CORREO: tras descabezar al
Procurador Balbín Macri va por la Procuradora Gils Carbó para cerrar el
caso
Tras haber expulsado al Procurador del Tesoro
Carlos Balbín, quién en la causa de Correo Argentino había confeccionado un
dictamen adverso al grupo Macri, el presidente Macri va ahora por la cabeza de
la Procuradora Alejandra Gils Carbó. A quien responsabiliza por la postura de
la fiscal de Cámaras Gabriela Boquín, que impugnó las propuestas del grupo
Macri, y requirió que en el concurso del Correo se habrá el cramdown, un paso
previo a su quiebra, haciendo reserva de llegar a la Corte con la cuestión. A partir
de allí apareció una seriada de denuncias en el diario Clarín contra Gils
Carbó, para escrachar su figura, que se transformaron en una causa judicial
contra ella, en manos de los mismos magistrados del caso Nisman, que igual que
este caso no resiste el menor análisis si existiera una justicia ecuánime.
Simultáneamente, ejecutando una maniobra de pinzas mediante un fraude judicial
paralelo, tras su procesamiento Macri se prepara para expulsarla con un simple
decreto. A la par que irrumpió en el escenario la ominosa justicia poética del
caso Santiago Maldonado, y la necesidad del cese de las operaciones mediático
judiciales.
Por Javier Llorens – 30-8-2017
En la nota ESTADO AGUANTADERO
(I): La macriavélica historia de Correo Argentino, se expuso el largo e inconcluso
proceso de Correo Argentino que ya tiene 20 años. A lo largo del cual
obstinadamente, el grupo Macri pretende lograr una “solución integral” por
parte del Estado, para salir ganancioso tras haber hecho una inversión privada
desafortunada como concesionario del correo. Estrategia típica del empresario
prebendario argentino, experto en privatizar las ganancias y socializar sus
pérdidas.
Tras fracasar en ese intento entre 1998 y el 2003
con el Poder Ejecutivo, a lo largo de 14 años lo persiguió en la Justicia. Pero
no obstante, cuando estaba a punto de lograrlo, encontró en la Justicia un duro
obstáculo con los dictámenes de la fiscal de Cámara Gabriela Boquín. Quien
rechazó las propuestas del grupo Macri por considerarlas “abusivas”, denunció
las enormes anomalías existentes en la causa y el vaciamiento de Correo
Argentino.
Boquín además requirió a la Cámara que se
pronunciara de inmediato, solicitando que de una buena vez se abriera el
cramdown o salvataje de Correo Argentino. Poniéndolo así a un paso de su
quiebra, la que peligrosamente puede hacerse extensiva a todo el grupo Macri.
Ante ese panorama el presidente Macri, logró
involucrar al Poder Legislativo en la obstinada “solución integral” que
pretende el grupo. Mediante la inusitada intervención de la AGN
(Auditoría General de la Nación) en un asunto que escapa a su competencia. La
que debía elaborar un dictamen en 120 días, plazos que se han cumplido con creces,
pero que parece estar sujeto a que primero transcurran las elecciones de
octubre.
No obstante en ese camino, como se expuso en la
nota Estado Aguantadero (II), Correo Argentino: el
nuevo Procurador designado por Macri adulteró la auditoria del cesanteado
Balbín, se
encontró con un dictamen adverso emitido por el Procurador del Tesoro Carlos
Balbín, que sostenía una postura parecida a la de Boquín. Por lo que en 48 hs
el presidente Macri lo voló de su puesto, poniendo a cargo de la procuración al
abogado del grupo Macri, Bernardo Saravia Frías.
Quién como se expone en esa nota, se encargó de
adulterar el dictamen acorde con las necesidades del grupo Macri. Cambiando extensas
consideraciones y conclusiones a las que había arribado previamente el director
de Auditorías de la Procuración Guillermo García, con la sospecha incluso de
que podría existir falsificación material del mismo.
Macri vs Gils Carbó
Respecto la Procuradora Alejandra Gils Carbó,
superior de Boquín que previamente había ocupado el mismo puesto de esta en la
Cámara de Apelaciones, de entrada, apenas asumió el gobierno, el presidente
Macri le requirió su renuncia, a la que esta se negó de plano. Ya que la aspiración
de todo administrador en Argentina, y más con el currículum que cargaba el
presidente Macri, es la de tener fiscales y jueces amigos. Desde un jefe de
comuna con su juez de paz, hasta un presidente con el jefe de los fiscales y el
presidente de la Corte Suprema. Por más que declame la independencia de la
justicia, que generalmente cuando más se menea, es porque menos se quiere.
La embestida de Macri contra Gils Carbó, pasó del
pedido de renuncia, a tratar de forzar su apartamiento del cargo por medios
legales, a mediados del año pasado. Y estuvo a punto de lograrlo con la
colaboración del massismo en el Congreso, que se dedicó a hacer masrismo
implícito y hoy lo está pagando electoralmente. Mediante un proyecto de ley que
acotaba la duración del mandato del procurador a cinco años, y la posibilidad
de removerlo sin necesidad de un juicio político.
Con el cual Macri creía poder decir “chau Gils
Carbó”. No obstante el proyecto de ley se cayó por la imprevista postura de la
voluble Elisa Carrió, que es supuestamente es el Súper Yo freudiano de
Cambiemos. Quién con un resto de pudor, dijo que en una república no se podía
legislar con nombre y apellido, ni con efectos retroactivos.
Cerrado ese camino legal a mediados del año pasado,
tras la resonante postura de la fiscal Boquín respecto Correo Argentino a
principios de este año, que el Gobierno le achacó a la Procuradora Gils Carbó
haberla impulsado, desde las sombras se puso en marcha otro mecanismo mucho más
sórdido y torvo, para tratar de expulsarla de su puesto.
Urdiendo una maniobra de pinzas, consistente por un
lado, en la apertura de una causa penal contra ella, que termine en su
procesamiento. Y por otro lado la tramitación de un proceso contencioso
administrativo fraudulento, con vistas a obtener una sentencia firme que diga
que para descabezar la Procuración, solo se necesita un simple decreto
presidencial, descartando el juicio político. Esta es la trama que se expone en
esta nota que remata la serie Estado Aguantadero (III).
La aparición de los muchachos de
la cloaca y la máquina del fango
El presidente Macri también responsabilizó a la Procuradora
Gils Carbó de la lluvia de denuncias que comenzaron a caer contra él y su
administración, acusándola de haberlas promovido personalmente a través de sus
fiscales subordinados.
Como si Macri y su elenco, y el mismo grupo Macri,
estuviera integrado por ángeles impolutos, no obstante haberse enriquecido en
medio siglo a costa del Estado, pasando a ser una de las mayores fortunas de
Argentina. Tras arribar su fundador hace medio siglo a Argentina como un pobre
inmigrante italiano, apuntando al respecto Maquiavelo que una súbita fortuna
esconde un fraude en el pasado. O muchos, si se trata de sucesivos grandes
contratos con el Estado.
Por ello, conforme declaró el mismo Macri
públicamente, necesita indispensablemente que la Procuración la ocupe un “hombre
de su confianza”. Máxime si además del caso específico de Correo Argentino,
que pone en peligro la continuidad del grupo Macri, está el escándalo
continental del caso Odebrecht, del que el grupo Macri era un socio estrecho,
con maniobras directamente conectadas con el caso de Correo Argentino. Además
de los Pánama Papers, y las macriofshores, y otras causas que ponen en peligro
enormes negocios del grupo, como el soterramiento del Sarmiento, etc, etc.
Ante ello, reiteradamente y sin el menor respeto
institucional, y evidenciando una notoria ojeriza, el presidente Macri se
refiere a Gils Carbó como si fuera un demonio maquiavélico, que se mueve
ilegalmente en las penumbras, para atacar al macrismo y defender al
kirchnerismo.
Cuando en realidad quienes se mueven en la sombra,
fabricando denuncias para desplazarla, son los muchachos de las cloacas que
trabajan para el gobierno. Que se lanzaron a escracharla y demonizarla mediante
una campaña negra de sucesivos manos de bleque, para que su expulsión sea
aceptada por la opinión pública.
Operación en la que lamentablemente desde hace mucho
tiempo es experto el grupo Clarín. Quién además mantiene una vieja cuita con
Gils Carbó, porque en el 2007 como fiscal de Cámaras en el puesto que ahora
ocupa Boquín, se opuso en solitario a la fusión de Multicanal y Cablevisión, el
más próspero negocio de Héctor Magnetto, cuando este andaba de luna de miel con
el kirchnerismo.
La voz cantante en la campaña la tuvo Nicolás
Wiñazki, quien actúa como si fuera el agente de prensa de los muchachos de las
cloacas comandados por Jaime Stiusso. Expertos en hurgar la basura de las
personas y de quienes la rodean, a los fines de poder chantajearlas con
cualquier cosa, o descalificarlas de cualquier manera. Contando para ello con
la bocina amplificadora de un multimedio como CLARIN.
Mecanismo que se ha naturalizado totalmente en esta
desgraciada democracia que hoy reina en Argentina, en la que discepolianamente “vivimos
revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos”. En la cual la
fórmula para ganar elecciones, no se basa en un programa de Gobierno, sino en
suscitar un amor pegajoso hacia el candidato propio y el odio furioso hacia el
contrincante. Como si un país pudiera prosperar intoxicado diariamente con la
división y el odio.
Gils Carbó PROpiedades
Ante la imposibilidad de cuestionarla profesionalmente,
Wiñazki cumplió con su antiperiodistica tarea de odio, con una seriada de notas
rotuladas “Gils Carbó Propiedades”, referidas a compras y alquileres de
inmuebles efectuados por la Procuración para su funcionamiento.
En la que comenzó metiendo de por medio hasta el ex
esposo de Gils Carbó, pese el público distanciamiento existente entre ambos.
Implicándola en una operación de venta de un inmueble a la Defensoría Pública
de la Nación, que nada tiene que ver con la Procuración. Concretada en el año 2009,
cuando Gils Carbó no estaba al frente de esta última, puesto al que recién
ascendió en el 2012.
De este talante traído de los pelos fue la seriada
de Wiñazki, a partir de que los muchachos de la cloacas hurgadores de basura,
encontraron una peca en el desempeño de la Procuración, en la adquisición de la
sede en la que funciona actualmente, en la calle Perón 667, con la que
concretaron una denuncia anónima ante la justicia. Que esta tomó sin reparos, a
la par que desestimaba unas denuncias contra Elisa Carrió, por no haberla
ratificado su denunciante, lo que muestra cabalmente el doble estándar con que
se maneja.
A partir de ella, llegando a extremos ridículos,
Wiñazki se despachó durante varios meses con sucesivas notas, haciendo un
notable ejercicio de lo que Humberto Eco en su libro póstumo “Número Cero”,
criticando acerbamente al periodismo, denomina la “máquina del fango”.
Consistente en agarrar cualquier detalle o minucia, para presentarla como un
hecho descalificante o criminal, y concretar así un escrache en sesión
continuada.
Presentando en este caso a la Procuraduría como si
fuera un antro dedicado a los curros inmobiliarios, como se puede ver en
los siguientes links:
El empleado de Gils
Carbó bajo sospecha tenía acceso a datos y … Clarín.com-14 abr. 201
Indagarán a
Alejandra Gils Carbó por la compra de la sede de la … Clarín.com-15 abr. 2017
Otra venta sospechosa
de un inmueble involucra al ex esposo de … Clarín.com-17 abr. 2017
Los millonarios
contratos de Gils Carbó Propiedades Clarín.com-22 abr. 2017
Más sospechas
sobre Gils Carbó: alquiló otro edificio que nunca usó Clarín.com-25 abr. 2017
Gils Carbó culpó a Macri
por el alquiler del edificio que nunca usó Clarín.com-26 abr. 2017
Otra operación
sospechosa de Gils Carbó: un alquiler sin licitación Clarín.com-1 may. 2017
Otra maniobra extraña de Gils
Carbó: la procuración alquiló un pozo Clarín.com-13 may. 2017
Dudas y sospechas por
la compra de otro edificio para Gils Carbó Clarín.com-19 jul. 2017
La seriada fue rematada con la nota Alejandra Gils Carbó
Propiedades: todas las operaciones … – Clarín.com 14-jul-2017. En la que no figura la firma de
Wiñazki, pero la cual, dejando en último lugar la cuestión relacionada con la
propiedad de Perón 667, permite poner en evidencia las falacias de Wiñazki.
Mostrando como la doctrina de la “real malicia”,
pensada ingenuamente para cubrir las posibles falencias de un periodismo
honesto en el ajetreo farragoso de su actividad, se ha convertido en la
cobertura de un seudo periodismo deshonesto. Dedicado de lleno a concretar
operaciones de prensa con objetivos inconfesables, basada en información muchas
veces retorcida obtenida de las cloacas del sistema, como se verá seguidamente.
Inmueble Tucumán 966
Se trata de la renovación en el 2015 por tres años
más, del contrato de alquiler que regía desde el 2006, con su propietario el “Fondo
Indemnizatorio y de Crédito para la Vivienda para el Personal de la Actividad
Aseguradora, Reaseguradora, de Capitalización y de Ahorro y Préstamo para la
Vivienda”.
El precio convenido avalado por el Tribunal de
Tasaciones de la Nación, fue de 625 mil pesos mensuales, a pagar
mensualmente, conforme dice la resolución (4.201/15) y el contrato anexo.
Pero Wizñaki asegura falsamente que “el total del alquiler, es de $
22.500.000 anuales, que se pagaron por adelantado”. Cuando esta suma que
figura en la resolución, corresponde a la partida presupuestaria habilitada
para el pago de los 36 meses del contrato de alquiler.
Inmueble Corrientes 1615
Wiñazky y Clarin acusaron que se trata de un
edificio de 8 pisos por el cual se pagaron 6.580.000 pesos de alquiler, entre
julio del 2015 y enero del 2016. “Pero nadie trabajó allí… el edificio nunca
se usó”.
Pero omitieron brindar la explicación que dio la
Procuración en su portal, diciendo que en junio de 2015 se sancionó la Ley de
Implementación del Código Procesal Penal de la Nación. Que estableció que la
vigencia del nuevo sistema acusatorio, poniendo la investigación a cargo de los
fiscales, comenzaría el 1 de marzo de 2016, en el ámbito de la CABA. Por ello
el alquiler del inmueble se contrató en julio de 2015, por un importe mensual
de $ 940.000. Y a partir de allí las áreas de Logística y Arquitectura de la
Procuración, desarrollaron un proyecto de reformas y adecuaciones edilicias con
miras a habilitar el local el 1 de marzo de 2016.
“Sin embargo, a través del decreto 257/2015, del 24
de diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo suspendió la entrada en vigencia de
ese ordenamiento procesal y hasta hoy no se ha definido un nuevo cronograma de
implementación”, explicó
la Procuración. Y agregó que ante esa situación por recomendación de los
órganos pertinentes, la Procuración rescindió el contrato en febrero de 2016
(Resolución 387/16).
Inmueble Perú 143
A principios de 2015, tras declararse desierta una
licitación pública al efecto por falta de oferentes, la Procuración
contrató el alquiler de una oficina en Perú 143, con TANIAUL S.A. Una
empresa perteneciente al grupo Bemberg, el mismo grupo que era dueño a través
de Arfinsa SA, del inmueble de Perón 667, comprado un año y medio antes por la
Procuración, operación que ahora es cuestionada judicialmente. El importe
convenido por el alquiler fue de $ 75.000 mensuales, $ 500 por debajo de la
tasación efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Al respecto Wiñazki señala esta coincidencia con el
grupo Bemberg, que tiene cuantiosas propiedades en el país, apuntando que fue “en
un proceso administrativo señalado dentro de la propia Procuración por sus
falencias y omisiones en su tramitación”. Sin que conste nada de esto en la
resolución aprobatoria firmada por el director Jorge Daniel Arguello
(2.187/15).
La partida presupuestaria prevista en la resolución
por los tres años de locación fue de $ 2.700.000 como consecuencia de
multiplicar 36 meses por $ 75.000. Resultado que parece llamarle la atención a
Wiñazki, como si desconociera las tablas de multiplicar. Mas la suma $ 135 mil
pesos en concepto de “honorarios por intervención inmobiliaria” de la empresa
“Colliers Badino S.A.”.
Wiñazki agrega conspirativamente que su
representante “Alejandro Badino, es socio de “Colliers Bandino S.A”. Y
también es residente de una importante empresa de “compra-venta” de propiedades
de nombre “Colliers International”. Esta compañía fue la que salió segunda en
la licitación pública gracias a la cual los Bemberg lograron que la Procuración
les comprara su mansión de Perón 667”.
Como si fuera un pajuerano, Wiñazki parece ignorar
la interconexión que existen entre empresas inmobiliarias, que muchas veces
participan varias de ellas en un mismo negocio. Igual que por ejemplo, las
diversas UTE (Unión Transitoria Empresas) que constituyeron Lázaro Báez y
Angelo Calcaterra Macri, con sus empresas Austral y IECSA, para participar en
numerosas contrataciones públicas.
Razón por lo cual, siguiendo las suspicacias de
Wiñazki, Angelo debería estar en estos momentos compartiendo celda con Lázaro.
E incluso extendiendo la sinonimia, debería preguntarse si el reciente
funcionario macrista cesanteado por el recorte de las pensiones por
incapacidad, Guillermo Badino, titular de la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales, no habría formado parte de esta conjura inmobiliaria.
Inmueble Independencia 3179 (Mar
del Plata)
Wiñazki denunció que ·la Procuración alquiló en
marzo del 2016 un edificio en Mar del Plata para trasladar allí todas las
fiscalías de esa ciudad, sin licitación pública, con carácter de
“urgente”, por tres años, con una renta mensual de 193 mil pesos. La partida presupuestaria
de la operación resultado de multiplicar esa suma por 36 meses, fue de $
6.948.000, cifra que resaltó Wiñazki como sorprendido por su
resultado.
Pero además apuntó que cuando se firmó en
septiembre de 2015 el acta de intención de locación de esos nueve pisos de
oficinas, ubicadas en la calle Independencia 3.179 “no existía edificio
alguno. En ese lugar había un pozo”. Y por eso Clarín tituló
escandalosamente su nota diciendo Otra maniobra extraña
de Gils Carbó: la procuración alquiló un pozo (13-5-17).
No obstante si uno consulta Google Maps View, este
revela que en marzo del 2014, mucho antes de esa acta intención, allí no había
un pozo, sino un edificio en construcción. Siendo esta una notable muestra de
las falsedades a las que Wiñazki y CLARIN apelan para engañar a sus audiencias.
En la siguiente imagen de Google Mpas View, se
puede ver el aspecto de ese inmueble en noviembre de 2016, donde funcionan
actualmente las fiscalías federales en La Plata.
En la resolución (113 /16) firmada por el mencionado
Argüello, se explica que la urgencia la motivó el no poder renovar el alquiler
del inmueble céntrico donde funcionaban las fiscalías, por las excesivas
pretensiones de su dueño, quien además se negaba a hacerse cargo del
mantenimiento estructural del edificio.
Por ello se encaró una “contratación directa por
Exclusividad”, por las condiciones funcionales especiales que tenía el
edificio, tras haber sido cuestionados por los fiscales otros inmuebles
seleccionados con ese fin. Y además se pactó una entrega del mismo por partes,
difiriendo la correspondiente a la planta baja y entrepiso, por estar en esos
momentos arrendados a la Heladería Grido que se ve en la imagen de Google
Views. Cuyo arrendamiento parcial fijado en $ 40.000, recién se pagaría con la entrega
de ese sector.
Compra inmueble Perón 667
cuestionada judicialmente
Llegamos así al motivo por el que el fiscal
Eduardo Taiano pidió el procesamiento de Gils Carbó, varios de sus
funcionarios, e integrantes de la inmobiliaria interviniente. Acusando a los
imputados de “fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de
autoridad, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el
ejercicio de la función pública”.
Por su parte el juez federal Julian Ercolini fijó
prestamente sus indagatorias, coronándolas con la de Gils Carbó a fines
de agosto, bajo los cargos de “abuso de autoridad y violación de los
deberes de funcionario público”. Cargos bastante más menguados que los
pesados delitos atribuidos por el fiscal Taiano.
Fiscal
Eduardo Taiano y juez federal Julián Ercolini
La sustancia de la acusación reside en que Gils
Carbó habría dejado sin efecto una licitación pública convocada en el 2012 para
la compra de un edificio auxiliar de la Procuración, para direccionar una
licitación destinada a la compra del edificio céntrico de Perón 667, declarado
de valor cultural e histórico, donde habían funcionado desde el siglo XIX las
oficinas del tradicional grupo Bemberg, para mudar allí la sede de la
Procuración,.
Sede de
la Procuración Perón 667
Hasta allí claramente que no existe delito alguno
por parte de Gils Carbó. Dado que ese accionar es una facultad discrecional de
la Procuradora en ejercicio de su cargo. Quien evidentemente pretendió
jerarquizar a la Procuración con la adquisición de ese edificio ubicado
en una peatonal en el casco de céntrico porteño, a dos cuadras de la Plaza de
Mayo, y a cuatro de la Casa Rosada.
Y en consecuencia, cumpliendo con la ley de
contabilidad que regía entonces en los trámites de compras de la Procuración
(Ley 23.354, art 56, inc 3, g) que autorizaba la adquisición de bienes “que
solo posea una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran
sustitutos convenientes”, la Procuración hizo un llamado a licitación
pública (Nº 1/13). Objetivamente encaminada a justificar la compra del inmueble
histórico de Perón 667, si no aparecía un sustituto conveniente.
Ley de
contabilidad 23.354
En consecuencia el direccionamiento de la
licitación pública hacia la compra de ese inmueble histórico, no
constituye delito alguno de abuso de autoridad, conforme ese reglamento de
contrataciones. E incluso podría haberse evitado ella, con un relevamiento de
la inexistencia de edificios de la misma categoría, conforme el inciso j) de la
misma ley que se puede leer más abajo.
Pero además de ello, la compra de ese edificio no
significó perjuicio alguno para el Estado, por lo que el cargo de fraude a
la administración pública endilgado por el fiscal Taiano, es enteramente
arbitrario y gratuito. Lo cual demuestra la animosidad con que actúa quien
supuestamente debe conducirse objetiva e imparcialmente.
La siguiente planilla comparativa en base a la cual
se decidió la compra de la propiedad, muestra que por ella se pagó un precio $
43.850.000, inferior a la tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación $
45.050.000. Y además resultó el precio más económico por metro cuadrado, $
8.254, contra las otras tres ofertas, que tenían un rango de precios desde $
9.089 hasta $ 16.635 con e incluso, en cuanto al acondicionamiento
del inmueble para que resultara funcional, la adecuación por m2 resultaba la
más económica respecto las restantes ofertas, $ 1.073 por metro cuadrado.
Siendo más del doble las correspondientes a las dos restantes ofertas que le
seguían en cuanto al precio ofertado del inmueble, estando descartada la
tercera por su mucho mayor precio.
Lo que evidentemente sucedió al respecto, que se
encargaron de averiguar los muchachos que operan en las cloacas de la sociedad,
con el objeto de encaminarlo contra Gils Carbó para volarla del puesto por
encargo del presidente Macri, fue algo lamentablemente típico en nuestra
burocracia.
Que es el cohecho, tráfico de influencias y
negociaciones incompatibles con la función pública, en la que estuvo evidentemente
inmerso el hombre de confianza de Gils Carbó, el subdirector General de
Administración, Guillermo Bellingi.
Quien conociendo el interés, e incluso podría
denominarse capricho por parte Gils Carbó de adquirir ese edificio, para
jerarquizar la sede de la Procuración, habría aprovechado esa información
confidencial para que terceros concretaran una intermediación, con la
intervención de su hermanastro Juan Carlos Thill, y la inmobiliaria creada al
efecto, Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios.
Quienes se las ingeniaron para sacar una buena
tajada en la venta de un edificio, que por sus características resultaba muy
difícil de encontrar compradores. Por su uso restringido a actividades
institucionales muy específicas, y estar acotada la posibilidad de efectuar
intervenciones en el mismo, al haber sido catalogado de valor histórico
cultural por el gobierno de la CABA (Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 Nivel
Protección C)
Por esa razón Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios,
logró firmar con Arfinsa SA del grupo Bemberg, un contrato como agente
inmobiliario, con una comisión variable ascendente, dependiente del monto de
venta. De un 5 % si se realizaba a un precio de cinco millones de dólares, un
10 % si superaba los siete millones ídem, y un 15 % si era mayor de nueve
millones ídem. Más un 3,5 % adicional si el cobro se concretaba integro antes
de los 6 meses, y una suma fija de $ 500.000 por la preparación de la oferta
para la licitación de la Procuración.
Así trabajando a dos puntas Jaureguiberry Asesores
Inmobiliarios cobró una comisión de $ 7.706.399, equivalente al 17 % del valor
pagado por la Procuración. Quien a su vez pagó a Thill, el medio hermano de
Bellingi, la suma de $ 3.019.054, todo ello respaldado con sus respectivos
convenios y cheques de pagos.
Una investigación objetiva y seria por parte de la
justicia, habría actuado exclusivamente contra Bellingi, Thill, y
Jaureguiberry. Salvo que se encontrara algún indicio de que parte de esa
exacción ilegal cometida por estos, habría ido a parar a manos de Gils Carbó, o
alguien de su entorno familiar.
Existiendo en tal sentido según trascendidos, tranquilidad
en la Procuración, consistente en el hecho de que tanto Bellinghi y Thill
tendrían comprobantes de las compras concretadas con esos dineros, que
acreditarían el destino de esos fondos malhabidos mediante el tráfico de
información reservada. Cuya gratuita extensión de responsabilidad hacia Gils
Carbó, muestra la verdadera intención que mueve a Taiano y Ercolini.
Lo cual es lo mismo que endilgarle al presidente
Macri, las abultadas compras de dólar futuro que hicieron entre la
primera y la segunda vuelta electoral del 2015 algunos de sus actuales
altos funcionarios, conociendo las intenciones de devaluar de este, pese lo que
afirmaba públicamente. Con las que obtuvieron enormes ganancias, mucho más
notables que la percibida por los picaros señores Bellingi, Thill, y
Jaureguiberry.
O algo parecido a endilgarle a la ministra de
Seguridad Patricia Bullrich, e incluso al presidente Macri, la desaparición
forzada de Santiago Maldonado, si se comprueba que fue la Gendarmeria
responsable de ello. Que en esos momentos estaba bajo la supervisión de su
segundo en el ministerio, Pablo Noceti. Pero es claro que el blanco móvil
señalado por el presidente Macri, no son esos pícaros intermediarios, sino la
molesta procuradora Gils Carbó.
La maniobra de pinzas para volar
a Gils Carbó
El intento de procesamiento penal de Gils Carbó,
viene complementado con otra jugada paralela en la justicia, que configuraría
lo que se conoce como un fraude judicial. Consistente en simular una litis o
controversia entre dos contendientes, que están secretamente de acuerdo entre
sí, para obtener una sentencia judicial con carácter de cosa juzgada,
conveniente a sus intereses.
Que en este caso sería la declaración de
inconstitucionalidad de la necesidad de juicio político para poder remover a la
procuradora Gils Carbó de su cargo. Tal como lo estableció la Ley Orgánica del
Ministerio Público en el año 1998 (24.946 modificada por ley 27.148).
De tal manera, contando por un lado con el
procesamiento de Gils Carbó, que seguramente contra viento y marea dictara el
juez Ercolini a instancias del fiscal Taiano. Y contando por otro lado con un
fallo judicial firme, que diga que su remoción solo mediante un juicio político
es inconstitucional, Macri expeditivamente con un simple decreto le cortará la
cabeza a Gils Carbó, para tranquilidad de su grupo empresario familiar, y en
relación a otras causas por corrupción que acechan a su gobierno.
La causa fue iniciada por el Colegio de Abogados de
la calle Montevideo, y la ONG Será Justicia, integradas por conspicuos
afiliados y simpatizantes de Cambiemos, notorios por su furia anti
kirchnerista. Con notables apellidos adscriptos al conservadurismo, como el de
Pedro Eugenio Aramburu (hijo). Las que promovieron una demanda contra el Poder
Ejecutivo para que se declare la inconstitucionalidad del artículo la ley (art
76) que establece el juicio político para remover al Procurador.
El planteo fue compartido por el Ministerio de
Justicia, que mostrando la complicidad, se allanó enteramente a la demanda,
reconociendo que los demandantes tenían razón, adhiriéndose en consecuencia al
pedido de declaración de inconstitucionalidad. Aduciendo que compartía esa postura,
entre otras cosas, por haber presentado el fracasado proyecto de ley el año
anterior, que anulaba esa disposición. Pero este al no ser convertido en ley
por el Congreso, solo es una opinión por parte del Ejecutivo, quién por
principio tiene que defender la constitucionalidad de las leyes dictadas por el
Congreso.
De esta manera el fraude procesal con la
intervención del juez federal en lo contencioso administrativo Ernesto
Marinelli, estaba por consumarse. Pero se vio obstaculizado al pedir la
Procuración ser parte en la causa como institución. Lo que el juez Marinelli
denegó, alegando que carecía “de un interés jurídico propio y tutelable”, y
solo admitió que Gils Carbó interviniera en forma particular, como “tercera
interesada”.
No obstante seguidamente se presentó en la causa el
secretario letrado de la procuración, Carlos Salerno, y reclamó que se habilite
a la Procuración como parte. Insinuando que al coincidir el Ejecutivo enteramente
con el planteo de los demandantes, la supuesta litis era un fraude. Y
recalcando que si se modifica el mecanismo para sacar al titular del Ministerio
Público, no sólo quedarán debilitados quienes ocupen ese cargo en el futuro,
sino todos los actuales fiscales. Socavando así la garantía de independencia
del Ministerio Público Fiscal, al dejarlo a este a merced del Poder Ejecutivo
de turno.
La pelota quedó ahora en manos del juez Marinelli,
que con su fallo puede darle al Poder Ejecutivo la facultad para embestir
contra Gils Carbó, que le negó el Congreso. Cuya excusa seguramente se las
brindara la dupla Taino y Ercolini, con el procesamiento de Gils Carbó por un
delito que a la luz de las pruebas existente no ha cometido.
¿Quienes son Tainao y Ercolini
los juzgadores de Gils Carbó?
Una semblanza de estos magistrados, la aporta el
sobreseimiento que velozmente dictó el juez Ercolini sin mayores fundamentos en
el 2007, en la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Puesto al que
Ercolini había llegado en el 2004, a la par que su padrino Esteban Rigui juraba
como Procurador General -el mismo puesto que ocupa hoy Gils Carbo- siendo
además el defensor en la mencionada causa contra los Kirchner el Estudio Rigui.
Ese fallo irritó quedó firme como cosa juzgada,
porque el fiscal Taino no apeló. Habiendo sido secuestrado su hijo en edad
escolar durante algunas horas, el último día que tenía para hacerlo.
Intimidación explícita que solo pudo haber sido hecha con total impunidad por
los muchachos de la SI de Jaime Stiusso. Y ahí Taiano habría entendido las
reglas del juego, y pasado a integrar las filas que la escudería Stiusso tiene
en la justicia.
Personaje que con esos métodos, desde las cloacas
de la sociedad, manejaba sórdidamente la justicia federal, en defensa del
gobierno de los Kirchner. Pero tras la ruptura que se produjo en el 2012 entre
el zar de las cloacas Stiusso y los Kirchner, con motivo del Memorandum con
Irán, esa misma escudería se convirtió en una feroz atacante del gobierno de
los Kirchner y su zaga. Con los jueces Claudio Bonadio y Ercolini a la cabeza,
y los fiscales Taino, Gerardo Pollicita, Guillermo Marijuan, y Germán Moldes en
el mismo papel.
Cuyos ataques los profundizaron
extraordinariamente, tras el abandono del poder por parte de la presidenta
Fernández de Kirchner, y la llegada del presidente Macri. Encargándose además
el duo Taino Ercolini, de absolver enteramente a los notables editores
imputados en la causa de Papel Prensa, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre,
después de haber demorado enormemente esta causa. Apelando a ridículos
argumentos, que nada tienen que ver con el negro contexto de esos hechos,
perpetrados en plena dictadura militar, con la que esta compró definitivamente
la complicidad mediática de los tres grandes diarios de entonces, Clarín, La
Nación, y La Razón.
El caso Nisman en manos de Taiano
y Ercolini
Casualmente, por efecto de los misteriosos sorteos
cibérneticos de la justicia federal, la causa por la muerte de Nisman, que tras
el testimonio de Stiusso pasó a este fuero, recayó en estos muchachos de la
escudería Stiusso. Quienes trataron de entorpecer al máximo la labor de la
defensa del imputado Diego Lagormarsino, llegando a negarles la actuación de
sus peritos en la junta criminalística que se está realizando, a la par de que
Clarín anunciaba aun antes de que comenzara su tarea, que habían concluido que
se trataba de un homicidio.
Quienes además al servicio de la política y no de
la verdad, hace meses que le dan vuelta y vuelta a la causa, tratando de
encontrar aunque sea un mínimo e insignificante indicio, que aliente la
conjetura de la existencia de un homicidio. Y por esre motivo, tratando de
demorar las negativas conclusiones en torno la existencia de un asesinato para
después de las elecciones, y manteniendo mientras tanto las sospechas en torno
el mismo, han ordenado la reproducción en escala natural del baño en que se
quitó la vida el fiscal Nisman.
Como si esto pudiera aportar algún elemento en lo
que claramente se trata de un suicidio, ejecutado por Nisman sosteniendo
el arma con sus dos manos. Que dejó como secuela un espasmo cadavérico en el
dedo índice de la mano derecha que empuñaba el arma, y una “mordedura de
corredera” en el dedo índice de su mano izquierda, que asistía a la derecha.
Tal como lo acreditan las manchas de sangre en las manos del fiscal, y su
proyección en el ambiente. Lo cual a su vez explica la ausencia de rastros
fehacientes de explosivos en sus manos, y el lugar a donde fue a parar la
pistola, al lado de su hombro izquierdo.
Habiendo motivado su suicidio la falsa denuncia a
la que lo indujo efectuar el zar de las cloacas Stiusso. Haciendo pasar a un
subordinado suyo, Ramon “Allán” Bogado, como simpatizante de Irán, y
dependiente directo de la Presidencia de la Nación. Precipitando además la
concreción de esta, con la falsa información de que la Procuradora Gils Carbó
lo estaba por remover de la fiscalía, en una jugada típica de los servicios de
inteligencia modernos.
No obstante, para poder mantener la conjetura de la
existencia de un homicidio, que requiere de una causa para ello, a la labor de
Tainao y Ercolini se sumarón los fiscales Pollicita y Moldes, quienes se
empeñaron en reflotar la denuncia de Nisman. Archivada correctamente por la
justicia, al haberse caído el supuesto eje esencial de ella, consistente
en que Bogado era un agente de la Presidencia, y no de Stiusso.
Y en consecuencia, lejos de los hechos que había
denunciado Nisman, para tratar de seguir sosteniéndola, a la par que Taiano y
Ercolini sostienen la conjetura del asesinato del denunciante, Pollicita y
Bonadio salieron a la pesca de cualquier prueba. Por fútil e innisignificativa
que sea, igual que lo hacen Taiano y Ercolini.
Las que inmediatamente llegan a manos de los
agentes de prensa de Stiusso, Wiñazki y Daniel Santoro, para conmover al gran
público pese que ellas no digan nada. En una perfecta combinación entre
el zar de las cloacas Stiusso, y el zar de la comunicación Héctor Magnetto.
Como la existencia de ketamina para adormecerlo a
Nisman, cuando cualquier experto en toxicología sabe que esa droga se dejó de
usar como anestésico humano, porque con sus secuelas de alucinaciones tornaba
incontrolables a los pacientes. Y en consecuencia ningún sicario, como el que
se atribuye al caso Nisman, la emplearía. Y seguramente la existencia de ella
proviene de que Nisman era un público y notorio cultor de la noche y sus
condimentos.
O como el supuesto testimonio que brindó el ex
embajador en Siria Roberto Ahuad, asegurando que en el 2011 el canciller Héctor
Timerman se habría reunido en Alepo con el canciller iraní. No obstante que
Ahuad reiteró públicamente que ello no le constaba en absoluto, y solo escucho
rumores. Y además si esa reunión secreta hubiera existido, es propia de la
actividad diplomática, y no acredita ni es indicio de un delito de
encubrimiento, ya que se dieron otras reuniones secretas posteriores.
Y menos de traición a la patria, como pretenden
achacarle escandalosamente Pollicita y Bonadio a Fernández de Kirchner y
Timerman, lo que como máximo sería una falta de tino y grave error político.
Guardando las proporciones, parecido al cometido por Gils Carbó al depositar su
confianza en el pícaro Bellingi. Siendo no obstante esta la calaña de la
justicia federal, ante la que se enfrenta Gils Carbó, por no renunciar conforme
las necesidades de Cambiemos y el grupo Macri.
Justicia poética
La falsa denuncia de Nisman, y su inmediata muerte
posterior en el 2015, magnificada políticamente hasta la náusea por Cambiemos,
y sectores de la justicia y la prensa afines a esta alianza, fue un
contribuyente decisivo para el triunfo de Cambiemos en las elecciones de ese
año.
Y ahora como si se tratara de una justicia poética,
la desaparición de Santiago Maldonado tras un procedimiento de las fuerzas de
la Gendarmería, ha consagrado una situación exactamente inversa.
Ante la cual, los mismos que meneaban y menean
horriblemente el cadáver de Nisman como un argumento electoral, para calificar
a su adversario de criminal, sin que exista el menor indicio de esto,
escrachando la honesta labor de la fiscal Viviana Fein con cualquier argumento,
por rastrero que sea, son los que hoy reclaman que el caso Maldonado no se
politice, y se deje actuar tranquilamente a la Justicia.
Exigiendo conductas serias y prudentes a la
oposición, que ellos ni la justicia tuvieron ni tienen en el caso Nisman y su
denuncia, sino todo lo contrario, recibiendo ahora irónicamente su misma
medicina. Pagando así poéticamente a costa de la tragedia de Maldonado, el
olvido de la máxima de la civilización judeo cristiana, no hagas a otro lo que
no quieres para ti.
Resulta indudable que en la desaparición de
Maldonado no tiene nada que ver la cúpula del Gobierno. Y que este nada que
tiene que ver con la última dictadura, aunque si puede ser consecuencia del
énfasis que puso en lo represivo.
Pero notablemente quienes despliegan una conducta
exactamente igual a la que desplegaron durante la dictadura, son los grandes
diarios La Nación, y especialmente Clarín. Quienes a la par de desplegar un
oficialismo obsecuente como en esa época, brindan actualmente a sus audiencias
parecidas explicaciones respecto los desaparecidos que brindaban antaño.
Enfatizando falsas pistas y denigrando a las víctimas, a la par que se negaban
a publicar las solicitadas que daban cuenta de ellos.
Cuando en este caso existen evidencias de la
responsabilidad de la Gendarmería, en la misma proporción que no existe ninguna
evidencia del asesinato de Nisman, y su denuncia de encubrimiento de
terroristas por parte del anterior gobierno. Que esos mismos medios sin prueba
alguna, salieron a instalar desaforadamente en sus audiencias, conforme las
necesidades de sus negocios y sus adhesiones políticas.
En lugar de profundizar la grieta, la desgracia del
joven idealista Maldonado debería dejarnos la lección a los argentinos, que con
ciertas cosas no se juega. Más allá de los consejos del extranjero Durán
Barba, que confunde una elección con una guerra, que se gana generando odios y
apelando a cualquier treta, y mediante el uso de espías.
Y que con la justicia tampoco se juega, ya que
debería ser un campo enteramente neutral, y no una forma de perseguir y
escrachar a los adversarios. O de armar y fraguar causas como las relacionadas
con Gils Carbó, para volarla de su puesto, con jueces como Ercolini y Bonadio
al servicio del zar de las cloacas Stiusso.
Quienes sin que existan sentencias firmes, como
verdugos se encargan de hasta indisponer de sus bienes a los líderes adversarios,
para acosarlos y tratar de asfixiarlos económicamente, como en los tiempos de
las peores dictaduras.
Ojalá que la tragedia de Santiago Maldonado se
convierta en una prenda de paz para los argentinos, y no en otra manzana de
discordia de las muchas que hay. Hoy se habla mucho de la necesidad de un pacto
de Moncloa para sacar al país adelante, y el primer pacto para pacificar los
espíritus, debería ser que con los muertos, los desaparecidos, y la Justicia
no se juega. Y también debería ser lo mismo con la comunicación y la
información, para que exista una democracia genuina, pero eso es otra historia.
Estado aguantadero
Recientemente con motivo de la crisis en la
provincia de Santa Cruz, el presidente Macri dijo que “el Estado no debe ser
un aguantadero de la política… la política transformó el Estado en un
aguantadero… tenemos que entender que el Estado no es de los que nos toca
gobernar, el Estado es de los ciudadanos y para eso tenemos que trabajar
seriamente en abrir la información. Y poner en marcha mecanismos de
transparencia porque producto de la corrupción que sufrimos por años muchos
se han enriquecido pero muchos otros no tienen agua potable ni cloacas“.
No obstante conforme lo expuesto previamente en
esta seriada de notas, el Estado se ha transformado en un aguantadero. Pero no
de la política, sino del grupo Macri, que ahora incluso incursionó en la
política en su más alto nivel, en defensa de sus intereses. Como en las épocas
más rancia del conservadurismo o la oligarquía, en las que el Estado era el
instrumento de la clase dominante, ubicando a sus personajes en los lugares
claves de la administración del Estado, y expulsando a todo aquel que se
manifestara renuente a cumplir con sus designios.-
Sobre el Autor
Investigador
en temas económicos y jurídicos | Asesor de la Comisión de Investigaciones del
Senado de la Nación | Asesor Legislativo | Co-autor del libro: «La Argentina
Robada»
