
Horacio y Diego Fargosi no solo fueron
abogados del Grupo Marsans, sino también directores y gerentes de Aerolíneas
durante la gestión de Antonio Mata. Los dos fueron imputados tanto en la causa
por el vaciamiento de la empresa como por la viuda del piloto fallecido en el
accidente de Austral. Sus artilugios jurídicos no lograron salvar a Mata y
Gerardo Díaz Ferrán de ir a prisión en España por las maniobras fraudulentas
con la aerolínea.
Los funcionarios hicieron una denuncia
ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires para que se abra una
investigación al respecto y se condene a los implicados, tanto Marsans, como
Burford y Fargosi y Asociados. El fiscal Gonella remarcó que “la Argentina no
sólo no debe nada, sino que hasta puede reclamar a Marsans unos U$S 1.000
millones por su gestión en Aerolíneas”.
Fargosi actúa en el Ciadi a través del
fondo Burford Capital, que también patrocina a Repsol en el juicio por YPF.
Marsans inició el juicio en el Ciadi por el congelamiento de las tarifas
durante la gestión española y por la expropiación llevada a cabo en 2008 por
parte del gobierno argentino.
El grupo español gestionó Aerolíneas entre
2001 y 2008, periodo durante el cual generó un vaciamiento de la compañía que
la llevó a una virtual quiebra, de la cual salió con la estatización de la
misma, aunque Marsans dejó una deuda de 908 millones de dólares, que son los
acreedores que podrían accionar contra la Argentina en caso de que el Ciadi le
diera la razón en su reclamo. Pero al tener un acuerdo secreto con el fondo
buitre, el pago se haría en una cuenta de la cual no podría cobrarse la deuda.
CONCLUSIONES
Dos cosas quiero recalcar de estos días.
La primera es una declaración de Macri en una suelta de globos amarillos en
Mendoza. Allí, refiriéndose a que vamos a salir, hizo referencia que como
presidente de Boca Juniors le costó dos años. No se puede ser mas hipócrita.
Eso lo pinta como persona.
Antonio Alegre, su predecesor en el cargo
recibió un club endeudado y en convocatoria de acreedores, con el estadio
clausurado por la municipalidad. Se recuerda la anécdota cuando no tenía
camiseta alternativa y salio a jugar con una blanca pintados los números con un
marcador.
Le entregó el club a Macri sin deudas, la
convocatoria levantada, el estadio habilitado y con la adquisición de los
terrenos de Casa Amarilla. Es de muy rastrero decir lo que dijo de alguien que
no se puede defender. Pero aún, cuando asumió reconoció haber recibido un club
ordenado. Me llama la atención que Heller, que era vicepresidente, no haya
salido a cruzarlo.
La otra es la prisión del contador
Manzanares. Cometió un delito económico dentro del juicio que tramita el juez
Bonadío. Posiblemente le corresponda estar detenido, pero no hizo lo de Cavallo
ni Martínez de Hoz. Hago esta referencia por el circo montado cuando era
trasladado; chaleco antibala, casco, esposado, tres carros de asalto,
patrulleros, motos y no se cuantos policías. Te pregunto, Patricia; si esta es
la forma de tratar un delincuente de tono menor como será el operativo con un
jefe narco? Te faltó únicamente hacer el operativo en el Circo Rodas. Otra
cosa, te queda bien la ropa de combate, se nota que extrañas tus épocas de
montonera.
Ya está archi demostrado quien gobierna y
cual es el destino que nos tienen deparado. Tampoco hay dudas que la clase
dirigente completa es un elenco de actores de reparto cuya función no es otra
que difundir mentiras, ocultar la verdad y sobre todo encubrir la complicidad
entre todos los sectores, simulando enfrentamientos ficticios.
Del mismo modo no se puede dudar que las
intenciones del actual gobierno que no se diferencian en nada con el anterior;
seguir robando a manos llenas, encubrir todo lo que hacen no respetando leyes,
adulterando documentos, echando a funcionarios que osan manifestar alguna
disidencia.
El juego está a la vista y las cartas
están echadas. El pueblo argentino está mas solo y abandonado que nunca. La
conjura de la mentira y la conspiración del silencio se derrama sobre la
totalidad del territorio como una mancha de aceite. Han logrado su cometido;
dividir la sociedad con una grieta afín a sus intereses. Tanto los negros de
mierda como el medio pelo son engañados sin ningún tipo de pudor. Han
consolidado el pacto liberal marxista que no es otra cosa que una confabulación
de ricos y pobres. Ricos que gozan de los privilegios de la clase a quien van
dirigidas las medidas de gobierno y pobres a quienes les han quitado la
dignidad, la educación, el sentido de movilidad social; dejándole como único
recurso de sobrevivencia la asistencia estatal.
En el medio está, quizá, la mitad de la
población; aquella que se resiste a ser asistida y que no tiene privilegios de
clase. La que no es representada por ningún político y es fácil determinarlo.
Ninguno propone reemplazar asistencia por trabajo y terminar con los
privile-gios. Lo único que prometen es agrandar la grieta y anunciar lo que
saben que no pueden cumplir, porque su agenda es la de la élite global. Y la
élite global quiere esta Argentina; no la que esté de acuerdo a sus
posibilidades o a los sueños de su población.
El futuro está a un paso; no porque seamos
apocalípticos. El sistema colapsó. La socie-dad tiene en la memoria la gestión
anterior de distribución sin generar riqueza y la actual del saqueo concentrado
en pocas manos. Alguien ofrece una nueva alternativa? Sin generar riqueza bien
distribuida vamos al choque mas tarde o temprano. Es la lucha de la voracidad
del capitalismo contra el hambre de la gente; en algún momento se va a cortar.
Posiblemente sea parte de la estrategia
del sistema; el accionar de los últimos cincuenta años parece demostrarlo. Sea
por estrategia del sistema, por la corrupción o la incapacidad de los
gobernantes el final es el mismo.
No se puede seguir prometiendo repartir lo
que no se tiene o decir que las inversiones van a derramar crecimiento. No
podemos ser tan ingenuos; es muy pronunciada la cuesta. O cambiamos el sistema
de remontarla o la necesidad va a hacer volar todo por el aire.
