NORIEGA Y LA INVASIÓN DE PANAMÁ DE 1989
Olmedo Beluche 30/05/2017
(A propósito del fallecimiento del general Noriega,
y la necesidad de una primera evaluación histórica de su persona, reeditamos
estas notas del libro “Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá
(1980-1990)”).
El
presidente de Estados Unidos, George Bush, justificó la invasión a Panamá
sobre la base de una serie de pretextos cuya lógica es casi innecesario
rebatir. Según Bush, los objetivos de la invasión del 20 de diciembre fueron:
proteger la vida de los norteamericanos residentes en Panamá, atacar el
narcotráfico sometiendo a Noriega a la justicia y "restaurar"
el proceso democrático panameño.
El régimen militar jamás amenazó la vida y las propiedades de los
norteamericanos y los grandes capitalistas, por el contrario, protegió hasta el
final dichos intereses a costa del sacrificio de los trabajadores panameños. Hasta en el plano militar la política de las FDP fue
la de evitar la confrontación, pese a las reiteradas provocaciones del ejército
norteamericano. Es más, la inconsecuencia de la dirección norieguista llegó
al extremo de que la mayoría absoluta de la alta oficialidad, con un par de
honrosas excepciones, abandonó los cuarteles y huyó cobardemente apenas supo
que venía la invasión, dejando a la tropa librada a su suerte.
Si el problema era que el general Noriega había convertido a Panamá en el
paraíso del narcotráfico y el lavado de dinero, pues entonces hay que decir que
estas actividades han continuado con fuerza después de la invasión. Transcurridos casi cuatro años de la invasión, el diario
norteamericano Washington Post decía: "El Departamento de
Estado reconoce que, aparte del propio Estados Unidos, la nuevamente
democrática Panamá es el centro más activo de lavado de dinero cocainero del
hemisferio" (1).
A nuestro juicio, se pueden resumir en tres los objetivos reales de la
invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989: los relativos a la
estabilización de la situación política y el tipo de régimen necesario para
lograrlo; los económicos, que estaban muy relacionados con lo anterior, es
decir, la aplicación del plan fondomonetarista; y los geopolíticos, el problema
de las bases militares y su control sobre el Canal de Panamá.
Respecto
al primero y segundo objetivos, el proceso de democratización que fuera pactado
entre los militares panameños y el imperialismo norteamericano fue hecho añicos
por las luchas de los trabajadores contra los planes de ajuste estructural.
Muchas personas, al calor de las contradicciones surgidas entre la Casa
Blanca y Manuel A. Noriega, a partir de 1987, olvidan que el plan de "democratización"
fue pactado entre ambos, y que las contradicciones entre los militares
panameños y los estrategas del Departamento de Estado sólo surgieron luego de
1985, cuando las luchas populares habían afectado la estabilidad política del
régimen y a sus "ajustes".
El
plan de "reacción democrática" se desarrolló de común acuerdo
entre los militares panameños y Estados Unidos en su primera fase (1978-84), y
que en 1984 éste recibió un nuevo espaldarazo de ambos con el respaldo que
otorgan al presidente Ardito Barletta. La conjunción de intereses se
manifestó también en el apoyo que recibió el proyecto de militarización de la
Guardia Nacional (Ley 20) por parte del Pentágono. En prueba de esto
señalamos que la ayuda financiera a las fuerzas armadas panameñas por parte de
Estados Unidos saltó de 0.3 y 0.4 millones de dólares en 1980 y 1981, a 5.4 en
1982, 5.5 en 1983, 13.5 millones en 1984 (!), 10.6 en 1985, 8.2 en 1986, para
volver a caer en 1987 a 3.5 millones de dólares (2).
¿Cuándo
y por qué se inician las contradicciones entre el gobierno norteamericano y la
cúpula militar panameña? Ya hemos citado a prominentes personalidades
burguesas, como Aquilino Boyd y Arnulfo Arias, que en julio de 1985 exigían (el
primero a los militares y el segundo a Estados Unidos) cambios políticos
para romper la parálisis en que se había sumido el gobierno de Barletta
producto de las luchas populares contra el plan fondomonetarista.
Ese
año (1985) para superar la crisis, la cadena se rompió por el eslabón
más débil: los militares ofrecieron la "cabeza" (en el sentido
político) de Barletta. Inmediatamente importantes sectores de la burguesía
y la "oposición" dieron una tregua al nuevo gobierno de Eric
Delvalle en un intento por mantener a flote el proyecto de "reacción
democrática".
Pero
persistía un problema: debido al fraude electoral y a las luchas contra el plan
de ajuste el pueblo panameño no había mordido el anzuelo, y no se comía el
cuento de que vivía en un régimen democrático. Se sabía que los militares
eran el poder real, y que eso no había cambiado. El asesinato de Spadafora
había colocado dramáticamente este problema en el centro de la escena política,
aunque no olvidemos que un año antes, en el programa de COCINA ya figuraba allí
la exigencia de recortar el presupuesto de las FDP. La movilización popular
amenazaba directamente al centro del poder político, las FDP, y colocaba la
posibilidad de que una serie de luchas llevara a una debacle del régimen sin
que existieran mecanismos de recambio.
Este es el origen de las contradicciones: un sector de la burguesía
panameña, y el Departamento de Estado norteamericano, empezaron a exigir a los
militares panameños (durante 1986) que adoptaran medidas concretas que
hicieran creíble ante el pueblo que ellos se replegaban de la actividad
política cediendo el poder a los civiles, subordinándose al presidente de la
República, etc. Había que establecer un
calendario de "democratización", en el que la fecha clave
era el retiro o jubilación del General Manuel A. Noriega, quien a los ojos
de todo el mundo era el "hombre fuerte" de Panamá. Si esto no
se hacía, no había manera de darle legitimidad al gobierno y al régimen, pues
las masas panameñas no se tragarían el cuento de la "democracia".
No
olvidemos que el objetivo de la reacción democrática es el de crear un régimen
presidencialista, con un rejuego de partidos políticos en el parlamento para
que puedan canalizar el descontento popular hacia la vía electoral. De esta
manera, frente a las luchas obreras y populares se crean mecanismos de
intermediación y contención que los regímenes militares no tienen.
Mientras
que para la estrategia imperialista y la oposición burguesa se trataba de
realizar a cabalidad la institucionalización democrática, lo que implicaba no
sólo elecciones, sino la posibilidad de que la ADOC ganara, y que el mando de
las FDP fuera impersonal, llevado por funcionarios militares sometidos a un
acuerdo nacional que limitaba su intervención en aparato estatal, etc.; para el
régimen militar y sus acólitos se trataba de ejecutar una "democratización"
aparente, pero que jamás cuestionara su papel de árbitro supremo, ni su control
del aparato estatal.
La
resolución de la crisis se complicó hasta hacerse imposible un acuerdo gracias
a las particularidades históricas panameñas, en las que el problema nacional y
la presencia norteamericana determinan decisivamente los acontecimientos
políticos. De manera que, una crisis que en otro país latinoamericano
probablemente se habría resuelto en un tiempo menor, con la imposición por
parte del imperialismo norteamericano y sus aliados internos de sus designios,
en Panamá se prolongó por dos años.
Debido
al arraigado sentimiento antimperialista de importantes sectores del pueblo
panameño frente a la permanente intromisión norteamericana en nuestros asuntos,
una parte notable del movimiento obrero cesó sus luchas contra el régimen y su
plan económico conforme aumentaban las presiones norteamericanas. Es más, parte
importante de la clase obrera y las capas medias de la sociedad, apoyó
activamente a Noriega porque lo veían como la cabeza de la lucha
nacionalista de nuestro pueblo. Por supuesto, este hecho no está en
contradicción con el apoyo de masas recibido por la Cruzada Civilista,
especialmente en la clase media. Porque, aunque minoritarios con relación a los
civilistas, no se puede desconocer que también el nacionalismo levantado por el
régimen militar tuvo apoyo en miles de activistas.
Esta base social, activa o pasiva, fue la que permitió al régimen militar
panameño sobrevivir dos años de aguda crisis política, sanciones económicas y
presiones norteamericanas. A la base
social interna, hay que sumar el respaldo internacional por la causa panameña
frente al imperialismo norteamericano, la cual impidió siempre a la OEA
votar una resolución de condena al régimen panameño, sin que, por otro lado,
tuviera que condenar la intromisión extranjera.
Noriega,
sin ser un consecuente antimperialista ni nacionalista, se apoyó en estas
contradicciones reales existentes entre Panamá y Estados Unidos, para
sobrevivir convirtiéndose en vocero de la causa nacionalista panameña.
El
choque entre los dos proyectos políticos y el conjunto de la crisis se centró
durante dos años en un sólo punto: el retiro de Noriega. Conforme la crisis
política se fue agudizando este punto fue concentrando todos los problemas.
Agobiado por las presiones, el General Noriega estuvo dispuesto a ceder
el gobierno civil a Guillermo Endara a principios de 1989 (por eso las
elecciones fueron "las más limpias de la historia", hasta el día de
la elección), e inclusive después (entre junio y agosto) se propuso
un "gobierno compartido" encabezado por Endara. Lo
único que no aceptaba Noriega era que se le obligara a renunciar, menos aún si
Estados Unidos no retiraba la acusación por narcotráfico, ni que se
desmantelara la institución.
Pero
ni la ADOC ni el Departamento de Estado yanqui podían aceptar a Noriega,
pues su sola presencia indicaba una continuidad del régimen y de la crisis. A
la vez que ellos necesitaban liquidar la autonomía relativa alcanzada por los
militares panameños, para reorganizar la institución militar de acuerdo al
nuevo régimen político presidencialista que se intentaba imponer.
Estas
diferencias no eran meros matices, sino que tras ellas subyacía el problema
concreto acerca de qué fracción detentaría el poder y sus privilegios. El
triunfo de un sector eliminaba al otro. Seguramente esto es lo que quería
señalar Solís Palma cuando decía que ceder a Noriega significaba el "comienzo
del fin". Era el final de un régimen político, y de los funcionarios
civiles y militares que lo encarnaban. Más que eso, era el final del régimen
político con mayor autonomía (con respecto a Estados Unidos) de la
historia panameña, el cual logró crear también una élite de funcionarios y
tecnócratas con relativa independencia de lo que se ha dado en llamar la "sociedad
civil".
Estas
contradicciones a lo interno de la clase dominante panameña tenían que ser más
agudas cuando se estaba a las puertas de la última década del siglo, momento en
que, de acuerdo a los Tratados del Canal, Torrijos - Carter, debían
revertir valiosas instalaciones y terrenos, así como el canal mismo, a la
soberanía y economía panameñas. La fracción de la burguesía que maneje los
destinos políticos del país será, sin duda, la mayor beneficiaria de la
privatización de los "bienes revertidos", evaluados en unos
30,000 millones de dólares.
¿Quería el imperialismo norteamericano la destrucción del aparato de las
FDP por ser un ente "nacionalista", tal y como lo pintan los
defensores del ex régimen militar? Definitivamente que no. Al menos durante la mayor parte de la crisis ésta
no fue la intención del gobierno norteamericano. Además de que el
comportamiento de las FDP, hasta principios de 1987 (y aún después), no
representaba una amenaza para los intereses norteamericanos, más bien actuaban
como aliadas ¿Por qué destruir un aparato cuidadosamente construido por
el propio Comando Sur? Las declaraciones de los voceros de la Casa
Blanca y las resoluciones del Senado llegan a apelar reiteradamente a favor de
que Noriega ponga la fecha de su retiro como una medida de salvar a las FDP.
La
invasión a Panamá y la destrucción de las FDP quedó colocada por la realidad
recién a mediados de 1989, cuando la crisis panameña llegó a un punto sin
salida, y cuando ésta se conjugó con un plan del ejército norteamericano para
recuperar su prestigio e intentar superar el "síndrome de Vietnam"
realizando acciones militares directas en otros países.
Según
el periodista norteamericano Bob Woodward (3), la administración del
presidente George Bush empezó a planear seriamente la invasión en mayo
de 1989, después de la anulación de las elecciones. Pero todavía en el mes
de julio de ese año el general Frederick Woerner, jefe del Comando Sur, se
oponía a la acción armada por lo que fue suplantado por el general Maxwell
Thurman. Ya en octubre de 1989 la decisión de invadir estaba tomada, y
simplemente se afinaban los detalles. Por eso, Estados Unidos no apoyó al mayor
Moisés Giroldi y los golpistas del 3 de octubre.
¿Se oponía de tal manera el régimen militar panameño a legalizar la
permanencia de sus bases militares más allá del año 2,000, de tal manera que necesitaba
Estados Unidos invadir y destruir a las FDP? ¡Definitivamente no! Hasta 1987 la relación entre el Pentágono y el régimen
militar fue de colaboración, por lo cual, si fuera el caso, se habría podido
renegociar la permanencia de las bases militares sin que eso significara un
choque violento.
Todavía
después, en la fase más aguda de la crisis, en agosto de 1989, el propio
general Noriega dijo, "si los norteamericanos quieren las bases,
que vayan y las pidan, pero que no hagan como el hombre que quiere enamorar a
una mujer y la viola" (4). Esta declaración dice mucho del "nacionalismo"
de Noriega y su régimen.
¿Necesita
Estados Unidos renegociar la permanencia de sus bases militares en Panamá más
allá del año 2,000? Definitivamente sí. Cuando el presidente James
Carter firmó el Tratado del Canal, Estados Unidos pasaba por un momento
altamente crítico (Watergate, pérdida de la guerra de Vietnam, etc).
En una
circunstancia como esa Norteamérica accedió a ponerle una fecha final para la
presencia militar en Panamá, reservándose el derecho de intervención a
perpetuidad. Pero a medida que esa potencia se ha recuperado del "síndrome
de Vietnam", se ha replanteado el problema de su control sobre
zonas estratégicas del mundo, y Panamá es una de ellas. Por eso, el Senado y
grupos asesores en política exterior, como el llamado Grupo de Santa Fe (que
asesoró los gobiernos de Reagan y Bush), han planteado con claridad el
objetivo de obtener un nuevo acuerdo sobre las bases militares en nuestro país.
No se trataba de que las FDP tuvieran una postura recalcitrantemente
nacionalista, pero si era cierto que Estados Unidos necesitaba resolver la
crisis política panameña también para que un régimen estable, y sumiso, pueda
renegociar un acuerdo de bases. Esta fue
una situación parecida a lo que sucedía a fines de los años 60, la crisis
política se había convertido en obstáculo para la incluso renegociación del
tratado sobre el Canal de Panamá. Además, el gobierno norteamericano
debía promover una reorganización de las fuerzas armadas panameñas, tratando de
acabar con los elementos nacionalistas y torrijistas que habían crecido a lo
interno y que podrían ser reacios a una relación de sometimiento hacia el Comando
Sur. Esto se ha venido haciendo desde la invasión.
Lo que
no es cierto es la versión propagandística lanzada por los acólitos del régimen
militar, de que era completamente antagónica la existencia de las FDP y las
tropas norteamericanas. Por el contrario, el Pentágono promovió en sus
inicios el desarrollo de la Guardia Nacional, pues necesitaba de un cuerpo de
seguridad panameño que les ayude a mantener el control sobre el Canal, sin que
sus tropas tengan que intervenir constantemente.
(Agregamos ahora, en 2017: ese acuerdo de bases fue el proyecto de CMA que
intentaron bajo el gobierno del PRD de Ernesto Pérez Balladares y que fracasó
rechazado por el pueblo panameño. Pero bajo el gobierno de Mireya Moscoso en
adelante los gobiernos han firmado con Estados Unidos acuerdos de seguridad que
hacen el papel del acuerdo de bases. Como el llamado Acuerdo Salas-Bequer,
firmado en 1991, que entrega la soberanía sobre el espacio aéreo y el mar
territorial a estados Unidos con la excusa de combatir el narcotráfico).
Notas:
1.
La Prensa, 26 de septiembre de 1993.
2. Brannan J., Betty. "Desde Washington". La Prensa, 21 de octubre de 1990.
3.
La Prensa, 3 de mayo de 1991.
4.
Gaceta Económica, año 2, Nº 10. Septiembre de 1989.
Olmedo
Beluche es un sociólogo y analista político panameño, profesor de la
Universidad de Panamá y militante del Partido Alternativa Popular.
