Desde sus orígenes, a Mauricio
Macri se le atribuyó encabezar una gestión "privatista" en la Ciudad
de Buenos Aires, por su inclinación a tercerizar tareas y servicios propios del
Estado. En el PRO insisten con que esa afirmación es falsa. Incluso, llegan a
invocar una supuesta defensa de lo público. Sin embargo, un relevamiento
realizado por Tiempo Argentino demuestra exactamente lo contrario. El mapeo,
efectuado en distintas áreas, comprueba que en todos los sectores del gobierno
porteño opera la misma matriz: el privilegio de la gestión privada por sobre la
pública.
Entre las carteras más afectadas
por esta situación se encuentra, casualmente, Espacio Público. Un claro ejemplo
es lo que sucede con el mantenimiento del arbolado de la ciudad, en manos
privadas desde 2009. Ese año, la licitación pública Nº 48.238 dividió el suelo
porteño en cinco zonas, adjudicadas a las firmas Mantelectric ICISA, Ecología
Urbana SRL, Casa Macchi SRL y Zona Verde, que se encargan de la poda y la
extracción de árboles en distintos barrios de la Capital Federal por un total
de
$ 13,5 millones al año.
Otro tanto sucede con la
pavimentación. Hasta 2008, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI) era
la dependencia estatal encargada de las tareas de bacheo en territorio porteño.
Pero con la llegada del PRO a la jefatura de gobierno, unas diez empresas
–entre ellas, importantes contratistas como Ricavial SA, Coarco SA y Vezzato
SA– se hicieron cargo del servicio a un costo mucho mayor. Mientras tanto, la
Ciudad cuenta con una usina, ubicada en la Avenida Castañares, capaz de
producir mil toneladas de asfalto por día que no está funcionando.
Esta línea política también avanzó
para beneficiar a las empresas encargadas del servicio de alumbrado público, un
sector que está concesionado desde hace años. El macrismo no modificó esa
situación, por el contrario, los expedientes Nº 1.202.473 y Nº 805.277, de 2010
y 2011 respectivamente, abrieron una millonaria licitación pública que otorgó
el servicio, nuevamente, a seis empresas. De esta forma, la ya mencionada
Mantelectric recibió casi $ 90 millones; la UTE conformada por Autotrol SACIAFE
y Construman SA se hizo con $ 50 millones; Lesko SACIFA obtuvo $ 42 millones;
Ilubaires SA, $ 42 millones; y Sutec SA, $ 43 millones.
Algo similar sucede con la
recolección de residuos, otro de los servicios históricamente concesionados,
hoy en manos de Cliba, Aesa, Urbasur, Nittida, Integra y Galu. Aunque los
contratos están vencidos, el PRO viene otorgando cada vez más beneficios a
estas empresas. Por ejemplo, este año se pretende aumentar en
$ 1000 millones el presupuesto
porteño para la higiene urbana. Al mismo tiempo, el único organismo público que
interviene sigue perdiendo participación. Se trata del Ente de Higiene Urbana
(EHU), que se ocupa de la recolección en Villa Soldati. El EHU tiene un gasto
mucho menor al de los privados: entre 2008 y 2012 aumentó sus costos un 42%,
mientras que los privados lo hicieron en un 102%. Pese a eso, en 2011 la comuna
redujo la influencia del EHU a una porción más pequeña y entregó el territorio
libre a la firma Galu.
Otro sector golpeado por la
avanzada privatista es la Educación, y no sólo por los privilegios otorgados a
las escuelas privadas por sobre las públicas. Una muestra es lo ocurrido en el
área de mantenimiento. Hasta la llegada de Macri al poder, los subsidios para
arreglos y refacciones eran girados directamente a las cooperadoras de cada
unidad educativa. Según informaron desde la Unión de Trabajadores de la
Educación (UTE), a partir del año pasado la tarea fue delegada a distintas
compañías que se encargan de controlar y administrar estas obras. De acuerdo
con la información a la que accedió Tiempo, entre las concesionarias a cargo
del distrito escolar Nº 19 se encuentra SES SA, firma que en 2011 recibió $
32,7 millones para reparar las escuelas de varios barrios. Por entonces, su
principal accionista era Caputo SA, una constructora perteneciente a Nicolás
Caputo, amigo y asesor personal de Mauricio Macri.
En el sector sanitario, la
provisión y distribución de medicamentos a los efectores del Ministerio de
Salud también fue puesta en manos de actores privados. En diciembre de 2009, el
PRO cedió el control de este servicio a la UTE integrada por Progen SA, Disval
SRL y Proveedores Hospitalarios SA. Este grupo, favorecido por la licitación Nº
18-DGCYC, fue contratado por un año a cambio de $150 millones. En enero de
2011, el acuerdo se prorrogó por seis meses, por $ 75 millones, y en julio se
extendió tres meses más, por $ 28.284.000. Finalmente, con la licitación Nº
2/UPE-UOAC, Progen volvió a ser elegida para abastecer a los hospitales y
centros de salud de la Zona 1, por $ 49.227.827.
El área de Salud Mental también
sufrió un proceso de privatización. A comienzo de 2012, Macri emitió la
resolución Nº 52/2012 y llamó a licitación pública para el "servicio de
internación prolongada de pacientes psiquiátricos y gerontopsiquiátricos, con
atención médica integral en salud mental". Un amplio abanico de
organizaciones y asociaciones profesionales del campo de la medicina publicaron
un documento en el que criticaron la decisión, ya que "se derivan dineros
públicos hacia el sector privado" y se contradicen normas locales y
nacionales. El informe "Ciudad de Buenos Aires: La salud mental
vulnerada" sostiene que el PRO "intenta tercerizar la atención".
Esto, pese a que la Constitución local prevé la creación de una red de
servicios y protección que garantice la atención de los ciudadanos en
establecimientos estatales. Además, la carta magna expresa que "no se
pueden ceder recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas
con o sin fines de lucro". La Mesa Permanente Intersectorial de Salud
Mental y la Asociación Argentina de Salud Mental, entre otras organizaciones,
concluyeron que "esto, sin
eufemismos, implica la privatización del sistema de salud mental". La
oposición que despertó el proyecto provocó que, por el momento, la licitación
se suspendiera.
Una iniciativa del legislador
macrista Cristian Ritondo también intentó iniciar un proceso de privatización
en el SAME. Se trata del proyecto de Ley 743D12, que buscaba "el
ordenamiento de la actividad de los sistemas terrestres de ambulancias que prestan
servicios de atención médica extrahospitalaria de urgencias y
emergencias". En concreto, se pretendía establecer un nuevo marco y
derogar la Ley N° 1850, que rige sobre el sistema de ambulancias. Para la
oposición, fue un intento solapado por privatizar el servicio. La propuesta,
que acabó frustrada, sólo legislaba sobre una prestación de tipo privado, no
hacía mención al SAME y fijaba como autoridad de aplicación no al Ministerio de
Salud, sino al de Justicia y Seguridad.
Precisamente, el de Seguridad fue
otro de los sectores afectados, lo que quedó en evidencia cuando el gobierno
nacional decidió retirar a la Policía Federal de diferentes dependencias
públicas porteñas, como escuelas y hospitales. En lugar de cubrir las vacantes
con la Metropolitana, Macri dijo que no tenía suficientes agentes y contrató
seguridad privada. Lo hizo con una licitación por cuatro años y $ 528 millones,
con la que fueron contratados 1100 hombres para custodiar 330 edificios. A la
Federal el PRO le pagaba
$ 3,5 millones mensuales. En
cambio, las agencias de vigilancia le cuestan $ 11 millones.
Por otra parte, el pago de los
sueldos de más de 1000 efectivos de la Metropolitana también fue privatizado.
Sucede que en octubre de 2011, el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro,
resolvió que los agentes cobren su salario en un banco privado, el Galicia, y
no en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, como el resto de los municipales.
El PRO quiso volver a aplicar el
mismo sistema en julio pasado, pero en una escala mucho mayor: el objetivo
fueron las 124 mil cuentas bancarias operadas por el Ciudad para el pago de
sueldos a empleados porteños. Así, se pretendía que unos $ 8424 millones
anuales fueran controlados por la banca privada. La jugada quedó en evidencia
cuando se intentó abrir una licitación para ofrecer a los principales jugadores
del mercado financiero el "Servicio Bancario para el Pago de Sueldos
mediante acreditación en Cuenta con Tarjeta de Débito". El rechazo de la
oposición hizo que la iniciativa, por el momento, esté frenada.
Esta matriz también impacta sobre
áreas, por así decirlo, menos tradicionales. Es el caso de un evento realizado
en octubre pasado, donde el gobierno porteño gastó casi $ 6 millones para
montar un congreso de ciudades digitales que duró apenas dos días. Aunque la
comuna cuenta con un centro de congresos y exposiciones en Recoleta, además de
distintos teatros en pleno centro, el Ministerio de Desarrollo Económico cedió
la administración del evento al Grupo SyG, del broker inmobiliario Silvano
Geler.
La oposición al macrismo calificó
como "sospechoso" el proceso de contratación y ya presentó un pedido
de informes. Sucede que la empresa de Geler fue la única oferente, sin ningún
competidor en la compulsa de precios. En los primeros diez meses del año, SyG
se alzó con cuatro contratos de la misma forma, por un total de $ 12,1
millones. Su último logro fue el 5 de octubre pasado, cuando el PRO confirmó
por el Boletín Oficial la cuarta licitación a favor de esta empresa: la
preadjudicación, por cinco millones de pesos, para organizar Buenos Aires
Futura 2012, a realizarse del 23 al 25 de noviembre. «
Acuerdos con el multimedios
Desde que es gobierno en la
Ciudad de Buenos Aires, el PRO cerró contratos millonarios con el Grupo Clarín.
Por ejemplo, poco antes del comienzo del ciclo lectivo 2011, firmó un
convenio con el multimedios para
realizar el Plan de Educación Digital, del Ministerio de Educación porteño,
para entregar netbooks a 156 mil alumnos y notebooks a 16 mil maestros de
escuelas primarias. La adjudicación fue para Primera Red Interactiva de Medios
Argentinos SA (PRIMA), empresa de Clarín, con
un contrato de cinco años por 274,3 millones de dólares.
No fue la única ocasión en que el
PRO negoció con el monopolio. En 2010, la Fundación Noble brindó cursos en el
área de Educación a través de CEPA, la Escuela de Capacitación Docente porteña.
Otro tanto sucedió en el área de
Cultura. En 2010, con una contratación directa, Macri entregó a Clarín,
representado por las empresas Arte Gráfico Editorial Argentino y Arte
Radiotelevisivo Argentino, la exclusividad para emitir la fiesta inaugural del
Teatro Colón y todos los eventos que se realicen allí hasta el 2012.
El caso de los predios públicos
En la Ciudad de Buenos Aires
existen 94 privados que gozan del uso de espacios públicos altamente
redituables sin abonar un solo peso, gracias a que así se estableció en el
momento en que les fueron concedidos.
Entre los privilegiados figuran
desde famosos restaurantes, locales bailables y clubes, hasta asociaciones
civiles, playas de estacionamiento y terrenos bajo autopista. También hay
grandes firmas, como Multicanal SA, del Grupo Clarín, o la compañía Transporte
Automotor Plaza, de la familia Cirigliano.
A esto se suma que 102 predios se
encuentran ocupados directamente de forma irregular, debido a que desde hace
años tienen las concesiones vencidas.
Por otra parte, hay importantes
empresas que pagan cánones irrisorios en función de los terrenos que controlan.
Por ejemplo, el poderoso Grupo IRSA hace uso del inmenso Buenos Aires Design
por apenas
$ 42.353 al mes.
La información se desprende de un
minucioso trabajo llevado adelante por la agrupación Colectivo por la Igualdad,
publicada en exclusiva por este diario en su edición del 16 de septiembre
pasado.
