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El
engaño de la reparación histórica a los jubilados (I) para ocultar dos
gravísimos affaires
Como una píldora dorada de cianuro, en un alarde
de plutocracia disfrazada de justicia social, la flamante ley jubilatoria
(27.260) a cambio de dar un magro e inconducente aumento a los “pobres”
jubilados, y de dejar a los gobernadores meter la mano en la caja del ANSES,
logró hacer pasar por el Congreso dos grandes aspiraciones de los ricos
cortesanos del poder.
Una es la compra de las acciones de empresas
privadas en manos de la ANSES, a las que las mismas empresas lideradas por
“Nicky” Caputo, propietario de Mirgor, procuran recomprarlas
fraudulentamente, con utilidades no distribuidas en los últimos años, que en
realidad corresponden a la ANSES.
Y la otra es la amnistía impositiva que les
asegura absoluta impunidad y secretismo a súper ricos, poderosos, y famosos,
con el grupo CLARIN y sus directivos a la cabeza, y otras notables empresas y
empresarios, respecto los ilícitos económicos, cambiarios, y fiscales que
habían perpetrado, y quedado expuestos flagrantemente en evidencia ante la
Justicia, por las filtraciones de Hernán Arbizu (JP Morgan CHASE) Hervé
Falciani (HSBC) y Panamá Papers.
Por Javier Llorens
Con bombos y platillos el gobierno presentó en
sociedad la ley de “reparación histórica los jubilados”, y aprobación del
convenio con las provincias, por la devolución del 15 % de la
coparticipación. Que en realidad revela ser solo una cobertura, para poder
hacer pasar por el Congreso, con el consentimiento de la opinión pública y
los gobernadores de provincia, dos temas explosivos presentados en segundo
lugar. A los que se abrochó con una ley ómnibus con la cuestión
jubilatoria, pese a que poco tienen que ver al respecto.
Uno es el cambio de los criterios para la
administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES,
acorde con las secretas aspiraciones de grandes empresas como Siderar, Macro,
CLARIN, Mirgor, etc, a los efectos que estás puedan recomprar las acciones
que están en manos del FGS. Operación que viene siendo liderada por “Nicky”
Caputo, propietario de Mirgor, vicepresidente del MERVAL, y casi “hermano”
del presidente Mauricio Macri, según la confesión de este.
La que tiene como trasfondo, que esas empresas no
distribuyeron en estos años utilidades que correspondían a la ANSES, por un
monto nominal de 20 mil millones de pesos. Lo cual en la práctica les
permitiría comprar las acciones que detenta la ANSES, con la platita del
ANSES. Ya que previsoramente los estatutos de las empresas en cuestión,
tienen cláusulas que determina como deberán hacerse módicamente esas recompras,
lejos de sus valores de mercado.
Y el otro es el “Régimen de Sinceramiento
Fiscal”, o blanqueo de capitales, que esconde una secreta y absoluta amnistía
para las notables empresas y personalidades encartadas en las listas negras
de Hernán Arbizu y Hervé Falciani, filtradas de los mega bancos JP Morgan
CHASE y HSBC, que estaban siendo investigadas por la justicia. Cuyo monto
evadido la AFIP estimó que trepaba a los 62 mil millones de pesos.
Escándalos al que se sumó a principios de este año
el de Panamá Papers, que involucra a las mismas empresas y empresarios
incursos en las listas de Arbizu y Falciani, con el grupo CLARIN a la cabeza.
Cuestión que para este grupo económico y otros resulta ser de una de
importancia esencial, porque de haber mediado una condena penal judicial,
ello habría derivado en una revocación de las licencias y concesiones
otorgadas a su favor por parte del Estado, además de la pérdida de su
prestigio y credibilidad.
Por esa razón la amnistía otorgada, palabra que
la ley vergonzantemente omite mencionar, pero que dispone expresamente al
remitirse al artículo del Código penal que la prevé, está revestida de un
súper secretismo, que repugna a la transparencia que debe existir en un
régimen democrático. Y previsoramente alcanza incluso a las causas radicadas
en la justicia, para que nadie pueda hacer filtraciones de ellas.
A esos efectos, inusitadamente, se intentó
incluso fijar multas astronómicas para quien lo violara, equivalente al monto
de lo evadido y blanqueado. Y para tratar de asegurarlo, se traspasó la UIF
(Unidad de Información Financiera) desde el ministerio de Justicia al de
Hacienda y Finanzas, que está bajo la órbita del Alfonso Prat Gay, no
obstante estar este involucrado en la causa judicial abierta por la filtración
de Falciani del HSBC.
Cuando en realidad, no es ni corresponde una
amnistía, al estar esta prevista para cuestiones de mucha mayor trascendencia
social. Y menos aún dirigida a favor de súper ricos, famosos, y poderosos,
que incurrieron en graves fraudes fiscales y cambiarios, gravemente
atentatorios contra el orden económico y social. Por lo cual la promesa para
un futuro por parte de cualquier partido político honesto, debería ser la de
revisarla, comenzando por derogar su antidemocrático secretismo.
En realidad se trata de una muy benigna
conmutación de penas, transformando las penas de prisión que corresponderían
al delito, por el pago de un módico importe que llega como máximo a un 15 %
de lo malhabido, para quienes hayan birlado y sacado del país, las divisas
indispensables para el funcionamiento de la economía. Y existe incluso la
posibilidad de evitar estos pagos, con solo indisponer algún tiempo de esos
dineros. La que a su vez ha sido disimulada disponiendo a la par una enésima
moratoria, para quienes hayan incumplido con sus impuestos internos en pesos,
que indudablemente estará lejos de ser la última.
Conmutación que además, inconstitucionalmente,
evidenciando la existencia de una vendetta política, excluye a quienes hayan
sido procesados, aunque esto no este firme, ni exista condena firme contra
él, como es el caso de Lázaro Baez. Que fue velozmente maltratado por la
justicia por lavado de dinero, mientras que otras causas al respecto que se
iniciaron mucho antes, como es el caso de la correspondiente a la filtración
de Arbizu en el 2008, que implicaba a la cúpula del grupo CLARIN, y otros
súper empresas y empresarios, hasta la fecha duermen el sueño no de los
justos, sino de una justicia corrupta y sesgada.
En consecuencia, se trataría de una autoamnistía,
dictada a favor de los empresarios y empresas que ayudaron ostensiblemente al
actual gobierno a encumbrarse en el poder, como es el caso notable del grupo
CLARIN, al que ahora ostensiblemente siguen apoyando. Por lo cual
correspondería declararla nula, de parecida manera a la autoamnistía que
dictó el último presidente del Proceso militar, respecto los delitos de lesa
humanidad.
Que en este caso, con la enorme fuga de capitales
que soportó Argentina con severos daños para su economía, que equivaldría a
un año de su PBI, se trataría de lesa economía. No obstante con esta amnistía
de índole súper secreta, con al que se pretende a toda costa resguardar el
supuesto buen nombre y honor de quienes se comportaron canallescamente con el
país, ni siquiera existirá una condena social, como para que ello no vuelva a
suceder.
Además su supuesta urgencia para sancionarla
perentoriamente a favor de los empresarios del poder, está basada en la
falsedad de que a principios del año que viene comenzarían los intercambios
fiscales automáticos entre países. Cuando ellos recién comenzarán en
septiembre y solo entre 50 países, entre los que faltan los más importantes
paraísos fiscales.
Como Panamá, Uruguay, Estados Unidos, Bahamas, a
donde sugestivamente el presidente Macri traslado depósitos que tenía en
Suiza, país que a su vez recién promete ingresar en septiembre del 2018, y
tantos otros. Razón por la cual las cuevas fiscales seguirán existiendo por
largo tiempo. Patentizando así esta falsedad, que la urgente amnistía está
dirigida en realidad a favor de los súper ricos, poderosos, y famosos,
atrapados con las manos en la masa con las filtraciones de Arbizu, Falciani,
y Panama Papers.
A este coctel legislativo, de diversos asuntos
empernados astutamente entre sí a favor de súper ricos y poderosos, el
senador Pino Solanas lo calificó de ley canalla. Aunque bien podría
denominarse de burla histórica a los jubilados, dada la enorme
desproporción que existe entre lo que la justicia dispuso a favor de ellos, y
lo que les concede la flamante ley, con quitas de más del 70 %.
Cuyos resultados concretos, como se ve en la
imagen de la portada, tienen la misma proporción que existe entre las Sierras
Chicas y la Cordillera de los ANDES. Cuya comparación con la mínima quita del
5 al 15 % hecha a los amnistiados impositivamente, y del 25 % hecha respecto
las sentencias enormemente infladas de los fondos buitres, hacen que dicha
metáfora de desigualdad quede chica.
El trámite en el Congreso
Imitando las blitzkrieg (guerras relámpagos)
legislativas, a las que apelaba Domingo Cavallo durante el menemismo y el
delarruismo, en un mes la ley pasó en forma exprés por el Congreso, para no
darle tiempo de reflexión respeto la enormidad que estaban sancionando.
Mediante tumultuosas sesiones de comisión conjuntas, sin la presentación de
ningún dato concreto, simulación de sus resultados, o cálculo actuarial de
por medio.
Y solo con toqueteos coquetos por parte de una
blonda oposición, como para mostrar que existe, aunque en la práctica no es
tal, sino solo un cooficialismo. Ante una opinión pública distraída por el
simultáneo desarrollo de la Copa América de futbol. Y desinformada y
aletargada por los escándalos de corrupción del gobierno anterior,
amplificados hasta el infinito por los grandes medios de comunicación. Con
CLARIN a la cabeza, concretando así este la risa del muerto ante el
degollado, por las cuentas parecidas que tiene ante la justicia.
Un factor decisivo para su pase rápido y exitoso
por el Congreso, fue la presión ejercida sobre los legisladores por parte de
los gobernadores de provincias. Quienes por su crónica necesidad de dinero,
incrementada ahora por la caída de la recaudación, se parecen a simios
atrapados en una jaula, dispuestos a hacer cualquier morisqueta, e incluso
obscenidad, para el que porta la bolsa, o sea el presidente de la Nación, les
tire algún maní.
Luego de haberse dejado despojar de esa bolsa,
con el DNU que dictó el flamante presidente Macri al comienzo de su gestión,
revocando la devolución del 15 % de la coparticipación concretada por el
anterior gobierno. Con este “secuestro extorsivo”, mostrándole luego la bolsa
de la coparticipación a través de los barrotes, logró que los gobernadores se
avengan a sancionar una sucesión de leyes, como la del arreglo con los
buitres. Incluyendo Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) como los de la
derogación de la ley de medios a favor del grupo CLARIN.
Hasta llegar a esta ley, con la cual
disimuladamente les devolvió a las provincias lo que antes les había secuestrado.
A través de tortuosos mecanismo que afectan directamente las disponibilidades
de la ANSES, para poder hacer frente a sus obligaciones con los jubilados. Lo
cual se contradice frontalmente con la autorización de venta de las acciones
de la ANSES, justificadas por la necesidad de fondos para afrontar el pago de
los juicios a los jubilados, que en realidad irán a parar a las provincias.
A esto seguramente se sumaron el uso de otras
yerbas avenitivas, como desde siempre se estila en la corrupta democracia
argentina, que no solo alcanza a los integrantes del Poder Ejecutivo y
Judicial. Con un Peronismo que parece haber perdido la “e” en el camino, para
convertirse en un dócil Pronismo. El que con el cuento de asegurar la
gobernabilidad, igual que sucedía con el menencavallismo y los primeros
tiempos del kirchnerismo, disimula lo que antes se denominaba contubernio. Y
parece creer que ser oposición actualmente, es hacer de filetero adornando el
carro y las leyes del gobierno, sin percatarse de su verdadero sentido, y
adonde se quiere ir con ellas.
Además el PRO – Cambiemos, cuenta con un master
en la faena de cooptar a la oposición, ya que en ocho años de gobierno
careció de mayorías en la Legislatura porteña. Pero no obstante se las
ingenió para domesticar a una oposición, que fuera del recinto legislativo
despotrica contra el gobierno macrista. Pero dentro del mismo vota sus
proyectos, igual que sucede hoy en el Congreso.
La misma estructura de la ley en cuestión revela
la existencia del engaño, en cuanto a lo que realmente se busca. El mensaje
del proyecto del Poder Ejecutivo de solo 23 páginas, con generosos márgenes
en blanco y doble interlineado, como para hacer algo de bulto, es de una
pobreza intelectual extrema. Sin acompañamiento del más mínimo cálculo
actuarial, como corresponde por la cuestión tratada. Y donde no se brinda un
solo dato mínimo sobre los resultados macro que va a brindar el programa de
reparación a los jubilados. Y menos aún la mejoría micro que estos van a
obtener.
Su elemental contenido, de índole casi escolar,
le dedica metódicamente 4 páginas a cada tema. Referidos por orden de
aparición al programa de reparación histórica a los jubilados; generalidades
respecto la cuestión jubilatoria; acuerdo con las provincias; sinceramiento
fiscal y moratoria; y cuestiones impositivas varias.
Si esta es la forma de legislar en Argentina
sobre cuestiones altamente complejas, se podría decir que estamos en el
horno. En una democracia representativa que carece de una elite dirigencial
responsable, y con algún vuelo intelectual. Y lo único que parece saber
hacer, es intercambiar entre si componendas, o denuncias, descalificaciones,
e insultos.
El articulado de la ley, deja aún más en claro
que la reparación histórica a los jubilados es solo un camuflaje. Ya que de
sus casi cien artículos, solo 11 están referidos a esa cuestión supuestamente
prioritaria. Otros 12 están referidos a generalidades de sistema jubilatoria,
4 a la coparticipación con las provincias. Y otros 6 referidos a la cuestión
de la administración del FGS de la ANSES, que parece desvelar al amigo íntimo
del presidente Mauricio Macri, Nicky Caputo. Mientras que la cuestión del
blanqueo y moratoria, que esconde una inusitada y absoluta amnistía,
contienen nada menos 42 artículos, más otros 14 referidos a temas tributarios
generales.
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