INTA
prohíbe a sus profesionales utilizar el término “agrotóxico”
También prohíbe el uso del “nombre o logo de
agrupaciones políticas o partidarias”. Quien indica las “abstenciones
irrestrictas” sería el director del Centro Regional Buenos Aires Norte Hernán
Trebino.
Jueves 18 de mayo | 12:42
“No existe razón de Estado ni intereses económicos
de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de salud
pública”. Andrés
Carrasco.
Luego del reciente escándalo del SENASA en el que,
tras liberar por orden judicial algunos expedientes, se detallan operativos en
los que se constató que en el Mercado Central porteño, y sus pares de Mar del
Plata y La Plata, el 60 % de las frutas y verduras están contaminadas con
agrotóxicos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha dado la
orden a sus profesionales de “abstenerse irrestrictamente” a utilizar el
término “agrotóxico” en sus materiales.
A través de una polémica notificación que se filtró
por redes sociales, el director del Centro Regional Buenos Aires Norte, Hernán
Trebino, le señaló a sus “estimados directores” que “en las comunicaciones de
los profesionales, así como en los materiales impresos, virtuales, o en
cualquier otro tipo de comunicación institucional correspondiente al INTA o a
alguna de sus unidades, Programas, Proyectos, o instrumentos de intervención, cualquiera
sea su categoría, deberá practicarse una abstención irrestricta del empleo del
término “agrotóxico”, ya que su empleo implica una posición valorativa negativa
que presupone un uso inadecuado o inapropiado de una alternativa tecnológica
que bien empleada no debería constituirse en riesgo para la salud humana o
ambiental. Se debe emplear “productos fitosanitarios” o “agroquímicos” en vez
de “agrotóxicos” o cualquier otra referencia que implique un posicionamiento
sobre estos productos que no se corresponde con decisión institucional alguna”.
En la misma notificación, y apelando a un espíritu macartista en sintonía con
la anterior “directiva”, Trebino también prohíbe el uso de “el nombre o logo de
agrupaciones políticas o partidarias”.
Sin embargo, el repudio no se hizo esperar. Una
serie de organizaciones agrupadas en la Multisectorial contra la Ley Monsanto
de semillas y en la Multisectorial contra el Agronegocio “La 41” salieron al
cruce solidarizándose “con los trabajadores de organismos de investigación y
extensión (como el INTA y el Conicet) que vienen dando batallas desde abajo
para poder generar un conocimiento en favor de los intereses de la sociedad en
su conjunto, comprometidos con la realidad de los sectores trabajadores, que ven
constantemente asediada su tarea cotidiana de investigación”.
Según señalaron en un comunicado “estas directivas
no pueden ser consideradas meras resoluciones burocráticas propias del
Instituto. Desde hace más de 30 años vemos cómo el INTA ha participado
activamente en la implementación y consolidación del modelo del agronegocio que
se ha expandido en Argentina sobre la base del uso del paquete biotecnológico”,
cuyas consecuencias “se vuelven inescrutables”, dicen.
Los detractores de los agrotóxicos señalan que no
son pocos los estudios que evidencian los efectos que estos tóxicos tienen
sobre nuestra salud. Investigaciones realizadas por académicos de la
Universidad de Río Cuarto, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata, la
Facultad de Medicina y Exactas de la Universidad de Buenos Aires, e incluso por
investigadores de Conicet han venido mostrando en los últimos 10 años que la
exposición a la que hemos sido sometidos, de manera directa o indirecta, es hoy
la responsable de los aumentos en las alergias de piel, problemas respiratorios
o gastrointestinales, enfermedades reproductivas, abortos mal llamados
espontáneos y malformaciones congénitas, problemas endócrinos como
hipotiroidismo, trastornos del desarrollo neurológico y tasas de cáncer que se
disparan triplicando las incidencias, prevalencias y mortalidad por
enfermedades oncológicas.
“En estos últimos años, algunos investigadores del
INTA han comenzado a relacionar las consecuencias que estos tóxicos tienen en
las poblaciones animales, vegetales y otros factores ecosistémicos, como el
suelo y el agua. Además, han hecho públicas las serias consecuencias que el
modelo del agronegocio ha generado con la expansión de la frontera
agropecuaria, la ausencia de rotación de cultivos, la eliminación de bosques y
humedales para la producción y el uso sistemático de esos tóxicos, como por
ejemplo, las constantes inundaciones a las que hemos estado expuestos”,
indicaron.
Así, el pedido de no hablar de “agrotóxicos” es una
necesidad de continuar negando el hecho de que “el uso de estos productos es
una práctica sistemática que requiere este modelo para la propia subsistencia
de las ganancias y no un mero problema de ‘malas prácticas’. La valoración
negativa a la que hacen referencia es una realidad que vivimos todas aquellas
personas que habitamos en el campo y en las regiones suburbanas, y que somos constantemente
rociados y rociadas con estos productos, enfermando cotidianamente”.
Con respecto a la prohibición del INTA de que sus
profesionales utilicen “el nombre o logo de agrupaciones políticas o
partidarias”, el organismo se manejaría con un doble estándar ya que mientras
da una “directiva”, a su vez “impulsa fuertes alianzas con redes del
agronegocio, como la Red BPA, que conglomera a las principales cámaras
empresariales del agro como CASAFE, ACSoja, Bolsa de Cereales, Casem, Cámara
Argentina de Biocombustibles, y organismos promotores como Aapresid y CREA, y
genera jornadas de capacitación conjunta como la Jornada de Malezas, organizada
en abril de este año, en Pergamino”.
“El uso de eufemismos sólo busca tapar aquello que
hoy es moneda corriente”, critican: “El uso masivo de venenos en la producción
agraria está generando un genocidio silencioso del que nadie quiere hacerse
responsable”.